Ministra del Mides saca a directora de Senniaf de la reunión extraordinaria por denuncias en CAI de Tocumen

La reunión, que buscaba establecer responsabilidades y medidas de protección para los menores afectados, terminó en una ruptura abrupta entre ambas carteras

La crisis tras las denuncias de abusos en el Centro de Atención Integral (CAI), ubicado en Tocumen ha escalado a un conflicto administrativo de alto nivel.

Fuentes cercanas a la institución confirmaron a La Estrella de Panamá que durante la reunión extraordinaria convocada para abordar el caso, la ministra de Desarrollo Social (Mides), Beatriz Carles, ordenó la salida de la sala a la directora de la Senniaf, Ana Melinda Fábrega Guardia, y de todo su equipo de trabajo.

La reunión, que buscaba establecer responsabilidades y medidas de protección para los menores afectados, terminó en una ruptura abrupta entre ambas carteras.

Hasta el momento, ninguna de las dos instituciones ha emitido un comunicado oficial explicando las razones del altercado o si esto afectará el curso de las investigaciones judiciales en curso.

La Senniaf y el Mides convocaron para este lunes una reunión extraordinaria por el caso del CAI, ubicado en Tocumen.

“El MIDES advierte que la protección del interés superior de la niñez y la adolescencia es y seguirá siendo prioridad absoluta del Estado y que, ante cualquier indicio de irregularidad que ponga en riesgo la integridad o seguridad de los menores, colaborará total y transparentemente con las autoridades competentes”, indicó la entidad.

La junta directiva de la Senniaf está conformada, además, por los ministros de Economía y Finanzas, Salud, Educación y Trabajo, así como por el contralor general de la República y dos representantes de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia.

El caso salió a la luz luego que la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, hiciera una inspección realizada en el CAI de Tocumen, donde se detectaron diversas irregularidades, entre ellas el deterioro de la infraestructura, la falta de personal idóneo y la convivencia de niños, niñas y adultos en un mismo espacio, sin cumplir con los estándares adecuados de protección.

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