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- 18/09/2014 02:00
Después de tres años en remojo, el debate sobre la educación sexual y reproductiva ha vuelto a la agenda nacional. Pero lo ha hecho sin posiciones sorprendentes: por un lado, organizaciones civiles insisten en la necesidad de aprobar la norma, y por el otro, funcionarios del gobierno pujan por frenarla.
La jefa de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Idalia Martínez, advirtió ayer que el proyecto de ley 61 (similar a uno presentado en 2011), aprobado en primer debate tiene ‘grandes debilidades’. ‘Si me pones a escoger, prefiero darle a un niño un libro o una Biblia antes que un condón’.
Su planteamiento, insistió, es personal y no representa al gobierno de Juan Carlos Varela, considerado conservador y cercano a dogmas religiosos. De hecho, en una reciente entrevista con el diario español El País , el presidente aseguró que su administración no permitiría la aprobación de leyes que legalicen el aborto ni los matrimonios entre homosexuales.
Martínez sostiene que la Asamblea no consultó con su entidad, y que ‘no permitirá que en los colegios se impartan clases de cómo concebir hijos’.
‘La educación sexual previene embarazos, abortos y enfermedades, mediante información científica respecto de los riesgos y consecuencias’, rebate una petición en el portal www.avaaz.org , respaldada hasta ayer por 800 cibernautas, y que busca apoyo al proyecto. La meta es 1,200.
En su exposición de motivos, el diputado Crispiano Adames sostiene que una ley de educación sexual y reproductiva ayudaría a reducir la incidencia del sida en los jóvenes (es la tercera causa de muerte entre personas de 15 y 24 años).
También consideró ‘alarmante’ el hecho de que, hasta abril de 2014, el 31% de las mujeres que parieron tenía entre 10 y 19 años. ‘Es la más alta comparada con 2011, 2012 y 2013’, advierte el documento. Los argumentos no convencieron a Martínez, quien envió ayer sus objeciones al Legislativo.