Tercer bloque de ley de la Carrera Administrativa genera choques por derechos laborales

La subcomisión de trabajo de la Asamblea Nacional encargada del análisis del tercer bloque de reformas a la Ley de Carrera Administrativa entró en una fase de debate técnico y jurídico, luego de que varios artículos generaran preocupaciones por posibles afectaciones a derechos laborales y constitucionales de los servidores públicos.

Durante la discusión, se advirtió que algunas disposiciones podrían provocar despidos automáticos, discriminación y pérdida de derechos adquiridos, si no se ajustan adecuadamente.

Uno de los puntos más cuestionados es la norma que impediría a un servidor público, incluso a aquellos electos por voto popular, abandonar su puesto una vez vencida una licencia, aunque ya esté ejerciendo un nuevo cargo y no haya llegado aún su reemplazo.

Según lo expuesto en la subcomisión, el texto actual establece que si el funcionario no regresa al día siguiente, podría ser despedido de forma automática, lo que obligaría a armonizar la figura de las licencias con la realidad administrativa del Estado.

“La norma dice que si tú no vuelves al día siguiente, te despido. Entonces, tendríamos que armonizar ese concepto”, se planteó durante el debate.

Otro de los artículos que despertó alarma fue el relacionado con la licencia de maternidad, el cual otorga únicamente a médicos del sistema público la facultad de diagnosticar y certificar el embarazo.

Los participantes señalaron que esta redacción discrimina a los médicos del sector privado y podría afectar directamente a las mujeres y futuras madres, pese a que el objetivo declarado sería evitar fraudes en la certificación de embarazos.

“No se puede desconocer a los médicos privados que tienen la misma formación”, se advirtió.

La subcomisión también analizó una norma que reconoce el derecho del servidor público a tiempo compensatorio, estableciendo que la entidad tiene hasta seis meses para otorgarlo. Sin embargo, el texto añade que, si no se hace uso de ese tiempo dentro de ese periodo, el derecho se extingue, lo que implicaría que no se reconozca ni en tiempo ni en salario.

Este punto fue señalado como una posible violación de convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), específicamente los convenios 29 y 105, que prohíben el trabajo forzoso.

“Eso significa que el servidor estaría obligado a trabajar sin que se le reconozca ni el tiempo ni el salario, lo cual es incompatible con los estándares internacionales”, se advirtió.

Los miembros de la subcomisión coincidieron en que el tercer bloque de reformas debe ser ajustado para evitar contradicciones legales, violaciones a derechos laborales y conflictos constitucionales, antes de avanzar en su aprobación.