UNICEF: Panamá tiene leyes para proteger a la niñez, pero falta inversión suficiente para cumplirlas

Los números hablan y la niñez necesita más. Uno de cada cuatro niños en Panamá es afrodescendiente; dos de cada diez niños afrodescendientes viven en pobreza y uno de cada diez en pobreza extrema, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Banco Mundial (2025).

El Informe sobre la Situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) Afrodescendientes en Panamá, publicado por la Defensoría del Pueblo con el apoyo de Unicef, revela profundas desigualdades, incluso en el acceso a derechos básicos, marcadas por condiciones de pobreza extrema y discriminación étnica.

Las cifras indican que aproximadamente 12,000 niños, niñas y adolescentes afrodescendientes se encuentran fuera del sistema escolar, una proporción similar al promedio nacional en situación de pobreza monetaria. Sin embargo, el análisis cualitativo saca a la luz realidades que los enfoques oficiales y tradicionales suelen ocultar. Muchos NNA afrodescendientes que sí acceden a la educación enfrentan trato desigual o discriminación por su etnia. “Una experiencia de exclusión, de discriminación; por ejemplo, que su cultura afrodescendiente no es necesariamente tomada en consideración en muchos de los servicios a los que acuden”, explicó la vocera de Unicef en Panamá, Anilena Mejía, en entrevista con La Estrella de Panamá.

La niñez afrodescendiente suele enfrentar vulneraciones más agudas asociadas a su color de piel o herencia cultural, basadas en prejuicios que derivan en estigmatización o criminalización. “Los NNA señalan que las distintas formas de violencia que experimentan están mediadas por el racismo y la discriminación, lo que provoca que sean tratados de manera diferente por su color de piel e identidad, situación que los margina y les bloquea el acceso a derechos”, señala el informe defensorial.

La vocera del organismo internacional explicó que, aunque Panamá ha registrado avances significativos en los últimos años en materia de derechos de la niñez y la adolescencia, persisten brechas profundas. Este informe, presentado a inicios de diciembre, constituye una herramienta para informar a los tomadores de decisiones y orientar la formulación o el cumplimiento de políticas públicas dirigidas a la infancia. En particular, las cifras de pobreza extrema permanecen prácticamente estancadas desde 2021. “Hay que dar un empuje a través de programas, servicios y políticas, porque pobreza extrema significa que ni siquiera tienen para comer”, acotó Mejía.

No obstante, el documento resalta un hallazgo aún más contundente: la violencia y la discriminación hacia la niñez afrodescendiente no se originan únicamente en la sociedad, sino que también se reproducen en las instituciones, en las fuerzas de seguridad y en el propio entorno familiar.

Un 45% de los NNA es sometido a algún tipo de disciplina violenta en el hogar, ya sea castigo corporal o agresión psicológica, según la última Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) de Unicef.

A nivel nacional, el 9.7% de los cuidadores considera necesario recurrir al castigo físico en la crianza; en el caso de las familias afrodescendientes, esta cifra asciende a 11.1%. Ante este escenario surge una pregunta inquietante: si los hogares no siempre son espacios seguros, ¿qué se puede esperar del resto de la sociedad?

¿Y qué revelan los datos cualitativos? Mejía señala que, aunque no existen cifras desagregadas suficientes para un análisis estadístico más profundo, los entrevistados para este informe especial relatan experiencias de “violencia comunitaria o perfilamiento racial”. “El decir: ‘por ser un niño afro, un varón afro que vive en un barrio popular, soy visto como una persona potencialmente violenta’. Otro tema recurrente es el del toque de queda, la sensación de que estas medidas los afectan más por su etnia”, destacó la psicóloga.

Durante las encuestas realizadas en distintos puntos del país, se repiten relatos de acoso escolar por motivos étnicos. “En mi escuela, los compañeros pueden decirme de forma despectiva que soy un niño o una niña negra, y no sé si es burla o realidad. No puedo diferenciar si es un relajito o si se trata realmente de violencia hacia mí”, recalcó la especialista.

La vocera de Unicef subrayó el contraste entre el alto ingreso económico del país y la falta de acceso a una educación de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes. El informe revela que al menos 12,000 menores están fuera del sistema escolar, cerca de 6,000 trabajan cuando no deberían hacerlo y otros 6,000 se encuentran en uniones tempranas, en su mayoría niñas.

La representante de Unicef en Panamá señaló que el país cuenta con un marco legislativo amplio y robusto en materia de niñez, integrado por normas como la Ley 285 de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, la Ley 171 que establece la ruta de atención en la primera infancia y la ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados. Sin embargo, advirtió que, pese a la solidez normativa, muchas políticas no se implementan plenamente, en gran medida por la falta de presupuesto suficiente para garantizar servicios de calidad en todo el territorio.

Explicó que Unicef brinda asistencia técnica al Estado para determinar cuánto invierte realmente Panamá en la niñez, ya que actualmente no existe una medición clara. Subrayó la importancia de asegurar que esa inversión sea adecuada y no esté sujeta a recortes que limiten el alcance de las políticas públicas. También advirtió que la brecha en la calidad educativa sigue siendo uno de los desafíos más urgentes del país, un problema que afecta a toda la infancia y requiere acciones sostenidas para garantizar la igualdad de oportunidades.

Unos 3,717 menores de edad han cruzado el territorio panameño hasta septiembre de 2025, según cifras oficiales del Ministerio de Seguridad. Muchos de ellos quedaron varados en el Darién porque sus padres fallecieron en el trayecto, los abandonaron o ingresaron al país acompañados de otros supuestos “familiares”.

Unicef cuenta actualmente con un sistema de monitoreo en el Darién para dar seguimiento a los niños, niñas y adolescentes que llegan a esta zona. En Costa Arriba de Colón desarrolla programas de agua, saneamiento, higiene y protección infantil para los menores que regresan de la frontera. Según la organización, trabajan de forma conjunta con el Estado panameño para lograr la reinserción de estos niños y niñas en el sistema escolar, aun cuando no cuenten con un estatus migratorio permanente en Panamá.

En el caso de niñas que llegan acompañadas, Unicef indicó que coordina con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y otras instituciones los procedimientos cuando se sospecha que el menor no es hijo de la persona que lo acompaña. “A veces es un adolescente de 13 o 14 años que dice que viaja solo; en ese caso se hace una verificación. Pero cuando vemos niñas viajando con adultos que dicen ser tíos, se activan otras alertas y se sigue un proceso distinto, especialmente si se trata de un niño o una niña muy pequeña”, explicó.

La vocera del organismo internacional detalló que los registros administrativos y diversas encuestas muestran que la niñez indígena enfrenta vulneraciones mucho más severas que el resto de la población infantil del país.

Los datos son contundentes: mientras dos de cada diez niños en Panamá viven en pobreza, entre la niñez indígena la proporción asciende a nueve de cada diez. Además, casi el 70% de los niños fuera del sistema escolar pertenece a pueblos indígenas, al igual que la mayoría de los menores sin registro de nacimiento. El informe, que será presentado por la Defensoría del Pueblo con asistencia técnica de Unicef, contó también con la colaboración del CONAMU y del Consejo Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá.