Víctimas del dietilenglicol no olvidan la tragedia criminal y lamentan la justicia tardía

Han pasado más de 20 años desde que se detectó el envenenamiento masivo por dietilenglicol en Panamá. A finales de octubre, se emitieron nuevas sentencias condenando al Estado panameño y el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, ha compartido sus disculpas públicas nuevamente este año.

Pero para los afectados y sus familiares, una justicia que tarda 20 años en llegar no es justicia real. Pagos de 25 mil dólares no compensan más de 20 años de batallas legales, peleando contra los intentos de archivar la causa y enterrando cientos de familiares en el camino.

José Sarmiento, vicepresidente de la Comisión de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida, perdió a su padrastro y a su suegra a causa del envenenamiento por el jarabe dietelinglicol.

Explica que las sentencias recientes son de casos de un grupo de pacientes representados por una firma de abogados, pero que aún se mantienen más de 400 demandas pendientes por ser resueltas y cientos de personas esperando ser reconocidas como víctimas del envenenamiento.

Incluso en los casos en que se logran sentencias favorables, la victoria puede ser pírrica ya que los afectados ya fallecieron o los montos no son los esperados. Además, del total se debe pagar a los abogados.

“Para nosotros es lamentable que esto se quiera tratar con una indemnización. Es bastante miserable porque de los 25 mil dólares que le están pagando a esos pacientes, al abogado le tienen que pagar un 35%”, Sarmiento. “Son 16 mil dólares que con una mirada se van y queda el veneno maldito dentro del cuerpo de la persona. Lamentamos que la Corte esté fallando así poco a poco, los pacientes con dietilenglicol están exigiendo que sea más seria en la demanda esa civil y las indemnizaciones que le corresponde a cada uno”, enfatizó.

A finales de octubre se publicaron 12 sentencias nuevas, totalizando a 75 el número de demandas resueltas y 472 que se mantienen en proceso ante la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo a Sarmiento, hay miles de personas esperando también ser certificadas para poder aplicar a una pensión vitalicia.

“Si supieras que en la comarca murió mucha gente. Ellos iban a hacer la demanda y les dijeron que les iban a aumentar subsidio que le dan allá de 30 dólares a 50 dólares a cambio de renunciar a la denuncia”, señaló Sarmiento refiriéndose a grupos orginarios afectados. “Los compañeros indígenas decidieron que como ningún gobierno les da nada, aceptar los 50 dólares y no denunciar. Su cultura no permite la exhumación y era difícil probar los casos. Además, en ese entonces no se daba pensión”, relató.

Se estima que unas 1,500 personas se vieron afectadas por el dietilenglicol, y alrededor de 800 muertes han sido reconocidas oficialmente.

Uno de los desafíos que enfrentan las personas afectadas es que se certifique su condición.

“Ya la Corte Suprema de Justicia falló a favor de los pacientes, de que todos aquellos que le han negado y que cumplen los criterios, tienen que hacerle los exámenes de toxicología. Esa es la razón porque se le exige al gobierno central, al presidente Mulino, que ya le jale la oreja a estos señores funcionarios del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social que están cerrando expedientes, están rechazando a personas afectadas y que nosotros estamos exigiendo de que tienen que reconocer a todos los afectados”, exclamó Sarmiento.

Como parte de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la CSS debe disculparse públicamente con los pacientes y familiares de los afectados.

El mensaje, firmado por el director de la institución Dino Mon, fue publicado en la cuenta oficial de X de la CSS.

“En nombre de la Caja de Seguro Social, les pido perdón. Perdón por las vidas perdidas, por la salud quebrantada y por el sufrimiento que esta tragedia llevó a tantos hogares panameños. Perdón también por una confianza que fue vulnerada, precisamente cuando más necesitaban de nosotros”, señala el mensaje. “Esta disculpa no debe entenderse solamente como el cumplimiento de una sentencia judicial. Es, ante todo, el reconocimiento de una responsabilidad institucional y de una deuda moral con las víctimas y sus familias. Yo no puedo cambiar lo que ocurrió hace veinte años. Pero sí tengo la obligación de mirar esta tragedia de frente, reconocer el daño causado y trabajar para que nuestra institución cumpla con sus responsabilidades”, continúa.

Pero para Sarmiento son palabras vacías. Denuncia que se intentó esconder casos, y compara la respuesta a la pandemia, cuando se visitaba a las personas en sus casas para la trazabilidad con la falta de esfuerzo con los envenenados por dietilenglicol.

“Tenían toda la información de cuánto producto se le habían dado a cada paciente a nivel nacional, por policlínica, por número de cédula, dirección, y no hicieron como en la pandemia. Sabían quiénes eran los afectados y escondían los expedientes. Fue un genocidio”, sentenció.