El retraso por conocer la verdad de la Invasión ha hecho un gravísimo daño a las víctimas

Más de tres décadas después de la invasión estadounidense a Panamá, la búsqueda de verdad y justicia sigue inconclusa. José Luis Sosa, secretario general de la Comisión 20 de Diciembre, forma parte del equipo que trabaja en la identificación de víctimas, la exhumación de restos y la construcción de memoria, pese a recursos limitados y comisionados que laboran ad honorem. En esta entrevista con El Polígrafo de La Estrella de Panamá, Sosa explica los avances en las investigaciones, en medio de escasez de fondos y la desidia histórica de los gobiernos por impulsar la búsqueda de la verdad frente a los crímenes cometidos tras la agresión. Mientras la región enfrenta nuevos vientos de conflicto y amenazas de invasión en el Caribe y Venezuela, Sosa alerta sobre las lecciones trágicas de Panamá en 1989 y que la región no debe repetir.

La Comisión surge en el año 2016, durante la administración del presidente Juan Carlos Varela, y ha llevado un trabajo continuado durante nueve años que ha incluido la identificación de las víctimas, tanto de aquellas que fallecieron como de las que desaparecieron, así como de las que fueron inhumadas sin ser reconocidas en su momento. Actualmente, el registro de víctimas de la invasión lleva contabilizados 236 nombres verificados y sustentados, y 206 se encuentran en investigación por falta de documentación para sustentarlos. A lo largo del año 2025 se han entregado 10 restos que fueron identificados mediante análisis antropológico forense y pruebas genéticas, tanto en Panamá como en Guatemala, y se han hecho cinco actos de restitución para entregar estos restos, en los que han participado el Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y la Comisión, acompañando a los familiares de las víctimas. Al inicio solo existían cifras estimadas sin sustento y listados con pocos datos. Por ello, la comisión se enfocó en elaborar un registro nominal que permita establecer una cifra real de víctimas. Aunque podría haber casos no denunciados, se estima que son pocos.

El trabajo abarca desde el inicio de la intervención hasta el año 1996. Sí, realmente se ha establecido la invasión como la del 20 de diciembre, pero esta incluso comenzó horas antes, el 19 de diciembre. Hubo la propia confrontación armada aquí en Panamá y, posteriormente, una etapa de ocupación. Los norteamericanos llamaron a la invasión “Just Cause” y a la ocupación “Promote Liberty”. Ambos períodos están documentados. Luego, las tropas que vinieron para la invasión se retiraron y quedaron las tropas habituales. Recordemos que Panamá tenía bases militares, que aquí estaba la sede del Comando Sur, y que está establecido el momento en que las tropas invasoras se retiraron y permanecieron las tropas habituales.

Bueno, hay más testimonios que documentación. Existen algunos casos muy puntuales que tal vez aparecen en alguna declaración dentro de un expediente judicial, pero en su mayoría se trata de testimonios. Curiosamente, la mayoría de los que hemos recabado se refieren al área de Coclé, donde se ubicaba el Instituto Militar General Tomás Herrera, y una gran parte de esos estudiantes ha declarado cómo fue el trato que recibieron por parte de los norteamericanos

Bueno, primero, muchos eran menores de edad y recibieron un trato en el que no tenían acceso a alimentación, eran desnudados y no se les permitía realizar sus necesidades básicas. Eso es, básicamente, lo que hemos escuchado. No se han reportado golpes ni otro tipo de acciones, pero sí ese trato que se les dio a estos menores durante el tiempo que estuvieron detenidos.

La Comisión, al ser fundada, no contaba con recursos y funcionó más de un año gracias al apoyo de la Universidad Santa María La Antigua (USMA), presidida entonces por Juan Planells. Los fondos llegaron después y de manera paulatina, pero los trámites de renovación y financiación fueron constantes y engorrosos. Así, durante tres periodos —el primer año, luego nueve meses y otro periodo de nueve meses— la comisión estuvo sin recursos, sumando aproximadamente dos años y medio. Esto afectó el cronograma de actividades, especialmente las exhumaciones, que debieron retrasarse hasta disponer de los fondos necesarios.

Este año, en particular, el mensaje del presidente de la comisión en cuanto a la continuidad de la labor de esta ha sido la necesidad de buscar un mecanismo que permita asegurar su trabajo de manera sostenida y con estabilidad, más allá de quienes conforman la comisión en un momento determinado. Debo recordar que los comisionados orientan el trabajo de la comisión ad honorem; no reciben ningún salario por esta labor investigativa ni por la orientación de los trabajos de la comisión. Por ello, se está planteando la búsqueda de un mecanismo que permita que la comisión pueda realizar su labor de forma continuada. Estoy seguro de que pronto podremos conocer algunas propuestas al respecto.

Siempre hemos estado en esta situación, para mí no tan fácil de explicar, por no decir inexplicable. Veamos: en el año 90, el gobierno de entonces creó una comisión de reconciliación nacional presidida por el arzobispo Marcos McGrath, integrada por personas de reconocida trayectoria. Una de las recomendaciones de esa comisión, a partir de la evidencia y las investigaciones realizadas, fue la creación de una comisión investigadora sobre las víctimas de la invasión. Ese llamado no fue atendido ni por ese gobierno ni por los sucesivos, pese a que la necesidad era evidente. Se intentó construir sobre una base de trabajo con resquicios, con falta de transparencia y de verdad. Hoy vemos los resultados: 36 años después seguimos sin saber cuántas víctimas fueron ni dónde están; no ha habido justicia ni reparación, y apenas se están sentando las bases de la memoria histórica sobre este hecho. Tenemos, entonces, una deuda pendiente que esperamos pueda continuarse y culminarse. Sin embargo, nos ha tomado muchísimo tiempo; hemos perdido demasiado tiempo y se ha causado un gravísimo daño a las víctimas y a sus familias con esta procrastinación.

Creo que es evidente que ha habido una intencionalidad en distintos momentos, tal vez con motivaciones diferentes, pero es un hecho que se ha mantenido de esa manera. Sin embargo, también considero que, más allá de la comisión, a lo largo del tiempo se han dado hitos importantes, como el que mencioné de la Comisión de Reconciliación Nacional, donde ya desde entonces se advertía la necesidad de investigar estos hechos. Posteriormente, también se produjeron las exhumaciones masivas, impulsadas por la presión de las familias en abril y mayo de 1990, para tratar de identificar restos y ofrecerles la sepultura digna que esperaban. Debo mencionar además que un grupo de familiares, con la asistencia de un centro con sede en Washington dedicado a estudios constitucionales, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una reclamación por las víctimas de la invasión, o por una parte de ellas, contando ya con información relevante. Más adelante, en 2016, se creó la Comisión 20 de Diciembre. En 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el informe de fondo, en el que se detallan una serie de violaciones al derecho internacional cometidas por los Estados Unidos y se formulan importantes recomendaciones sobre cómo reparar esas violaciones. Asimismo, en 2022 se aprobó la ley de duelo nacional, mediante la cual se declara esta fecha como día de duelo nacional en todo el país y se establecen otros mecanismos de memoria y dignificación. A propósito, es necesario revisar si estas disposiciones se están cumpliendo, ya que la ley establece, por ejemplo, contenidos en la asignatura de historia y hace un llamado al Ministerio de Cultura para la creación de memoriales sobre la fecha. Creo que ha habido avances, como la entrega de los primeros restos identificados por la comisión, aunque quizá no a la velocidad que todos esperamos.

La CIDH señala a EEUU como responsable de crímenes durante la invasión. ¿Cree que será posible que, en algún momento, haya justicia internacional para las víctimas de la invasión en Panamá?