Democracia participativa agoniza

PANAMÁ. ‘La democracia en Panamá se encuentra en un retroceso que debe llamar a la reflexión del pueblo panameño’. A esta conclusión llegaron las diferentes organizaciones no gubernamentales aglutinadas en la Asamblea Ciudadana.

Mediante un comunicado de prensa, este organismo enumeró de manera cronológica todos los acontecimientos que se registraron durante este año, donde se ha visto reflejada la intervención del Ejecutivo en los diferentes Órganos del Estado, demostrando poco respeto por la democracia participativa.

Las escuchas telefónicas sin autorización judicial, la criminalización de la protesta social con penas de 6 meses a 2 años, la aprobación de la ‘Ley Chorizo’, el Decreto Ejecutivo 537 de 2 de junio del 2010, que impone un sistema de elección a las autoridades tradicionales de nuestros pueblos originarios Ngöbe y Buglé, así como también la utilización de instancias gubernamentales como el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría, para intimidar a todo aquel que emita una opinión contraria a los designios del gobierno (auditorías a Medcom, Panamá América, Omega Stereo y sindicatos diversos); y la decisión más reciente del gobierno panameño de otorgar asilo político a María del Pilar Hurtado, investigada en Colombia por un delito penal de escuchas telefónicas ilegales, forman parte de la lista de arbitrariedades que el grupo considera se han convertido en signos que reflejan el debilitamiento de la democracia, afectando los derechos humanos de la población.

PROMESAS INCUMPLIDAS

El documento también hace alusión a compromisos del Estado incumplidos tales como: la postergación del sistema penal acusatorio, la descentralización municipal y la Ley de participación ciudadana, el incremento de la canasta básica y la inseguridad ciudadana.

Al final de la nota, la Asamblea Ciudadana le recuerda al gobierno que los derechos humanos son irrenunciables y, por ende, para que exista plena vigencia de estos derechos es importante tener Órganos del Estado que funcionen separadamente, que exista una prensa libre y una sociedad civil que pida cuentas y cuestione los abusos de poder sin recibir amenazas, evitando las políticas de permanente confrontación.