- 05/02/2015 01:00
Alma Cortés, una de las figuras más leales al expresidente Ricardo Martinelli, salió ayer en defensa de Cambio Democrático y responsabilizó a quien fuera su candidato presidencial, José Domingo Arias, de ser el recolector del dinero para la pasada campaña política.
Cortés, también secretaria del colectivo, aduce que el partido no tiene registrados ingresos provenientes de ninguna empresa ni de institución.
Esa fue la reacción de Cortés a la nota publicada por La Estrella de Panamá en la cual se recogía parte de la declaración indagatoria del exdirector del Programa de Ayuda Nacional Rafael Guardia.
Guardia declaró, ante la Fiscal Cuarta Anticorrupción, que el 10% de las ganancias del PAN ‘se iba en ‘apoyo’ al CD’.
El informe de ingresos y egresos por contribuciones privadas recibidas por partido y candidato presidencial (2014) publicada por el Tribunal Electoral da cuenta de que Arias recibió más de $34.1 millones y su colectivo lo ayudó con $415 mil. Fue quien más dinero reportó y gastó en la campaña electoral del 2014.
‘Todo era canalizado directamente a la cuenta de campaña del señor José Domingo Arias y los diputados con quienes él tiene muy buenas relaciones; el partido Cambio Democrático no registró ningún ingreso económicos’, sostuvo Cortés.
Sin embargo, analistas políticos y conocedores del tema electoral van más allá. Hablan de posible peculado y violación al Código Electoral.
Menalco Solís, analista político, sostiene que la actuación de Cambio Democrático es el ‘ejemplo de la corrupción’, todo apunta y deja en evidencia que hicieron campaña política con dineros del Estado.
‘En eso existe un posible peculado. El dinero debe ser devuelto a las arcas del Estado y los involucrados, además, tienen que indemnizar al Estado’, sostiene el analista político.
Desde el punto de vista del exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado, lo hecho por CD puede ser un delito electoral, porque está prohibido que el gobierno apoye a determinado candidato en las elecciones.
Agrega el exmagistrado que la Fiscalía Electoral puede hacer su trabajo e iniciar una investigación de oficio por las declaraciones que se hacen públicas.