Asamblea avala flexibilizar $20 millones de fondos municipales por el terremoto

La Asamblea Nacional dio luz verde en primer debate a una propuesta que busca flexibilizar el uso de los fondos municipales para atender las consecuencias del terremoto del 9 de octubre, que afectó principalmente a Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé.

La reforma podría liberar alrededor de $20 millones de recursos municipales, según la estimación disponible sobre el alcance financiero de la iniciativa. El monto corresponde a los fondos que podrían quedar disponibles mediante los cambios propuestos, pero requiere un desglose oficial que precise su composición y distribución entre los gobiernos locales.

La Comisión de Asuntos Municipales aprobó la unificación de tres proyectos de ley que modifican disposiciones de la Ley 37 de 2009, que regula la descentralización de la Administración Pública. El objetivo es ampliar temporalmente la capacidad financiera de los gobiernos locales ante la emergencia sísmica.

La iniciativa plantea que los municipios de las zonas afectadas y otras áreas que certifique la autoridad competente puedan destinar hasta el 100% de los recursos netos recibidos en concepto del impuesto de inmuebles, incluidos los saldos no comprometidos de vigencias fiscales anteriores, a gastos operativos relacionados con la emergencia, la asistencia social y las labores urgentes de recuperación.

El cambio busca dar mayor margen de maniobra a las autoridades locales para responder a las necesidades de las comunidades sin las restricciones habituales sobre el uso de estos recursos.

El texto consensuado reúne iniciativas de los diputados Alaín Cedeño, Javier Sucre y Patsy Lee, según la nota oficial de la Asamblea Nacional.

Cedeño, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y proponente de una de las iniciativas, defendió la necesidad de aprobar la medida con urgencia para facilitar la atención de las comunidades afectadas.

El diputado explicó que la legislación vigente restringe el porcentaje de los recursos del impuesto de inmuebles que los municipios pueden destinar a gastos de funcionamiento. Según sostuvo, la modificación permitiría que las autoridades locales mantengan sus operaciones y atiendan las necesidades derivadas de la catástrofe.

Cedeño también señaló que representantes de los gremios participan en la elaboración de la propuesta y que consultó su iniciativa con la Contraloría General de la República antes de unirla con las propuestas de otros diputados.

Por su parte, Sucre y Lee defendieron la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta de los municipios ante la emergencia y facilitar la ejecución de las tareas que exige la recuperación de las comunidades.

La unificación busca establecer una medida común para los gobiernos locales. Sin embargo, el alcance definitivo dependerá del texto que apruebe la Asamblea durante los siguientes debates.

$20 millones bajo una excepción temporal

La propuesta plantea una excepción durante los años fiscales 2026 y 2027 para que los municipios de las áreas afectadas utilicen hasta el 100% de los ingresos netos del impuesto de inmuebles en gastos operativos vinculados con la emergencia. La medida incluye los saldos no comprometidos de años anteriores.

El texto discutido también incorpora cambios relacionados con el programa de inversión de obras públicas y servicios municipales. Según la propuesta presentada durante la sesión, las alcaldías y juntas comunales de las zonas afectadas podrían destinar hasta el 100% de los recursos recibidos bajo ese programa a gastos operativos durante el periodo de emergencia, incluidos los saldos no comprometidos de vigencias anteriores.

Esta disposición amplía la discusión más allá del funcionamiento administrativo de los municipios: también contempla el uso temporal de recursos destinados a obras y servicios para cubrir necesidades operativas vinculadas con la catástrofe.

El proyecto incluye gastos relacionados con la asistencia humanitaria, la logística, el retiro de escombros y la rehabilitación de infraestructura comunitaria, entre otras necesidades derivadas de la emergencia.

La legislación vigente establece, como regla general, un límite del 10% para gastos operativos con determinados recursos municipales y contempla un máximo de 25% para municipios semiurbanos y rurales que cumplan las condiciones legales. La reforma propone una excepción temporal para las zonas afectadas.

La cifra aproximada de $20 millones constituye uno de los principales datos económicos de la discusión, pero aún se requiere conocer cuánto corresponde al impuesto de inmuebles y cuánto al programa de inversión municipal. Ese desglose también permitiría identificar qué municipios y juntas comunales podrían acceder a los recursos.

La dimensión de los daños explica la presión sobre los gobiernos locales y la necesidad de financiar la respuesta en las comunidades afectadas.

Según las cifras suministradas para este reportaje, las evaluaciones registran 16,596 viviendas, en las que residían 53,791 personas. El balance también contabiliza 6,654 personas albergadas en 122 albergues activos, 27 personas heridas, 576 escuelas afectadas y 122 centros de salud afectados. Además, ocho comunidades recibieron asistencia humanitaria.

El balance refleja necesidades de alojamiento, asistencia social y recuperación de infraestructura, áreas en las que los municipios y las juntas comunales pueden cumplir funciones de coordinación y apoyo.

No obstante, las cifras deben publicarse con la fecha de corte y la identificación de la entidad que las suministró, debido a que los balances de daños y atención humanitaria pueden variar conforme avanzan las evaluaciones.

La reforma busca permitir que las autoridades locales dispongan de recursos para cubrir gastos relacionados con la emergencia, sin depender exclusivamente de las partidas que ordinariamente pueden utilizar para funcionamiento.

La transparencia, otro punto de la discusión

La ampliación temporal del uso de los fondos municipales también plantea interrogantes sobre la fiscalización de los recursos y la rendición de cuentas.

Wilfredo Ríos, secretario general de la Autoridad Nacional de Descentralización, manifestó que la institución facilitará las acciones necesarias para atender la emergencia, pero advirtió sobre la importancia de proteger los recursos públicos y garantizar la transparencia.

“Nos comprometemos a ser facilitadores, pero también es importante tener claro que tenemos que protegernos en estas acciones que se vayan a realizar y velar por la transparencia y rendición de cuentas de los recursos”, afirmó Ríos, según la nota oficial.

Su declaración introduce un elemento central en la discusión: la necesidad de que la flexibilidad presupuestaria esté acompañada de mecanismos que permitan verificar el destino del dinero y comprobar que los gastos respondan a las necesidades de la emergencia.

La propuesta contempla gastos operativos vinculados directamente con la atención de la emergencia, la asistencia social y la recuperación. El alcance de esas categorías y los mecanismos de fiscalización aplicables deberán examinarse en el texto consolidado y en las normas vigentes.

Para determinar cómo se distribuirían los recursos estimados en $20 millones, será importante conocer el desglose de la Autoridad Nacional de Descentralización y las condiciones de fiscalización que aplicarán la Contraloría General de la República y las demás entidades competentes.

La propuesta sigue en trámite

El proyecto debe pasar por el segundo y tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional y ser sancionado por el Ejecutivo para convertirse en ley de la República.

Las sesiones ordinarias concluyen el sábado, por lo tanto el pleno solo tendrá tres días para aprobar la propuesta, de lo contrario quedaría para el próximo año. La Asamblea Nacional habilitó el pleno para mañana viernes y el sábado.

La decisión de flexibilizar los fondos municipales coloca sobre la mesa dos necesidades: agilizar la respuesta de las autoridades locales ante la emergencia y mantener controles suficientes para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.

El debate legislativo deberá precisar las condiciones para acceder a la excepción, el alcance de los gastos autorizados y las obligaciones de rendición de cuentas durante el periodo de recuperación. También deberá aclarar cómo se distribuirían los recursos y qué mecanismos permitirán comprobar su utilización.

La reforma todavía debe superar los siguientes debates. Su alcance final dependerá del texto aprobado por el pleno y de las condiciones que establezca la legislación para el uso extraordinario de los fondos municipales.