CD denuncia plan de persecución político-judicial

El partido Cambio Democrático (CD) denunció lo que consideran un plan dirigido a intimidar a dirigentes y miembros del partido para evitar que ‘ejerzan el rol de partido opositor'.

Para ello, señalan, se ha iniciado nuevamente una escalada de detenciones preventivas, conducciones y allanamientos a oficinas y residencias de dirigentes del partido.

Muestra de lo anterior, según detalla la dirigencia del colectivo, es la detención preventiva decretada tanto a Frank de Lima como a José Domingo Arias. Más recientemente, las ordenes de conducción a Jaime Ford y a Riccardo Francolini, quien salió de la Fiscalía sin ninguna medida.

‘Estas campañas son la antesala que busca crear el ambiente propicio para las medidas arbitrarias e ilegales que han sido adoptadas por el Ministerio Público, a consecuencia de las presiones ejercidas por el Órgano Ejecutivo que, de la mano de la procuradora General de la Nación y el Consejo de Seguridad Nacional, ejecutan un plan destinado a acabar políticamente con nuestro partido y dirigentes', aseguró el partido.

El exministro de Seguridad José Raúl Mulino también hizo referencia a su situación jurídica, en la que recientemente la Corte Suprema de Justicia anuló las pesquisas realizadas por el Ministerio Público relacionadas con la compra de radares a la empresa italiana Finmeccanica durante la administración de Ricardo Martinelli.

De acuerdo con el partido político, cada día que pasa queda en evidencia la selectividad y falta de objetividad en las investigaciones que se realizan, ‘ya que sin prueba alguna y a pesar de que los investigados demuestran su inocencia en los expedientes, se adoptan medidas al margen de los parámetros que establece nuestra legislación'.

La dirigencia del partido mencionó como ejemplo los casos en donde recientemente un fallo de la Corte Suprema de Justicia determinó la nulidad en el caso de los radares adquiridos por el Estado a la empresa Finmeccanica, así como también el caso de Riego de Tonosí.

El partido político destaca que la vulneración de las garantías fundamentales consignadas en la Constitución y legislación, es uno de los aspectos que causa mayor preocupación, toda vez que uno de los principales, la ‘presunción de inocencia', es el que menor respeto le tienen las entidades llamadas a garantizar el Estado de Derecho en nuestro país.

‘Parece indicar que en el Ministerio Público impera un nuevo criterio impuesto por la procuradora Kenia Porcel, ‘presunción de culpabilidad' donde los imputados se presumen culpables hasta que demuestren lo contrario', destaca el partido.

CD denuncia tener conocimiento de que ‘los procesados que no acceden a los requerimientos de inculpar o mencionar a terceras personas son sometidos torturas y vejámenes físicos y psicológicos, lo que vulnera las normativas del Código Judicial y Procesal Penal, ya que ambos cuerpos legales son claros al señalar que es prohibido el empleo de promesas, coacción o amenazas para obtener que el imputado declare'.