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- 16/09/2026 11:50
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana plantea reducir el subsidio electoral y reforzar los controles sobre donaciones y gastos
La discusión sobre las reglas que regirán las elecciones generales de 2029 entra en una nueva etapa en la Asamblea Nacional. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales inició el análisis del Proyecto de Ley 699, que reforma el Código Electoral, y entre los asuntos bajo revisión figura el financiamiento de las campañas y los mecanismos de fiscalización.
En este escenario, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, planteó cinco áreas que considera prioritarias para la reforma: reducir y redistribuir el financiamiento público, aumentar los controles sobre los aportes privados, fortalecer la fiscalización y la rendición de cuentas, promover la participación política de las mujeres y revisar el régimen de delitos, contravenciones y faltas electorales.
La propuesta forma parte del debate de una reforma que el Tribunal Electoral presentó para los comicios del 6 de mayo de 2029. El organismo electoral informó que el proyecto surgió de un año de trabajo de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, con participación de partidos políticos, candidatos por libre postulación, organizaciones de la sociedad civil, universidades e instituciones públicas.
Reducir y redistribuir el financiamiento público
Uno de los principales planteamientos de la Fundación apunta al monto y la distribución del subsidio electoral.
La organización considera necesario revisar el tamaño del financiamiento público bajo criterios de eficiencia, sostenibilidad fiscal y proporcionalidad con el crecimiento del padrón electoral y las necesidades del sistema político.
La propuesta plantea una reducción gradual del subsidio, de forma que se puedan evaluar sus efectos sobre la competencia electoral y el fortalecimiento de los partidos.
Pero el planteamiento no se limita a reducir los recursos. La Fundación también propone redistribuir el dinero público para fortalecer a las organizaciones políticas, mejorar las condiciones de las candidaturas por libre postulación e incentivar la participación de mujeres y otros grupos con menor representación política.
El financiamiento público electoral ya constituye uno de los capítulos centrales de la reforma que analiza la Asamblea. El Tribunal Electoral reportó que, después de las elecciones de 2024, el financiamiento público poselectoral alcanzó $39 millones para los partidos políticos y $15.5 millones para las candidaturas por libre postulación.
Más controles al financiamiento privado
El segundo eje apunta al dinero privado que ingresa a las campañas.
La Fundación plantea revisar los topes de gastos y de donaciones provenientes de una misma fuente, así como fortalecer la identificación de los donantes y la verificación del origen de los fondos propios que aportan los candidatos.
Entre las medidas propuestas figuran establecer topes más bajos para las elecciones primarias y generales, regular la contratación y los pagos a activistas y establecer reglas para el manejo de los saldos que queden de las donaciones al cierre de una campaña.
También propone mecanismos para verificar los fondos propios declarados en efectivo cuando estos provengan de donaciones y procedimientos para devolver aportes que infrinjan las reglas electorales.
El control sobre las donaciones privadas ya forma parte de la discusión de las reformas electorales. En la Comisión Nacional de Reformas Electorales se discutió una propuesta para que los ingresos provenientes de donaciones privadas cuenten con documentación sobre el origen de los fondos y se incorporen a los informes de ingresos. La propuesta también estableció límites para las donaciones en efectivo.
La discusión también incluye las cuentas únicas de campaña y los mecanismos para registrar ingresos y gastos. La CNRE aprobó artículos relacionados con estos temas como parte del proceso de elaboración del proyecto de reforma.
Fiscalización en tiempo real
La tercera propuesta busca ampliar las herramientas de las autoridades electorales para detectar irregularidades durante la campaña y no solamente después de los comicios.
La Fundación plantea garantizar recursos, personal y herramientas suficientes para que la autoridad electoral pueda fiscalizar de manera más efectiva los ingresos y gastos políticos.
Entre las medidas sugeridas figura la fiscalización directa de los gastos realizados durante el día de la elección, así como el monitoreo de actividades y movimientos financieros que puedan quedar fuera de las cuentas únicas de campaña.
También propone cruzar información con bases de datos de otras instituciones públicas para comprobar el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en la legislación electoral.
El tema de la fiscalización también aparece entre las modificaciones discutidas por el Tribunal Electoral y la Comisión de Gobierno. Durante el debate legislativo, el magistrado Alfredo Juncá señaló que se presentaron modificaciones dirigidas a mejorar la fiscalización del financiamiento preelectoral y las herramientas de auditoría.
La Fundación plantea además corregir inconsistencias detectadas en los informes de ingresos y gastos.
Mujeres: de la postulación a la elección
Otro de los ejes planteados es la participación política de las mujeres.
La Fundación sostiene que no basta con aumentar el número de mujeres postuladas si las reglas permiten que los partidos eviten cumplir de manera efectiva con la paridad.
Por ello, propone eliminar los vacíos legales que permiten excepciones al cumplimiento de la paridad en las postulaciones y destinar recursos públicos específicos para promover y fortalecer candidaturas encabezadas por mujeres.
También plantea crear mecanismos de apoyo que faciliten la conciliación entre las responsabilidades familiares y las exigencias de una campaña política.
La participación política de las mujeres forma parte desde hace varios años de la discusión sobre las reformas electorales. El propio Tribunal Electoral identificó en anteriores procesos de reforma la necesidad de revisar las disposiciones que permiten a los partidos apartarse de la paridad cuando alegan dificultades para completar sus postulaciones.
En el proceso actual, la CNRE también incluyó financiamiento público destinado a la capacitación exclusiva de mujeres dentro de sus discusiones sobre financiamiento electoral.
Revisar los delitos y faltas electorales
El quinto eje se concentra en el régimen sancionatorio.
La Fundación considera que existen conductas que no reciben una respuesta adecuada dentro del marco electoral y obstáculos procesales que pueden desincentivar la presentación de denuncias.
Entre los problemas señalados está la dificultad para demostrar determinadas infracciones cuando la legislación exige documentos específicos para acreditar una donación prohibida o un gasto por encima del límite permitido.
La organización plantea revisar esas exigencias y fortalecer las herramientas para investigar y sancionar prácticas como la entrega indirecta de bienes a cambio de votos y la omisión de información sobre los donantes.
El objetivo, según el planteamiento presentado a la comisión, es que las normas sobre delitos, contravenciones y faltas electorales permitan una respuesta efectiva ante posibles infracciones al financiamiento político.
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