
- 06/09/2025 00:00
La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) aprobó la modificación del artículo 249-A del Código Electoral, ampliando las prohibiciones a las donaciones políticas y cerrando un resquicio por el que podían ingresar fondos de origen dudoso.
Con esta decisión, quedarán vetados los aportes de personas naturales o jurídicas condenadas por delitos financieros o terrorismo, además de la prohibición de recaudar ingresos a través de artículos promocionales comprados con fondos del financiamiento público.
La medida responde a las dificultades de fiscalización en procesos anteriores, cuando más de un tercio de los recursos estatales para las campañas se destinó a propaganda en camisetas, gorras y otros objetos.
Pese a esta aprobación, la sesión reflejó las profundas diferencias sobre el modelo de financiamiento electoral en Panamá.
El partido Movimiento Otro Camino (MOCA) impulsó la eliminación total del financiamiento privado, con el argumento de que las donaciones de empresas abren la puerta a influencias indebidas y a lo que definieron como un “retorno de inversión” en contratos públicos.
La propuesta solo obtuvo dos votos a favor frente a seis en contra y una abstención. Los demás participantes defendieron mantener el sistema mixto, alegando que eliminar el aporte privado trasladaría toda la carga al Estado y generaría rechazo ciudadano.
MOCA también planteó restringir aportes de contratistas del Estado, gremios empresariales y sindicatos, además de incluir como prohibidos a apoderados de sociedades jurídicas con acuerdos de colaboración eficaz. Todas estas iniciativas fueron rechazadas, principalmente por dudas sobre su constitucionalidad, su viabilidad práctica y su alcance excesivo.
La organización de la sociedad civil participante presentó propuestas dirigidas a reforzar la fiscalización, como exigir a sociedades anónimas revelar beneficiarios finales con más del 10 % de acciones, obligar al Tribunal Electoral a cruzar información con la Dirección de Contrataciones Públicas y establecer un plazo de cinco días para devolver donaciones ilegales o desconocidas.
Pese a los argumentos de mayor transparencia, ninguna alcanzó el respaldo suficiente, al considerarse poco aplicables o demasiado rígidas.
Otros participantes coincidieron en que el gran desafío no es solo prohibir, sino diseñar reglas claras y ejecutables que eviten interpretaciones laxas y garanticen controles efectivos.
La sesión concluyó sin agotar el análisis del tercer bloque de reformas, dedicado a los gastos y facilidades electorales, que seguirá en discusión en la próxima reunión. Los consensos alcanzados deberán pasar a la Asamblea Nacional, que tendrá la última palabra sobre su incorporación al Código Electoral.
Sumado a lo aprobado, la semana pasada se validó una propuesta impulsada por organizaciones no gubernamentales que busca reforzar los controles en torno a las donaciones privadas.
La nueva regulación establece que todo ingreso de dinero producto de aportes particulares deberá estar acompañado de un documento oficial, diseñado por la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político del Tribunal Electoral, en el que se detalle con precisión el origen de los fondos depositados.
Dicho registro deberá enviarse en línea y pasará a formar parte de los informes de ingresos que cada candidato o partido entregue a la autoridad electoral.
Además, se fijó un límite estricto para los aportes en efectivo: ningún ingreso de una sola fuente podrá superar los $1.000, y la suma de todas las donaciones en efectivo no podrá exceder el 7 % del tope máximo de financiamiento privado permitido para cada cargo. Este ajuste busca cerrar el margen para que grandes cantidades de dinero circulen en efectivo sin trazabilidad, y refuerza la obligación de transparentar los flujos financieros mediante el sistema bancario formal.