Dinero y política, fuente de toda corrupción

Los regímenes democráticos y en ellos el sistema de partidos políticos, están regidos por procesos históricos que orientan y definen, no solo el papel de los actores políticos, sino también, el contenido que va a tener el espacio público. En ella cobra especial relevancia el tipo de régimen político y la modalidad de sistema de partidos que articula al sujeto de la democracia —el ciudadano— con el Estado. Esto último hace relación con los canales de participación y de representación ciudadana.

Este conjunto de elementos se organiza de acuerdo a una estructura de principios y, según el caso histórico, está orientada a garantizar limitaciones en el ejercicio del poder, transparencia en la participación política, igualdad de oportunidades y libre competencia en la disputa por el poder.

LAS TRES REGLAS DE BOBBIO

El influyente filósofo político italiano Norberto Bobbio manifiesta que el poder está intrínsecamente vinculado a la libertad. En ese sentido, argumenta que no podemos pensar en una libre competencia electoral si no existe igualdad de oportunidades. Como quiera que sea, es usual pensar el ejercicio del poder bajo el criterio de la mayoría, especialmente en un ‘régimen presidencialista de mayoría’ como el de Panamá. Sin embargo, el criterio numérico de la mayoría no puede ser un criterio absoluto y definitivo, y debe orientarse en un régimen democrático a partir de una revisión periódica entre el poder y su relación con la libertad. Lo anterior le permite a Bobbio proponer tres reglas de procedimiento democrático.

Primero, un sistema democrático debe garantizar la existencia de una pluralidad de grupos políticos organizados que compiten entre sí, con el objeto de agregar las peticiones y transformarlas en deliberaciones colectivas (el criterio del pluralismo). Segundo, los votantes deben poder elegir entre varias alternativas reales (el criterio de las opciones). Tercero, se le debe garantizar a la minoría por lo menos el derecho de poder convertirse, a su vez, en mayoría en periódicas verificaciones (el criterio de la alternabilidad).

REPRESENTACIÓN Y EFICIENCIA

La política de financiación institucional de partidos políticos y campañas electorales está orientada bajo los principios de garantizar mayor representatividad y eficiencia del sistema de partidos políticos. El primer principio expresa un precepto sustantivo; el segundo instrumental. Sin embargo, debemos ver con preocupación la creciente tendencia en los partidos, a la disolución de sus estructuras ideológico-políticas. Esto ha permitido la emergencia de organizaciones partidarias orientadas por modelos técnico-profesionales y cuya único objetivo es el poder como fin. Es el modelo atrápalo todo: catch—all .

Debemos advertir que este cambio conlleva modificaciones en la naturaleza y las formas de ejercer la política. Esta transformación interna de los partidos tiene repercusiones en el tamaño y estructura del sistema de partidos. También en el carácter de la financiación política. Si el primer modelo de partido estaba orientado dentro de las tradiciones político-ideológicas a elaborar concepciones programáticas de Estado—sociedad–desarrollo; el segundo modelo es abierto, flexible y pragmático, orientado a temas o problemas identificados a partir de técnicas como los de focus group y a cálculos de costo oportunidad.

Estos partidos ‘atrápalo todo’ poseen una estructura interna débil, con funciones estrictamente orientadas a prestar apoyo al esfuerzo electoral y cuyas decisiones dependen de dirigentes-candidatos, sean estos empresarios o políticos profesionales, generalmente –todos ellos— con fuertes vínculos con intereses corporativos de naturaleza privada.

Más allá de lo esquemático de los modelos propuestos, lo cierto es que ambos sugieren diferentes relaciones entre el sistema de partidos y el sistema de financiamiento de la actividad política. Si en el primero modelo las normativas electorales debían estimular la pluralidad ideológico-política; en el segundo, las normativas deben garantizar la igualdad. Si en el primero era importante la libertad ideológica; en el segundo el tema es el de las oportunidades como garantía de una competencia justa.

DINERO Y POLÍTICA

La interesada relación que existe entre el dinero y la política ofrece distintas posibilidades analíticas, motivadas por la velada y no tan velada presencia de intereses económicos en los procesos políticos y las vehementes críticas hacia los temas de corrupción política que esta relación genera. La fuerte presencia de intereses económicos en la política ha producido, entre otros, distorsiones en el sistema de representación, tráfico de influencias y manipulación de la voluntad popular por parte de estos intereses corporativos. La política deja de ser una instancia de dirección y conducción de proyectos de sociedad para ser un mecanismo de coordinación de intercambios o de transacciones entre bienes materiales.

Como dice el politólogo Norbert Lechner, la política en su actual concepción nos acerca más a la experiencia del mercado, ya que en ella no se plantean objetivos de trascendencia—que sobrepasen el presente y se proyecten al futuro—, sino desafíos de cortísimo plazo. La política abdica a las responsabilidades de un propósito de sociedad y de nación, por una ampliación de los valores de mercado al ámbito no económico. Es la transformación de la democracia constituida ahora en un mercado político.

EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO

El financiamiento público expresa el concepto formal de limitar los aportes económicos privados a la actividad de los partidos, definidos estos precisamente, por su orientación hacia el bienestar general. La asignación y el control del financiamiento de la actividad de los partidos políticos descansan en un conjunto fundamental de argumentos:

La prohibición o limitación y control de la financiación privada de los partidos políticos evitará algunas modalidades de corrupción de las estructuras de poder. Esta limitación o regulación de los aportes privados, especialmente ‘del gran dinero’, permitirá controlar y reducir la influencia de los grandes intereses corporativos en el ámbito de la política. El control público del origen de los fondos y el acceso de los ciudadanos a esta información, permite también, generar una institucionalidad política de mayor transparencia. Por último, la limitación, regulación y transparencia de los aportes en los fondos, redundará necesariamente en el fortalecimiento de la cultura política y en un empoderamiento ciudadano.

CONSIDERACIONES FINALES

Ningún sistema adoptado es neutro. Siempre se favorecen a partidos en detrimentos de otros. Sin embargo, deberá tenerse presente la posibilidad de que el sistema de financiación a través de sus procedimientos técnicos pueda verse desbordado por la presencia de factores extra políticos que impongan realidades en detrimento del interés general.

Sin temor a equívoco, el modelo de financiamiento que proponemos debe primero, conciliar la igualdad de oportunidades con el imperativo de incorporar nuevos actores programáticos a la competencia política; y segundo, asegurar un soporte económico básico para el desempeño de los contendientes electorales, eliminando el financiamiento privado y la posible mercantilización del espacio público.