¿Sobresaltos para distraer?

PANAMÁ. Dice el analista Mario Rognoni que el gobierno de Ricardo Martinelli y la época militar tienen algo en común: ambos han puesto en práctica eso de las ‘explosiones controladas’. Es decir, tapan un escándalo con otro. Siguen su gestión gobernando en base a crisis.

Los fundamentos de esa opinión parecen saltar a primera vista. Justo cuando el gobierno tenía al frente el escándalo de titulaciones en la localidad costera Juan Hombrón, en Coclé, —que favorecían a allegados suyos y que involucraba a un ministro—, dos controvertidos proyectos de ley fueron propuestos y empezaron a ser debatidos. Provocaron pujas y repujas.

Tras siete meses en el congelador legislativo, la posibilidad de una nueva ley minera, fue presentada por el oficialista Raúl Hernández y empezó a debatirse hace 12 días. Sin apenas aprobarse un artículo, la despertó la fura de los indígenas, que bloquearon la vía Interamericana como advertencia.

Lo mismo ocurrió con la propuesta que crea el régimen de asociación público- privada (APP). Tres meses después de haber sido presentada, resurgió a mediados de agosto. Pero en octubre su discusión en el pleno tomó vuelo y, de paso, llevó al gremio médico a declararse en franca huelga.

¿Y Juan Hombrón? Desde mediados de octubre poco se sabe del caso, que viene a estremecer las criticadas titulaciones de tierras. Reportes de prensa vinculan al ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, con el nuevo escándalo. Él sostiene que se trata de ‘un ataque político de cobardes’.

¿QUÉ BUSCA EL GOBIERNO?

Aminorar los efectos del caso Juan Hombrón son, según los políticos y analistas, el fondo de la estrategia que —sugieren— se gesta desde lo más alto del gobierno.

‘Ellos consideran que un escándalo tapa otro, pero al tiempo eso sólo provoca una cosa, estallido social’, plantea el presidente del Partido Popular, Milton Henríquez.

Incluso, para el dirigente político, las coincidencias tienen alguien detrás. ‘Hay que recordar que el ministro Papadimitriu es un experto en comunicaciones y gran manipulador, y como está siendo sujeto del escándalo aplica lo que sabe’.

Pero, asegura el secretario del PRD, Mitchell Doens, la efectividad de la estrategia aún está por verse. ‘Hay cosas peores, lo de Juan Hombrón es apenas la punta del iceberg’.

‘Son cortinas de humo con doble intención. Con lo de la minería quieren meter un camarón y violar la Constitución para permitir que entren Estados extranjeros, y con la APP, seguir favoreciendo a sus allegados en grandes proyectos’, señala Doens.

ALGO DE SUMA Y RESTA

Llegar hasta el 1 de noviembre con la minería y la APP en la opinión pública era el objetivo del gobierno, dice el analista Mario Rognoni. ‘Cuando entre esa semana, la gente se irá a festejar y se olvidará de todo. El gobierno supo llevar esto’.

Es que, agrega, si bien las autoridades pudieron detener el proyecto de Asociación Público- Privada hace una semana, no lo hicieron. Además, manifiesta, esperaron hasta que los indígenas protestaran para cambiar el proyecto minero.

‘El gobierno sabe que tiene el tiempo de su lado. El punto son los medios, que pueden mantener el tema en la opinión pública’, dice.

Pero desde la trinchera oficialista, Luis Cortés, dirigenter del gobernante Cambio Democrático sostiene que todo eso es ‘descabellado y ridículo’.

‘Lo de la APP es un plan para mejorar las estructuras estatales y con la minería se quiere restablecer algunos artículos derogados’.