Fin de una esperanza

Hace muchos años me encontré en un despacho judicial a una ex funcionaria del Ministerio Público, la cual después de saludarme me pregun...

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Hace muchos años me encontré en un despacho judicial a una ex funcionaria del Ministerio Público, la cual después de saludarme me preguntó por un caso donde fungí como defensor de un chico de apellido Monteza, quien fue procesado por la muerte de un ingeniero de apellido Espino. Le comenté que el caso había terminado con un veredicto absolutorio de un jurado de conciencia, luego de 7 horas de deliberación.

La colega se puso pálida, su cara se hizo una contorsión de arrugas faciales y, después de un suspiro me preguntó: “¿Cómo lo lograste? si yo personalmente instruí ese sumario, siendo asistente del fiscal”. Comprendí en aquel momento que la joven abogada estaba herida en su ego, esa palabrita de 3 letras que termina destruyendo la vida de quienes todo lo hacen pensando en el “yo”. Esta historia, una de tantas, me hacía pensar que aquella ex funcionaria se reinventaría en la vida de manera humilde y evolucionaría en positivo como aspiración de vida personal y profesional, pero me equivoqué. Ana Matilde Gómez, era aquella ex funcionaria, hoy procuradora suspendida, quien se convirtió en la primera mujer en ser separada de ese cargo, precisamente porque no entendió que las esperanzas de un pueblo que clama justicia estaban fijas en su persona, que se necesitaba un cambio que no llegó, que pudo más la soberbia y la arrogancia que solo contribuyeron al continuismo. Salía de un restaurante de la calle Uruguay el jueves 28 de enero del presente, cuando un grupo de abogados celebraban con Dom Perignon algún hecho que los animada a chocar copas, (quizás para ahuyentar los malos espíritus). Me acerqué a estrechar sus manos, cuando al unísono me daban la “nueva buena” que la Corte Suprema había separado a la procuradora del cargo que ostentó desde que Martín Torrijos la designó. Salí del local y un sinnúmero de pensamientos me hacían cavilar lo siguiente: 1) ¿Por qué la procuradora desperdició más de 5 años sin producir condenas en, al menos, 3 casos de alto perfil, donde se juzgara y condenara a políticos de alto nivel, en los innumerables casos de peculado?; 2) ¿Por qué la procuradora no investigó, eficazmente, la intoxicación masiva más grande de la historia republicana y una de las más trágicas a nivel mundial con dietilenglicol?; 3) ¿Por qué la procuradora nos hizo perder la esperanza de pensar que su gestión no permitiría un Ministerio Público alejado de los favoritos, merodeadores, funcionarios sin preparación y con nombramientos, ascensos y traslados basados en compromisos personales y políticos que reemplazaron a los méritos? Hoy la Suprema Corte, quien por mandato constitucional interpreta la Constitución y la Ley, la ha separado, informando al Ejecutivo de este acto, usando de fundamento el artículo 200, numeral 2 de la Constitución, que faculta al presidente y a su Gabinete a designar al procurador de la Nación suplente, quien se encargaría de cubrir la ausencia de la procuradora como dice la resolución “hasta que finalice el proceso”. La máxima instancia de justicia ya sepultó este tema, por lo que la designación de Luis Martínez como procurador encargado, designado por Ana Matilde Gómez, no pasa de ser una movida hiperactiva. Eran las 6:55 p.m. de un 27 de abril de 2001 cuando un jurado de conciencia declaró culpable de homicidio al ex capitán de la dictadura militar, Jorge Eliécer Bernal Guzmán, acusado de asesinar a quemarropa al obrero de la construcción Sixto “Yito” Barrantes Méndez durante una manifestación pacífica en 1986. Ese fallo llegaba 15 años después de ocurrido el crimen y como acusador particular quedé extenuado después de alegar frente a un jurado por más de 10 horas seguidas. Contrario a mi vehemente alegato, el fiscal superior especial hizo un alegato de 10 minutos, digno de un guión de Cantinflas, por lo que entendí que su actuación dolosa pretendía la absolución, así que todo quedaba en mis manos o este crimen quedaría impune, pero hoy ese fiscal vuelve a cobrar vida y es el mismo que aplicó leyes de desacato, que por presión de la sociedad civil fueron abolidas, su nombre para la posteridad: Luis Martínez, procurador encargado por designio de Ana Matilde Gómez.

Esta última acción de la pProcuradora retrata su paso por el Ministerio Público:? Incapacidad? ¿Promesas no cumplidas? ¿Altas dosis de soberbia? ¿Decepción por una justicia que nunca llegó? Fin de una esperanza.

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