Los 500 cheques que provocaron la visita de funcionarios de la Asamblea a la Contraloría

El conflicto entre la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República continúa. Este viernes 16 de mayo, un grupo de funcionarios del Órgano Legislativo acudió a la sede de la Contraloría, ubicada en la Avenida Balboa, con el objetivo de reunirse con el contralor Anel “Bolo” Flores.

El foco del problema en esta ocasión son 500 cheques de funcionarios que no han sido entregados. Según se informó, durante la quincena del 15 de mayo, estos pagos no llegaron a sus destinatarios, en su mayoría personal permanente de la Asamblea Nacional.

En la reunión con Flores estuvieron presentes el secretario general de la Asamblea, Carlos Alvarado, y la presidenta de la Asociación de Empleados de la Asamblea, Karina Connell.

¿Cuándo inició el conflicto?

La polémica en torno al pago de funcionarios se originó tras la llegada de auditores de la Contraloría a la sede del Legislativo. Todo marchaba sin contratiempos hasta que se instruyó realizar los pagos mediante cheques, lo que, sumado a demoras en los procesos administrativos, generó tensiones.

Fue el 29 de abril cuando Connell denunció públicamente que estaban siendo humillados con pagos tardíos.

De acuerdo con Connell, sus colegas están “mendigándole a los fiscalizadores de la Contraloría” para que les liberen los pagos. Añadió que se trata de un grupo de trabajadores humildes, cuyos salarios “ni siquiera alcanzan los 2 mil dólares”.

Sin embargo, lo más sorprendente para Connell es que, desde el lunes 28 de abril, se están reteniendo los cheques del personal que gana 3 mil dólares en adelante.

La tensión también ha escalado entre Dana Castañeda, presidenta de la Asamblea Nacional, y el contralor Flores. En su momento, Castañeda exigió respeto al contralor y que no interfiriera con sus funciones, a lo que Flores respondió que sus auditores reciben “acoso” y que su labor busca el adecentamiento de este órgano del Estado panameño.

La Contraloría también publicó la lista de las planillas de cada diputado, lo que provocó fuertes reacciones por parte de la sociedad civil debido a los excesivos costos de algunas de ellas.