Proceso a Mejía despierta recelo ‘por la democracia’

PANAMÁ. La atmósfera política criolla parece contar sus días para tensarse a costa de un proceso que en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional adelantan contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Jerónimo Mejía.

Se trata de una denuncia reciente (20 de junio) por supuesta apología del delito que revive los fantasmas de intentos por el control absoluto de la Corte, con fines —según los críticos y la oposición— electorales. Es el 2014 golpeando otra vez.

La Asamblea arrancará su análisis una vez acabe con el caso Patria Portugal, que la ha puesto en serios aprietos por lo ‘difícil’ que le sería conseguir los votos para oficializar destituciones. Tiene 42, pero la Constitución obliga que sean 47 votos el mínimo.

La exprocuradora de la Nación Ana Matilde Gómez cree que es necesario que el Legislativo desove la denuncia para confirmar cuanto antes ‘que no tiene méritos’ y para no tener en zozobra al poder encargado de impartir justicia.

Pero en ese proceso, agrega, ‘ellos’ (el infinito oficialista) ‘están tirando a ver a quién pegan’. ‘No se descarta que por lo menos quieran fastidiarlo’.

Mejía formaría parte de uno de los bloques en la Corte en la que el oficialismo no tiene control: los cuatro magistrados que llegaron al Palacio Gil Ponce de manos del PRD, que —justamente— salvaron su voto en el proceso de expulsión contra la propia Gómez y han dejado ver la infiltración en el poder judicial.

LAS ADVERTENCIAS

‘Vamos a estar muy pendientes, y esto va a levantar una alerta entre diferentes sectores’, advierte el dirigente del sector jurídico del panameñismo, Jorge Barakat.

‘¿Por qué? Porque antes hay denuncias contra otros magistrados como (Alejandro) Moncada. ¿Por qué quieren tratar esta con rapidez?’, agrega.

‘Me preocupa los escándalos de magistrados como Moncada y su intervención en un sonado caso como Financial Pacific y al que se investigue sea a Mejía. Se nota cómo se pretende usar el poder político para cambiar las fuerzas en la Corte’, plantea Juan Carlos Varela.

Juan Carlos Navarro insistió en la necesidad de ‘respetar la investidura de Jerónimo Mejía’.

‘Tiene que haber total autonomía e independencia en los órganos del Estado. Respetando al magistrado, su investidura y la Corte, es que estamos respetando a la democracia’, apuntó este jueves.

¿CALLANDO AL DISIDENTE?

El asunto ha calado, como lo previó Barakat, en los gremios. Para el presidente electo del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, la situación es ‘muy preocupante’.

A su juicio, este es el preludio de una política de ‘torcer brazos’ a funcionarios ‘que no estén plegados y no sean genuflexos’, lo que viola la lógica de democracia ‘sin desarrollo social e institucionalidad’.

‘Van a tratar de callar su voz, sacarlo del cargo’, insiste, apenas antes de proyectar que lo que viene es el intento de toma del Tribunal Electoral (TE), un supuesto negado a toda costa por el gobierno, que le apuesta todo a la repetición.

El TE es el organismo encargado de organizar y velar por la transparencia de las elecciones. Sus magistrados solo pueden ser juzgados por la Corte Suprema, una maniobra que pretendió el gigante oficialista tras presentar denuncia contra el otrora presidente del TE Gerardo Solís por su supuesta detracción política a Cambio Democrático (CD).

Gómez acompaña a Álvarez en el vaticinio sobre el 2014 y casos como el de Mejía. ‘Lo que quieren es instaurar el debate en la Corte de la posibilidad de la reelección inmediata’, plantea, dejando ver los temores por una elección ajustada, más que nunca, entre tres fuerzas que no confluyen.

Los pronósticos no solo apuntan en esa dirección. Van, desde la óptica de Barakat, al proteccionismo político más allá de julio de 2014, en función de que el presidente Ricardo Martinelli y varias figuras de su Gabinete pretenden una curul en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), que le significaría una inmunidad que sólo la Corte puede levantar.

Y no sólo ello, dibuja Barakat: se trataría de una nueva maniobra tras la intención de promover la Sala Quinta, para apagar posibles fuego de capullos, que la rebeldía de uno de los cinco magistrados deshaga la supuesta estabilidad oficialista en el seno de poder del palacio de Justicia. ‘Ellos prevén que algún magistrado nombrado no le será dócil al gobierno, a la autoridad nominadora’.