Un país en el que los fallos de la Corte no se respetan

PANAMÁ. Lo que diga la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es veredicto final, definitivo y obligatorio, reza la Constitución —el máximo marco legal del país—. No hay instancias superiores y mucho menos marcha atrás.

Pero parece que en la práctica no es así. Lo que apenas recoge un numeral del artículo 206 de la Constitución se esfuma en el fondo de la batalla por la hidroeléctrica Bajo de Mina, sobre el río Chiriquí Viejo, el más rentable para el negocio hídrico, por su caudal y caídas.

Aunque la CSJ ordenó el 11 de noviembre de 2010 a la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) restituir la concesión del proyecto hidroeléctrico a la empresa La Mina Hidro Power, de Julio Lisac, porque le había sido quitada de forma ilegal para darla a Ideal Panamá, del magnate Carlos Slim, nada ha ocurrido. Un nada tan seco y abismal que sabe a que nunca hubo un fallo. Que la Corte jamás vio el tema ni resolvió.

No obstante, lo hizo: echó abajo uno de los negocios que el hombre más rico del mundo había conseguido tras meses de lobby con el gobierno de Martín Torrijos, y por el cual bautizó a Panamá como ‘el mejor país para hacer negocios’.

Slim hizo visitas de cortesía al Palacio de Las Garzas. Se mostró abiertamente en el círculo íntimo presidencial. Prestó su avión privado al entonces mandatario para asistir al emblemático sepelio del Papa Juan Pablo II, en Roma. Y logró contratos por servicios públicos.

ASEP, DE ESPALDA AL FALLO

Curiosamente, a pesar de la decisión de la Corte, ahora, en el gobierno ‘del cambio’ todos los vientos no han soplado a espaldas del multimillonario Slim.

La ASEP nunca acató la orden de la CSJ. Tras eso fue demandada la directora de la institución, Zelmar Rodríguez quien, de paso, apuesta a convertirse en magistrada del Palacio Gil Ponce.

Empero el caso duerme. El magistrado Víctor Benavides resolvió llamar la atención a Rodríguez, pero según Julio Lisac, la Corte no ha dejado seguir el caso, pese a que hace ya un año denunció la rebeldía.

‘Mi demanda permanece en el congelador, según entiendo, del presidente de la Corte, sr. (Alejandro) Moncada’, sostuvo en un comunicado pagado, la semana pasada.

Lisac dice no entender por qué Moncada Luna actúa así. Es que, coincidentemente, él fue uno de los que firmó el fallo que le restituyó los derechos sobre la concesión de Bajo de Mina, desde la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.

‘Hay una clara indicación de la parcialidad de su gobierno (el de Martinelli) hacia Carlos Slim (...) aquí están metiendo la pata y tal vez la mano’, sospecha Lisac, quien interpuso un impulso procesal que también ha quedado estacionado.

LAS RELACIONES QUE IMPORTÓ MARTÍN TORRIJOS

Pero tal vez esto no sea algo nuevo. En 2006 la administración Torrijos le retiró la concesión de Bajo de Mina por ‘incumplir’ los plazos para construir y poner a andar al proyecto.

Victor Urrutia, entonces administrador de la ASEP, lo decidió, pese a que La Mina Hidro Power le había solicitado una prórroga para concretar el due dilligence, para Bajo La Mina, el último paso antes de que los bancos le dieran el dinero para financiar el proyecto. Aunque tenía 30 días para hacerlo, Urrutia nunca respondió a la petición.

Entonces Slim —quien, según Lisac, le había estado proponiendo comprarle la hidroeléctrica— se hizo con la concesión bajo una licitación pública y, además, con los planos de La Mina Hidro Power, lo cual también fue demandado, y murió en los brazos de la justicia.

Slim levantó todo el proyecto con el trabajo que ya estaba adelantado. Con 170 millones de dólares lo terminó en 2010, y vende energía al Estado desde septiembre pasado. Cálculos someros arrojan números redondos: al menos 32 millones de dólares habría generado ya, a razón de cuatro millones de dólares mensuales. Al cabo de la concesión (50 años) la ganancia llegaría a 200 mil millones de dólares.

Sin embargo, esa transacción es ahora ilegal. Aunque ni Ideal Panamá ni Carlos Slim pueden vender energía, según el fallo de la Corte, la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) —la responsable de la red de transmisión de electricidad— sigue comprándoles lo que producen.

De hecho, el gerente de esa empresa estatal, Fernando Marciscano, también fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia por actuar ‘arbitrariamente’ al pagarle la producción eléctrica a Bajo de Mina. (Ver: Etesa compra energía a Slim)

EL APOYO DEL CAMBIO

El gobierno ‘del cambio’ parece estar convencido de que es mejor que Slim opere el proyecto. Al menos así lo dejan ver sus decisiones: el 31 de enero pasado el Consejo de Gabinete aprobó una resolución por la cual echaron abajo el fallo de la Corte Suprema y ordenaron rescatar administrativamente el proyecto Bajo La Mina de las manos de Lisac, porque la compañía Mina Hydro Power no tiene las estructuras ‘necesarias’ para operar el proyecto, y por tanto, sus caminos serían negociar o empezar un proceso de adquisición forzosa.

Lo decidieron así después del intento fallido de nombrar una comisión que consiguiera ‘una solución justa’. Lisac sostiene que prefería pagarle a Slim lo que invirtió para que deje el proyecto.

La orden fue directa para la directora de la ASEP, Zelmar Rodríguez. Esta vez sí la acató. El jueves pasado notificó a La Mina Hidro Power de la decisión del Consejo de Gabinete. Le comunicó que como compensación de un negocio millonario le darían 33 mil 93 dólares con 50 centésimos. Pero, agregó, como la compañía le debe al Estado 135,984 dólares no le pagarán un real.

El rescate fue el final de la cadena de ‘arbitrariedades’, según Lisac. Las mismas que empezaron cuatro días después de que la Corte fallara en contra de Slim, y justo cuando el multimillonario hiciera una visita sorpresa al gobierno de Panamá. Carlos Slim llegó de urgencia. Se hospedó en un hotel de la área bancaria. Empezó a moverse por su caso.

Pero para el gobierno no hay más nada que decir que el Consejo de Gabinete ordenó mediante resolución el rescate administrativo contra La Mina Hidro Power ‘por razones de interés social urgente’.

Un comunicado de la ASEP —y que sostiene es la posición oficial al respecto- , dice que la decisión es ‘conforme’ a lo que determinaron los peritos del Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría en el mes de abril de 2012.