Planilla, presupuesto y reformas ponen a prueba a la Asamblea al cierre de sesiones

La Asamblea Nacional se acerca al cierre de las sesiones ordinarias, previsto para el 31 de octubre, con una agenda que combina decisiones presupuestarias, reformas políticas e iniciativas de impacto social. El avance de estos proyectos marcará el balance del periodo, mientras persisten cuestionamientos sobre el desempeño del Legislativo y su capacidad para responder a las demandas ciudadanas.

Entre los asuntos centrales figuran el proyecto de ley 644, que dicta el Presupuesto General del Estado para 2027; el proyecto 699, que reforma el Código Electoral; y el proyecto 746, que amplía beneficios para jubilados, pensionados y personas adultas mayores. A estos expedientes se suma el proyecto 594, relacionado con el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea.

El cierre del periodo también ocurre en medio de críticas sobre la legitimidad de la institución, el uso de los fondos públicos y las prioridades de la agenda legislativa.

Presupuesto de 2027 entra en una etapa decisiva

El proyecto de ley 644 establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2027, por $35,111.7 millones.

La Comisión de Presupuesto aprobó la iniciativa en primer debate el 26 de octubre. El documento contempla modificaciones por $186.83 millones y asignaciones para sectores como salud, infraestructura, seguridad, educación y servicios sociales.

Al momento de ese avance, el proyecto pasaba al segundo debate. Por tanto, su aprobación en comisión no equivale a la culminación del trámite legislativo.

La discusión exige examinar las prioridades del gasto, las reasignaciones entre instituciones y los recursos destinados a responder a las necesidades de la población. También será necesario conocer el resultado de las votaciones posteriores para establecer si la iniciativa completa los debates antes del cierre de las sesiones.

Reformas electorales en medio de la controversia

El proyecto de ley 699, que reforma el Código Electoral, es otro de los asuntos que concentra atención política. La iniciativa pasó el primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales el 23 de septiembre.

Entre los temas discutidos figuran la distribución de curules en circuitos plurinominales, la participación de candidatos independientes, el subsidio estatal electoral y los límites al financiamiento privado.

Las propuestas de modificación presentadas por diputados de distintas bancadas reflejan diferencias sobre las reglas que regulan la competencia política y la representación electoral.

José Eugenio Stoute, analista político, cuestionó lo que considera restricciones al derecho de algunos aspirantes a constituir partidos políticos. Su señalamiento coloca el debate sobre las reformas en el terreno de las libertades democráticas.

A pesar que diputados del oficialista partido Realizando Metas y del Partido Revolucionario Democrático intentaron discutir las reformas antes de que concluyera las sesiones ordinarias, el terremoto del pasado 9 de octubre terminó por atrasar la discusión y quedará para el próximo año.

Beneficios para adultos mayores: el proyecto 746

En la agenda social destaca el proyecto de ley 746, que modifica la Ley 6 de 1987 y amplía beneficios para jubilados, pensionados y personas adultas mayores.

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social aprobó la iniciativa en primer debate el 22 de octubre. La propuesta contempla descuentos y beneficios vinculados con medicamentos, consultas médicas, electricidad y otros servicios esenciales.

El proyecto está pendiente de su aprobación en segundo y tercer debate. Diversos diputados han manifestado la intención de aprobarlo durante este periodo legislativo que concluye el sábado.

Proyecto 594: la objeción al reglamento interno

El proyecto de ley 594, que modifica y adiciona artículos del Texto Único de la Ley 49 de 1984, también forma parte de los asuntos que requieren seguimiento. Esta norma adopta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional.

Según la información suministrada sobre la agenda legislativa, el pleno aprobó el informe relacionado con la objeción al proyecto. Sin embargo, es necesario confirmar el contenido del informe, el alcance de la decisión y los pasos que corresponden dentro del procedimiento.

La iniciativa se relaciona con las reglas que organizan el funcionamiento interno del Legislativo. Por ello, para explicar su importancia, el reportaje debe identificar qué artículos busca modificar y qué efecto tendrían los cambios en los procedimientos parlamentarios.

La aprobación de un informe sobre una objeción no debe presentarse automáticamente como aprobación definitiva de la ley.

Las críticas a la legitimidad de la Asamblea

Las decisiones legislativas se producen en un contexto de críticas al desempeño de la institución. José Eugenio Stoute cuestionó la legitimidad de la Asamblea por lo que considera una oposición a la ampliación de las libertades democráticas y a reformas positivas en materia de contrataciones públicas.

Stoute también relacionó el descontento con las dificultades económicas de la población y advirtió sobre posibles protestas si las instituciones no responden con la rapidez que demandan las necesidades sociales.

El cuestionamiento sobre la legitimidad institucional plantea asuntos que pueden examinarse con datos: el uso del presupuesto, la evolución de la planilla, la productividad legislativa, el trámite de las iniciativas y la transparencia con que se comunican las decisiones.

La planilla y el presupuesto de la Asamblea, bajo escrutinio

La cantidad de funcionarios y el gasto del propio Legislativo también generan cuestionamientos. La diputada de Vamos, Janine Prado, señaló que la Asamblea registra 8,308 funcionarios, según cifras de la Contraloría General de la República.

Prado comparó la cifra actual con los cerca de 5,000 funcionarios que, según indicó, tenía la institución al cierre de 2025, durante la presidencia de Jorge Herrera. También cuestionó que alrededor del 60% del personal sea eventual.

“Son más de 100 por cada diputado. En mi despacho trabajan solamente siete, así que no encuentro explicación alguna”, manifestó la diputada.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, rechazó los cuestionamientos y sostuvo que la información difundida no refleja correctamente la composición de la planilla. Según explicó, en 2025 la institución registró 3,927 funcionarios interinos.

Para 2026, Castañedas mencionó 4,063 transitorios interinos, 723 interinos y 3,323 permanentes. También afirmó que solo existen 200 eventuales adicionales.

Las categorías que enumeró suman 8,109 funcionarios, una diferencia de 199 respecto al total de 8,308. La composición exacta de la planilla requiere una aclaración oficial para establecer cómo se distribuye el personal y qué explica la variación entre periodos.

Prado también cuestionó el presupuesto de la Asamblea. Según indicó, la institución recibió una asignación inicial de $98.7 millones para 2026, pero el presupuesto modificado superaba los $194 millones en septiembre. La diputada expresó preocupación por el monto con el que cerrará la institución el año fiscal.

Para dimensionar esa variación, es necesario distinguir entre el presupuesto aprobado al inicio del año, el presupuesto modificado durante su ejecución y el gasto efectivamente realizado. El aumento del monto autorizado no significa, por sí solo, que toda esa suma ya se haya gastado.

Los documentos presupuestarios deben precisar qué modificaciones explican la diferencia, cuáles partidas recibieron recursos adicionales y cuánto ejecutó finalmente la Asamblea.