PRD pretende comprar una residencia con subsidio postelectoral

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) busca comprar una propiedad en el residencial The View Boquete, en Alto Boquete, Chiriquí, para instalar una Casa Museo de la Mujer. La operación, por $138,633.50, figura en una promesa de compraventa entre el colectivo político y Caldera Globo I, S.A., como vendedora.

La propuesta, presentada ante el Tribunal Electoral (TE) por Balbina Herrera, secretaria general y representante legal del partido, permanece bajo revisión. En dos notas del 20 de octubre de 2026, la autoridad solicitó aclaraciones y documentos adicionales antes de continuar el trámite. Uno de los puntos centrales es la compatibilidad entre el uso previsto para la propiedad y las restricciones del residencial.

La propiedad corresponde al lote L-117 de The View Boquete, según documentos revisados por La Estrella de Panamá. El contrato condiciona el pago, en un solo desembolso, a la aprobación del pleno del TE y al cumplimiento de los requisitos del financiamiento público.

Un residencial que prohíbe centros políticos

El artículo 26 del Decreto N.° 32 de 21 de junio de 2022 incluye la compra de inmuebles para sedes partidarias entre los gastos permitidos del financiamiento público poselectoral. Sin embargo, la cláusula décima tercera del contrato de The View Boquete establece que el uso del residencial es exclusivamente habitacional y prohíbe, entre otras actividades, los centros políticos.

Por esa razón, el Departamento de Técnica Normativa de la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político pidió al PRD explicar cómo pretende utilizar el inmueble y de qué manera ese destino se ajusta a las reglas del residencial. El expediente no precisa qué actividades funcionarán allí ni acredita autorización para ellas.

En entrevista con La Estrella de Panamá, Herrera reconoció que firmó y presentó la documentación sin comprobar esa condición. “Tengo que aceptar que yo no verifique. Y ese es un error mío”, confesó.

Herrera dijo que confió en el equipo que preparó la propuesta y admitió que el equipo legal debía revisar el contrato. “Yo confío en lo que me están pasando. Un proyecto bueno, me parece bien, yo lo firmo. Ese es mi error. Por eso te digo, yo asumo mi responsabilidad”, declaró.

Herrera aseguró que conoció la restricción al revisar las observaciones del Tribunal. Dijo que no pensó que la propiedad estuviera dentro de una urbanización residencial y cuestionó la selección del sitio: “Aquel lugar no era el mejor lugar”. Planteó buscar otro inmueble o un espacio comercial.

Aunque calificó la observación como un “no tácito”, las notas del TE no contienen un rechazo definitivo. La autoridad solicita explicaciones para determinar si la operación puede avanzar.

Herrera atribuyó el proyecto a la Secretaría de la Mujer del PRD, que encabeza Arelys González. La dirigente dijo que el proyecto busca conservar la memoria de la participación femenina en la vida política y social del país.

“Nosotros somos el partido que más historia tiene en este país y no hay un recorrido de una casa-mujer”, expresó la secretaria general. Defendió la iniciativa como un proyecto de memoria histórica, aunque reconoció que las restricciones del residencial pueden impedir su desarrollo en Boquete.

Herrera dijo que consultará con el equipo legal y la Secretaría de la Mujer. Si el uso resulta incompatible con las reglas del lugar, el partido tendrá que buscar otra propiedad o replantear la iniciativa. “Lo tendremos que hacer en otro proyecto”, afirmó.

La Estrella de Panamá dejo mensajes en el celular de González, pero no hubo respuestas.

Las observaciones del TE también apuntan a inconsistencias en los documentos de compraventa. El contrato fija el precio en $138,633.50, pero desglosa $68,633.50 por el terreno y $71,000 por las mejoras. Esos montos suman $139,633.50, mil dólares por encima del precio total.

Una proforma de Caldera Globo I, S.A., fechada el 7 de octubre de 2026, asigna $70,000 a las mejoras y mantiene los $68,633.50 del terreno. Esa distribución sí coincide con el precio de $138,633.50.

También difieren las superficies: el contrato registra un lote de 1,022.67 metros cuadrados, mientras la proforma indica 1,122.67 metros cuadrados. El Tribunal pidió aclarar la diferencia y aportar documentos para verificar la situación registral del inmueble.

Otro requerimiento se relaciona con el destino del dinero. Aunque Caldera Globo I, S.A. aparece como vendedora, la promesa de compraventa ordena depositar el pago en una cuenta de Banco General a nombre de Grupo Ciudad del Sur, S.A.

El TE pidió al PRD un acta de junta de accionistas que autorice ese pago y una explicación sobre la intervención de una sociedad distinta de la que vende la propiedad. Los documentos no establecen la relación jurídica entre ambas empresas ni por qué Grupo Ciudad del Sur recibiría los fondos.

Herrera sostuvo que los bienes adquiridos con recursos del partido deben quedar a nombre del colectivo y no de particulares. “Esa plata no es nuestra, esa plata es de la población que nos aporta al financiamiento público en este momento”, expresó. Sin embargo, esa declaración no responde al punto específico que el Tribunal solicita aclarar: por qué el contrato identifica a una empresa como vendedora y dirige el pago a otra.

Herrera atribuye la compra a fondos del periodo anterior. Aseguró que la Casa Museo se financiaría con recursos del subsidio poselectoral pendientes del quinquenio 2019-2024 y no con la asignación del periodo 2024-2029. Para este último, el PRD tiene asignados $6,484,756.61 de financiamiento público poselectoral, según el boletín del TE del 28 de junio de 2024.

Herrera explicó que, al asumir la Secretaría General el 27 de enero de 2026, el partido debía sustentar gastos del periodo anterior: cerca de $3 millones para recuperar aproximadamente $1.5 millones. Según dijo, el proceso comenzó en marzo y, tras los ajustes, quedaron alrededor de $1.1 millones para proyectos y otros rubros.

Según Herrera, los recursos se distribuyeron entre Mujer, Juventud, Discapacidad, capacitación y gastos variables. Las cifras requieren contraste con los registros oficiales; la respuesta del PRD debe precisar la partida y el saldo que respaldarían la compra.

El TE también pidió revisar otras cláusulas de la promesa de compraventa. Entre ellas figuran un interés moratorio del 6% anual y una penalización por incumplimiento, condiciones que la autoridad solicitó modificar por tratarse de una operación con recursos públicos.

También requirió los gastos notariales y registrales, acreditar la situación del terreno y una inspección de Infraestructura. Recomendó evaluar una compraventa directa y gestionar una carta promesa de pago bancaria.

El TE también revisa la documentación legal del PRD, la titularidad del inmueble, el pago a una tercera sociedad y la compatibilidad del uso con las normas del residencial.

Las notas del 20 de octubre no representan una decisión definitiva sobre la compra. El partido debe responder los requerimientos para que el Tribunal Electoral continúe la evaluación y determine si la operación pasa a consideración del pleno.

Por ahora, el PRD pretende adquirir una vivienda en Boquete para instalar la Casa Museo de la Mujer, pero la compra enfrenta restricciones de uso e inconsistencias contractuales. Herrera reconoce que presentó los documentos sin verificar las condiciones del residencial y admite que el partido podría tener que buscar otra ubicación.