Proponen revelar los beneficiarios finales de las empresas que contratan con el Estado

La propuesta para transparentar quiénes son los beneficiarios finales de las empresas que contratan con el Estado llega a la Asamblea Nacional. La iniciativa, impulsada por la diputada de la bancada de Vamos, Janine Prado, fue prohijada la semana pasada por la Comisión de Economía.

El proyecto de ley busca modificar los artículos 23 y 41 de la Ley 22 de 2006, sobre contrataciones públicas, para que toda persona jurídica que resulte contratista del Estado esté obligada a entregar a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) la lista completa de las personas naturales que sean sus beneficiarios finales.

De acuerdo con la propuesta, la DGCP deberá publicar esa información en su página web, mientras que las empresas deberán reportar cualquier cambio en su estructura accionaria. Además, las sociedades anónimas que contraten con el Estado deberán contar con acciones nominativas.

En caso de incumplimiento, las entidades contratantes estarán impedidas de desembolsar los fondos del contrato, según advierte el proyecto. La iniciativa cuenta con el respaldo de otros diputados del movimiento Vamos y de Patsy Lee, del Partido Popular.

“El uso y recepción de fondos públicos implica necesariamente un mayor nivel de escrutinio ciudadano. Las empresas que deciden participar en licitaciones, contratos o convenios con el Estado lo hacen de forma voluntaria, por lo que deben aceptar condiciones de transparencia más estrictas”, argumentó Prado en la exposición de motivos.

La diputada también citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia, de 2021, que consideró la información de los beneficiarios finales como “comercial y restringida”. Sin embargo, calificó esa decisión como “una mala práctica y una equivocación que atenta contra los valores democráticos”.

Prado sostiene que la iniciativa fortalecería la transparencia, la rendición de cuentas y el control ciudadano, al garantizar que el manejo de los fondos públicos esté sujeto al máximo nivel de escrutinio.

“La democracia exige que el uso del dinero público sea claro, accesible y sujeto a control ciudadano. La publicación de los beneficiarios finales no es una medida discrecional, sino un imperativo democrático, constitucional y ético”, subrayó.

El proyecto deberá ahora ser discutido en primer debate en la Comisión de Comercio, antes de pasar al pleno para su aprobación en segundo y tercer debate. Las sesiones ordinarias del Legislativo concluyen en 10 días, por lo que su avance dependerá del ritmo de trabajo de los diputados.

La Dirección General de Contrataciones Públicas restringió, recientemente, la información de los beneficiarios finales de las empresas