Parábola de la rana y la olla hirviendo

PANAMÁ. Sin que aún se hayan sanado las heridas tras los fatídicos incidentes a raíz de la revuelta en Bocas del Toro del año pasado, nuevos frentes de lucha popular amenazan con poner contra la pared a la administración Martinelli. En esta ocasión, el medio ambiente y la lucha laboral vuelven al tapete impulsados por el Decreto 486 del 28 de diciembre del 2010 y el proyecto de ley 277, que modifica el Código de Recursos Minerales. Ambas medidas acercan a la misma trinchera a diferentes grupos de presión social, hasta ahora antagónicos, como lo son los ambientalistas y el sector obrero. Todavía están frescas las imágenes del fatídico descontrol público de Changuinola y de la furia mancomunada con que se manifestaban en el Palacio Legislativo los amigos de la naturaleza y Frenadeso, todo gracias a la polémica ‘Ley Chorizo’, misma que sin ser comprendida en detalle, generó un rechazo desmedido por parte de la población.

En aquella ocasión, al Gobierno Nacional le tocó aprender la lección de la forma más dura, viendo cómo su relación con las masas se deterioraba, al tiempo que establecía ante la opinión pública la percepción de un estilo de mandato represivo e impositivo, sustentado en el fuerte carácter de sus funcionarios. Tras un año y medio de gestión, el equipo de gobierno del presidente de la República, Ricardo Martinelli, enfrenta un evidente desgaste natural.

Miles de pescadores panameños amanecieron el pasado 28 de diciembre, día de los inocentes y preámbulo de Año Nuevo, con la noticia de un Decreto Ejecutivo que prohibía el arte de pesca en línea con anzuelo, conocido como palangre. La sustentación fue zigzagueante y finalmente se enfocó ecológicamente, pero para sorpresa del Ejecutivo, grupos ambientalistas como MarViva y ANCON manifestaron su aprensión a dicho decreto, incluso, recomendaron la apertura de un diálogo entre las partes.

Después de un mes sin zarpar en busca del sustento, los pescadores artesanales siguen oponiéndose y manifestándose con dureza al decreto que consideran inconsulto. Aducen en los medios de comunicación que la medida tiene trasfondo y que busca beneficiar a ciertos sectores nacionales e internacionales, los cuales prefieren mantener fuera de la zona a los barcos panameños que pescan con líneas de anzuelo, en beneficio de los atuneros que lo hacen con redes, más dañinas al suelo marítimo y a las especies marinas por su poca selectividad. Por su parte, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, a través de su director, Giovanni Laury, sostiene que el decreto ejecutivo firmado por el presidente Martinelli y el ministro de Desarrollo Agropecuario, Emilio Kieswetter Rubio, manifiesta que ‘están abiertos a escuchar las inquietudes’ de los pescadores; sin embargo, los días transcurren y aún no se tiene una respuesta concreta.

El punto es sensitivo y el aumento de roces sociales debido a una medida poco consensuada amenaza con crear nuevos enfrentamientos entre sectores productivos del país, en este caso el sector pesquero, debido a las sensitivas implicaciones económicas y sociales de una industria que representa el principal producto de exportación del país. El arte de pesca de palangre está considerado como la pesca más selectiva que existe, ya que dependiendo del cebo y el tamaño de anzuelo utilizado, se consigue un determinado tipo de pesca.

CÓDIGO MINERO A TAMBOR BATIENTE

Por otro lado, las discusiones del proyecto de ley 277 que modifica el Código de Recursos Minerales avanzan a tambor batiente. Solo hubo que soportar las presentaciones de los ambientalistas y sectores sociales opuestos al proyecto para que la bancada oficialista hiciera uso de su tamaña ventaja para aprobar con dos palmadas la iniciativa y pasar a la siguiente instancia.

Los grupos de presión, que conocen la dinámica, ya están en pie y pintados de guerra. Y es que la decisión de adecuar una ley minera que data de 1963 pone algunas cartas en la mesa, que ninguna de las partes está dispuesta a negociar.

La mitigación al impacto ambiental, con la que se sostiene la propuesta del Gobierno Nacional, no convence a los ambientalistas, quienes han sumado a su causa a los pueblos indígenas.

La historia nacional está plagada de experiencias en las que el Estado panameño y sus habitantes han sucumbido ante los intereses y pretensiones de empresas extranjeras, quienes, aprovechándose de los vacíos legales y del tan cuestionado Estado de Derecho, han dejado profundas secuelas sociales y económicas. Prueba de ello, es lo que el ex alcalde capitalino, Juan Carlos Navarro, expresó públicamente en el programa Más Debate, conducido por Renato Pereira, que de llegar a la Presidencia de la República en 2014, revisaría lo contenido en dicha ley, en caso de aprobarse durante esta administración.

En un entorno como este, cualquier empresa que tenga dudas acerca de la seguridad jurídica de un país, acelera todos los procesos para garantizar la recuperación de su inversión, más aún si esta representa los montos millonarios que se plantean por parte de empresas mineras interesadas en entrar a Panamá.

Por lo pronto, pareciera que el esquema de pensamiento y análisis socio-político del Gobierno Nacional va en dirección a que los altos niveles de aceptación del mandatario es suficiente caudal político para enfrentar proyectos y decretos impopulares que trastocan las condiciones de vida de importes sectores del país.

Allende de las encuestas de opinión, existen factores que trastocan las líneas de afecto y conciencia social y política, que siempre se reflejan luego que la motivadora curva comienza a descender y se vienen abajo los proyectos políticos a largo plazo. Mientras tanto, el Ejecutivo impulsa su agenda del gobierno, basado en los altos niveles de aceptación que muestra el Presidente.

Las encuestas siempre están acompañadas de elementos subjetivos que las hacen distintas, tanto en su composición como en su intención. Su aplicación, diversidad, muestra, universo, preguntas y tiempo son factores que regularmente intervienen en sus resultados. El peligro en este tipo de hervideros sociales es que muchas veces se llega a creer que la simpatía medida en determinados momentos da licencia para todo, dejando profundas heridas en la conciencia social de un pueblo.