Más allá del abuso sexual: la restauraciónde las víctimas

El pasado febrero Panamá sufrió una sacudida en materia de valores, luego de que se conocieran los casos de abusos a menores en los albergues bajo la custodia de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

La institución fue señalada de omitir información acerca del estado deplorable en el que residen algunos menores de edad (incluidos jóvenes con discapacidad) luego de que se conocieran los detalles de un informe elaborado por una subcomisión creada por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, conformada por Yesenia Rodríguez, Petita Ayarza y Gabriel Silva.

Las denuncias presentadas a la Procuraduría General de la Nación hace dos semanas señalaron los abusos, la violencia y los maltratos a niños y adolescentes albergados. “Lo que más nos impactó fue cómo se abusaba de menores discapacitados, de niños que ya presentaban patologías. Fueron los más vulnerables, porque tienen dificultad para comunicarse y muchos son niños en estado de abandono que quedan a su suerte”, lamentó la diputada Walkiria Chandler D'Orcy durante las conclusiones del informe en una sesión grabada en la Asamblea Nacional, “en estos momentos no tenemos una institución que vele por estos niños panameños”.

Ya en 2018 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) a través de un informe sustentaba la necesidad de “redoblar los esfuerzos por capacitar al personal de los albergues en la aplicación del protocolo para la atención de la niñez sin cuidado parental en albergues y asigne recursos económicos, técnicos y financieros suficientes para dar seguimiento a su aplicación”.

Asimismo, Unicef instó a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo a través de un comunicado publicado el pasado 11 de febrero, “a no dilatar más la deuda histórica del Estado panameño de contar con una ley que garantice la protección integral de la niñez y la adolescencia, tal y como ha sido indicado en varias ocasiones, la última de ellas en 2018, en las 'Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de Panamá' del Comité de los Derechos del Niño”.

En todo este escenario, el sinsabor de la falta de transparencia con respecto a los procesos de cumplimiento de protección a menores ha puesto en estado de alerta a la población y las autoridades, en Panamá.

Ahondando en las dificultades, la abogada Elizabeth Huertas Morales expresó a 'La Decana': “Tenemos conocimiento de que nuestro país no cuenta con un presupuesto exclusivo para la atención, prevención y erradicación de los delitos sexuales contra niños y adolescentes, sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) como miembro de la Comisión Nacional de Prevención de Delitos Sexuales (Conapredes) asigna por año un promedio de $4 millones a organizaciones no gubernamentales que atienden a esta población, incluyendo a niños, adultos, jóvenes y personas con discapacidad; y casi $1,5 millón se utiliza para ayudar a niños maltratados”.

Aún así, Panamá requiere de un fortalecimiento legislativo que cumpla el castigo máximo para los delitos sexuales, como enfatizó Huertas: “Si bien es cierto que en nuestro país la sanción máxima que contempla la legislación penal es de 50 años de prisión, es importante retomar que la vulneración de derechos que tiene un niño por abuso sexual es para toda su vida y que, frente a esto, el castigo o la pena debe guardar una debida proporción para así poder hablar de justicia restaurativa mínima, pues en definitiva sabemos que finalmente el daño físico y moral es irreparable”.

Para quienes sufren de abusos sexuales, la ruta hacia una nueva vida no es fácil y requiere de un amplio sistema de apoyo y compañía en cada etapa, según comentó el psicólogo Luis Ramírez. “Pensamientos suicidas, depresión, trastorno de estrés postraumático (PTSD), trastorno de límite de personalidad, y muchos otros son los resultados de abusos sexuales en la vida de niños y jóvenes”, explicó Ramírez, “y se deben identificar con rapidez y por un profesional para ayudarlos en un tratamiento efectivo”.

Quienes sufren abusos sexuales son afectados en diversos aspectos, como los niveles de autoestima, percepción social, confianza en otros o en sí mismos, toma de decisiones, estabilidad emocional, entre otros. Ramírez puntualizó que “nadie sale ileso de un abuso, sin importar de qué clase haya sido” y para que el afectado salga adelante se requiere “de mucho apoyo del círculo de confianza que le rodee y constancia en su tratamiento profesional”, ya que puede tomar meses o años para que “logre superar el trauma”.

Como puntos clave que se deben tocar al brindar ayuda a una persona que ha sufrido de abuso, el psicólogo Augusto Méndez señaló en una entrevista que primero se debe identificar la clase de abuso que se ha llevado a cabo: “Una vez que se identifique el abuso, se debe alejar al agresor (o agresora) del ambiente en el que reside el afectado; luego se le debe proveer terapia psicológica de forma multidisciplinaria que incluya a psiquiatras, trabajadores sociales y expertos en salud mental”.

Los expertos Ramírez y Méndez apuntaron que el objetivo siempre debe ser prevenir el abuso sexual, por lo que se debe educar a los niños desde el hogar en cuanto a la importancia de relaciones sexuales sanas y en el tiempo correcto de su desarrollo. “La comunicación entre padres e hijos es vital y se necesita fortalecer en la niñez para que los hijos sientan que pueden contar con ellos, y si se encuentran en alguna situación donde necesitan apoyo, puedan hablarles al respecto”, comentó Méndez, “Panamá necesita un mayor desarrollo comunicacional en la familia, porque muchos padres piensan que esta etapa solo se fortalece en la adolescencia y luego descubren que es demasiado tarde, lo cual también afecta en gran manera a los hijos”.

Así mismo, cuando una familia enfrenta la situación de apoyar a hijos que han sufrido abuso sexual, Méndez explicó que “es un peso que embarga a todos los miembros”, pero que se puede mejorar en el tiempo y “recordar que no están solos”, además de buscar apoyo profesional, “realizar tratamientos de terapia familiar constantes y ser comunicativos en todo momento, sin dejar solos a sus hijos y siendo activos en la restauración de la confianza y amor propio en cada integrante del grupo”.

En cuanto al proceso de sanación, Méndez expresó que para los jóvenes “es altamente recomendado buscar personas de confianza que no estén dentro del núcleo familiar o del círculo del cual provino el abusador, y que si no puede realizar una denuncia a las autoridades por su cuenta, no dude en buscar maestros, tutores, para comentar el abuso y tener la confianza de recibir ayuda, denunciar el acto y rastrear soluciones junto a personas que puedan apoyar y acompañar en el camino”.

En cuanto al fortalecimiento de los servicios de protección de salud mental estatal, Huertas enfatizó que “hacen falta muchas herramientas de educación sexual en niños y adolescentes, trabajo que debe comenzar en casa y ser reforzado en los establecimientos educativos, no obstante, para muchas personas estos temas siguen siendo un tabú”.

Pese a las campañas de prevención, la abogada considera que el desconocimiento de las leyes de protección englobados en la Convención sobre los Derechos del Niño hacen que los afectados, siendo menores de edad, no logren denunciar el acto de forma inmediata.

“Por desconocimiento, muchas veces, los adolescentes tienen curiosidad por el sexo y se arriesgan a tener relaciones sin usar preservativos, por lo que se dan los embarazos no deseados, además de los casos de abuso sexual de adultos en contra de menores de edad”, comentó, “es importante recordar que nuestra legislación penal establece que si se trata de menores de edad, aun con el consentimiento de este es considerado delito, y específicamente con menores de 14 años se considera violación”.

En esto coincidió Méndez, señalando los riesgos culturales que han sido promovidos por generaciones en áreas vulnerables: “Muchos piensan que llevar a un joven de 15 años a un prostíbulo es una 'iniciación' en su desarrollo sexual, cuando en realidad es un abuso sexual, ya que las trabajadoras sexuales conocen de este delito. Luego al llegar a las consultas psicológicas, el joven reconoce el miedo y la incomodidad de aquel encuentro sexual y que se categoriza como abuso sexual”.

De igual forma, Huertas puntualizó la importancia de promover una educación sexual eficaz en los centros educativos del país, ya que es “fundamental en la actualidad”, siendo clave para “trabajar diariamente con la niñez y adolescencia en temas de 'mi cuerpo es mío', 'mi cuerpo debe ser respetado', o dudas cómo '¿qué me hace sentir bien y qué me hace sentir mal?', y para esto debemos lograr que los adultos escuchen y crean en los niños y jóvenes que han sido abusados”.

Los expertos hicieron énfasis en que la mayor herramienta de apoyo a las personas que sufren abusos sexuales es la denuncia, el apoyo, la educación y la orientación de consentimiento en las relaciones sexuales.

Por parte del Estado y los sectores público y privado, Huertas apuntó la urgencia de “sincronizar a las autoridades de justicia, oenegés, institución y sociedad civil para establecer no solo los requerimientos urgentes de este grupo vulnerable, sino también presentar el presupuesto permanente que debe brindar protección a nuestra población infanto-juvenil ante las distintas formas de violencia y específicamente de abuso sexual”.

Por su parte, la fiscal superior de la sección de Investigación y Seguimiento de Causas de la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público (MP), Dayra Botello, indicó a este diario que las denuncias son la forma más efectiva de acceder a los procesos legales, y que durante la pandemia, la sección de Atención Primaria ha realizado “investigaciones detalladas” de casos denunciados a través de redes sociales y llamadas telefónicas de forma anónima.

“Hay diversas formas de presentar denuncias por delitos sexuales que no requieren formalidad alguna, puesto que al tratarse de un niño o adolescente, que se conoce que son vulnerables en el seno de la sociedad, lo importante es que llegue la información a las autoridades para poder realizar todos los actos investigativos para defender y resguardar a las víctimas de este grave delito”, señaló Botello, “lo principal es vincular al agresor y procesarlo para evitar que continúe realizando actos en perjuicio de la víctima y de otros niños y adolescentes”.

Para realizar denuncias acerca del conocimiento de violación de derechos humanos, abuso sexual a menores de edad o agresión, el Ministerio Público tiene habilitados los teléfonos de la Unidad de Delitos Sexuales de la sección de Investigación y Seguimiento de Causas (524-2658), así como la coordinación de la sección de Atención Primaria de Delitos Sexuales de la Fiscalía Metropolitana (507-2923) y la línea telefónica gratuita 169 provista por el Ministerio de Salud (Minsa) y la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) para casos referentes a la covid-19, pero que también ofrece servicios de emergencia psicológica a niños y adolescentes.

Asimismo, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) puso a disposición pública la línea de denuncia de violencia hacia la infancia y adolescencia (6378-3466).