Ciberseguridad en Panamá: el reto pendiente en medio del crecimiento tecnológico

Panamá ha retomado el ritmo de crecimiento y modernización que durante años pareció estancado. Sin embargo, ese avance también expone nuevos riesgos. Para John Molina, vicepresidente de SPC Internacional, el país se encuentra en una etapa de aceleración económica y tecnológica, pero todavía enfrenta importantes desafíos para garantizar la continuidad de sus servicios digitales frente a amenazas cada vez más sofisticadas.

Durante una conversación sobre resiliencia tecnológica, ciberseguridad e inteligencia artificial, Molina aseguró que Panamá vive un momento favorable de crecimiento impulsado por una mayor dinámica gubernamental y económica, aunque advirtió que el desarrollo digital no ha estado acompañado por una madurez equivalente en materia de protección tecnológica.

“Panamá viene retomando una velocidad importante”, señaló. A su juicio, el país vuelve a ser atractivo para la inversión y presenta mejores perspectivas económicas que en años anteriores. Sin embargo, considera que esa evolución aumenta la necesidad de fortalecer las capacidades nacionales para enfrentar interrupciones tecnológicas de gran escala.

Molina fue enfático al señalar que ningún país centroamericano está completamente preparado para responder a un gran incidente cibernético. Según explicó, la región continúa presentando importantes vulnerabilidades debido a la falta de conciencia de muchos tomadores de decisiones sobre el impacto real de la ciberdelincuencia en economías cada vez más digitalizadas.

El ejecutivo sostiene que la principal debilidad no es tecnológica, sino cultural. A su juicio, muchos líderes empresariales y gubernamentales todavía no perciben la ciberseguridad como un elemento estratégico para la continuidad del país.

La preocupación aumenta cuando se analizan las denominadas infraestructuras críticas: sistemas energéticos, redes de agua potable, hospitales, telecomunicaciones y otros servicios esenciales que sostienen la vida cotidiana.

Molina recordó que los ataques cibernéticos ya no se limitan al robo de información. Hoy pueden afectar directamente la operación de servicios fundamentales para millones de personas.

“¿Qué pasa si una red eléctrica es comprometida? ¿Qué ocurre si un sistema de agua potable es atacado?”, cuestionó. Para él, la región aún no ha dimensionado plenamente la importancia de proteger estos activos estratégicos.

Uno de los principales mensajes de Molina fue la necesidad de abandonar el paradigma tradicional de continuidad operativa basado exclusivamente en redundancias tecnológicas.

Durante años, explicó, muchas organizaciones han invertido en múltiples centros de datos, servidores de respaldo y sistemas alternos con el objetivo de garantizar disponibilidad permanente. Sin embargo, los incidentes recientes demuestran que estas estrategias no siempre logran evitar interrupciones.

Según Molina, la conversación global está evolucionando hacia un nuevo concepto: la resiliencia operativa.

La diferencia radica en que ya no se trata únicamente de evitar fallas, sino de asegurar que los servicios continúen funcionando aun cuando los sistemas tecnológicos sufran interrupciones.

“La tecnología va a fallar sí o sí”, afirmó.

Como referencia citó el Reglamento DORA de la Unión Europea, una normativa que obliga a las instituciones financieras a fortalecer su resiliencia digital frente a incidentes tecnológicos y cibernéticos.

Para Panamá y Centroamérica, considera que la adopción de este enfoque será determinante durante los próximos años, especialmente en sectores sensibles como banca, seguros, salud y servicios públicos.

En el ámbito financiero, Molina identifica dos amenazas particularmente preocupantes.

La primera es el crecimiento constante de las estafas electrónicas. Cada vez más ciudadanos pierden sus ahorros debido a esquemas fraudulentos que aprovechan la ingeniería social, llamadas engañosas y técnicas de manipulación digital.

A diferencia de otros delitos informáticos, estas modalidades afectan tanto a personas con altos ingresos como a ciudadanos que han acumulado durante años pequeños ahorros para su retiro.

La segunda amenaza es el ransomware, una modalidad de ataque en la que los delincuentes secuestran sistemas informáticos y exigen pagos para restaurar el acceso.

Molina recordó que participó en la mesa de trabajo que atendió ataques de ransomware sufridos por instituciones públicas costarricenses en 2022, experiencia que le permitió observar el enorme impacto que este tipo de incidentes puede generar en la prestación de servicios gubernamentales.

A su juicio, los países deben prepararse para asumir que estos ataques seguirán ocurriendo y concentrarse en desarrollar capacidades que permitan mantener la operación aun durante una crisis.

El auge de la inteligencia artificial representa otro de los grandes desafíos para gobiernos y empresas.

Aunque Molina reconoce el enorme potencial de estas herramientas para impulsar la productividad y la innovación, considera que la adopción acelerada está ocurriendo sin los controles suficientes.

Según explicó, los sistemas de inteligencia artificial dependen de grandes volúmenes de información para generar respuestas y recomendaciones. El problema es que muchas veces no existe claridad sobre el origen de esos datos ni sobre los posibles sesgos incorporados durante el desarrollo de los algoritmos.

Por ello, insiste en la necesidad de fortalecer la gobernanza de datos y establecer marcos regulatorios que permitan aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial sin generar nuevas formas de discriminación o vulneración de derechos.

A su juicio, Panamá ha mostrado avances importantes en la promoción de estas tecnologías dentro del sector empresarial, especialmente entre pequeñas y medianas empresas, pero el reto ahora consiste en garantizar un uso responsable.

Más allá de la tecnología, Molina considera que el principal factor competitivo de Panamá y Centroamérica durante los próximos cinco años será la formación del talento humano.

El país ya cuenta con ventajas importantes, como una mayor inversión tecnológica respecto a otros mercados de la región y una posición estratégica que lo convierte en un centro logístico y empresarial de relevancia internacional.

Sin embargo, advirtió que el crecimiento del ecosistema digital requerirá una fuerza laboral cada vez más especializada.

Por ello, recomendó fortalecer la educación en disciplinas STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas— para garantizar que las futuras generaciones puedan responder a las demandas de una economía digital cada vez más compleja.

También considera fundamental construir una cultura de ciberseguridad desde edades tempranas, involucrando no solo a empresas y gobiernos, sino también a estudiantes, trabajadores y ciudadanos.

Para Molina, el éxito de Panamá como futuro hub tecnológico regional dependerá menos de la infraestructura física y más de su capacidad para formar talento, promover la resiliencia digital y asumir la ciberseguridad como una responsabilidad compartida por toda la sociedad.