Derechos culturales una vulnerabilidad no solo en pandemia

“Con la pandemia han salido a la luz muchas cosas”, afirmó Gladys Turner, quien fungió como moderadora en el conversatorio ofrecido por la Biblioteca Nacional y en el que participaron el sociólogo, investigador, docente y gestor cultural Alonso Ramos y la arquitecta investigadora y docente Magela Cabrera Arias. " Es importante ver cómo esta pandemia, que marca un espacio temporal enrarecido, nos permite visualizar la estructura que de una manera es la causa de desigualdades de todo tipo, no solamente culturales sino también económicas, alimentarias, de salud y oportunidades (...) durante esta emergencia sanitaria han salido a relucir muchos temas de derechos humanos y el tema de los derechos culturales es también importante traerlo a la mesa de discusión". Con esta introducción, Turner deja claro que todos participamos y todos estamos inmersos en la esfera cultural, porque "la cultura se refiere al conjunto de prácticas, saberes, creencias, y que de alguna manera informa las prácticas individuales y colectivas en las que todos estamos participando. Por ello, así como se han establecido por organismos internacionales una serie de derechos que todos los humanos tenemos, los derechos culturales han sido estipulados como un derecho humano fundamental, inalienable.

El Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales, lanzado en 1966, entrado en vigencia en 1976 y aun en vigencia establece en su artículo 14, que las partes reconocen el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, gozar de los beneficios del progreso científicos y de sus aplicaciones y beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas literarias o artísticas del que sea autora. Pero A pesar de ello, el tema cultura no fue contemplado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Por otra parte, se habla de derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al trabajo y más recientemente, del derecho a la ciudad, pero la realidad nos indica que estos acuerdos son más bien letra muerta.

“Hay que entender que las Naciones Unidas y todas sus agencias son un organismo de geopolítica global”, indica Alonso Ramos. “En términos diplomáticos se cuidan mucho de tocar precisamente los temas culturales pues durante el siglo XX si hacemos un ejercicio histórico, una parte importante de los conflictos mundiales ocurrieron por temas culturales”, afirma el sociólogo.

Fueron temas culturales los que llevaron al imperio turco a arrasar con el pueblo armenio, a principios del Siglo XX, asimismo los que llevaron adelante a la II Guerra Mundial y mirando un poco más atrás, todos los conflictos coloniales fueron también pro esa causa. Por ello, “a la hora de redactar estos convenios se cuidaron mucho de no meterse en un terreno pantanoso”, explica Ramos.

Otro elemento que ha jugado en contra de los derechos culturales es “el reduccionismo economicista que muchas veces prima a la hora de estos debates globales”, terminan siempre teniendo más importancia los temas, las acciones y las políticas que van directamente a solventar problemas concretos como por ejemplo, la pobreza. “Todos los debates en torno a la pobreza se han hecho en función de la pobreza medida de manera estadística, pero no se ve el tema de la dimensión cultural de la pobreza que está presente y es una dimensión muy pero muy fuerte”, argumenta Ramos.

También afecta el propio debate interno entre las distintas agencias de la ONU; estos documentos se alimentan pro todas las agencias y no todas tienen el mismo peso. Y otro es el elemento de sostenibilidad, un concepto traído de las ciencias naturales y como tal, “pareciera que no hay una maduración en el sector cultural de hacer el vínculo entre cultura y sostenibilidad”, sostiene Ramos.

De acuerdo con el sociólogo, se debe rescatar el hecho de que la sostenibilidad de las prácticas culturales no pasan únicamente por el tema económico. Aunque esto es difícil de comprender si en el país se mantiene la acepción de cultura hegemónica y culturas subalternas. “Hay que visibilizar el alcance de la cultura, le ha faltado al sector cultural mucha más reflexión crítica desde las ciencias, más documentación, más debate”, insiste.

Efectivamente, parte de los problemas del sector cultural panameño tienen que ver con la cultura hegemónica que se ha desprendido.

“En el caso de Panamá, nuestra vida como sociedad se ha organizado en función del rol que nos dio la modernidad, que es el rol de tránsito. Ese rol arrastró luego una forma de organizar el trabajo – sector servicios. Todos los huevos están puestos en un solo rubro, y esto ha traído consecuencias en términos territoriales y culturales”, detalla Ramos.

Toda la actividad humana, productiva, se ah organizado en torno a la zona de tránsito, entiéndase las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste. Se le ha dado la espalda a las demás provincias, a las comarcas indígenas. Eso también tiene una expresión cultural, y es la opresión de las culturas que no están vinculadas a estas formas de organización del trabajo”, contextualiza.

El mercado de trabajo se articula de tal manera que las actividades vinculadas a la cultura son las que producen pocos empleos dignos. De hecho, hasta hace poco se reconocieron por la Contraloría General de la República, dos categorías para contabilizar el empleo de los trabajadores vinculados a la información y la comunicación y los trabajadores vinculados a las actividades artísticas, categorías que producen escasamente el 10% de los empleos en Panamá.

“La media salarial de las actividades artísticas en Panamá, está más o menos en $750.00 y cuando esta cantidad se compara con el precio de la canasta básica ampliada que incluye bienes y servicios como renta y transporte, te das cuenta que esa media es precaria. Otro elemento que he descubierto es que el 50% de la población económicamente activa de este sector está desocupada. Hay una alta tasa de desempleo. Y una alta tasa de sub empleo e informalidad”, informa el también investigador.

El tema de la informalidad genera un debate con la introducción de la llamada economía naranja y el emprendedurismo. “Para mí, es una forma de encubrir la precarización y la informalidad”, asegura.

Con la Fundación Konrad Adenauer, Ramos coordina actualmente un proyecto sobre el impacto de la pandemia para el cual se entrevistaron a trabajadores y trabajadoras de la cultura en distintas áreas, y en términos generales la están pasando mal. “Eso tiene que ver con la poca institucionalidad que no permite defender los trabajos que se generan desde la cultura, por lo que se hace necesario que haya una inversión más sólida y más seria, del Estado para garantizar que la cultura en términos generales pueda desarrollarse, descollar a partir de unos criterios muy sólidos en función del desarrollo humano y en función de garantizar los derechos culturales de los trabajadores de la cultura”. Establece Ramos.

El derecho a la ciudad fue impulsado en la década de 1960 por el sociólogo francés Henri Lefebvre, quien defendió tres ideas: rescatar a las personas y colocarlas como las protagonistas reales de las ciudades, restaurar el sentido de la ciudad que ya estaba perdido, e instaurar el concepto de buen vivir, haciendo de la ciudad un escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva.

“Ese concepto hace referencia a que todos los ciudadanos tengamos la posibilidad de reconocernos como parte de la ciudad y también hace referencia a que se deben distribuir de forma equitativa los recursos materiales, ingresos, salud, educación, vivienda cultura, y que podamos los ciudadanos ejercer nuestra ciudadanía de una manera plena participando, teniendo acceso a la información, teniendo el derecho a la libre expresión”, explica la arquitecta Magela Cabrera.

Y es que, en esencia, la ciudad debe ser un lugar favorable para el desarrollo de la democracia y el desarrollo de la cultura porque es el espacio donde todos podríamos ejercer nuestros derechos individuales y nuestros derechos colectivos.

“Esta relación, dice Cabrera, se ve con mayor claridad si se piensa en el espacio público. Muchos autores afirman que la ciudad misma es espacio público, que debería ser un lugar abierto a todos donde se pueda debatir y articular todos los intereses y donde el Estado, en un mundo ideal, garantice las óptimas condiciones para la calidad de la vida”. El espacio público se compone de calles, plazas, parques, paseos, zonas costeras, zonas ribereñas de ríos, lugares que deberían estar disponibles y accesibles a todas las personas porque de alguna manera este acceso al espacio publico es un factor de redistribución social, un elemento que permite hacer ciudades integradoras.

“El Estado debe garantizar la existencia de estos espacios públicos y que allí se pueda dar una convivencia pacífica. Y por supuesto, volviendo al tema de la cultura, que estén en condiciones para compartir manifestaciones, por un lado ciudadanas y por otro lado, culturales. El estado debe garantizar que se diseñen de manera segura, la seguridad desde el punto de vista físico, empieza con que estén iluminados pero esencialmente un lugar seguro es un lugar que está animado. Que siempre tiene actividades, esas actividades las llevan adelante los ciudadanos. Evidentemente es espacio público tiene que estar equipado para poder acoger estas actividades”, asevera la arquitecta.

La cultura es una valiosa herramienta para lograr el desarrollo humano y esto se puede llevar adelante de diversas maneras y una no excluye el uso de otra. En principio, está la cultura y planificación urbana, que asocia la cultura con el comportamiento, o sea una cultura ciudadana. “Mucha gente recuerda lo que hizo el ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus para mejorar el espacio público. El plan estaba sustentado pro el planteamiento de que 'la mayoría de los problemas que tenía la ciudad estaban relacionados con los comportamientos violentos y estos a su vez tenían origen en el divorcio de los sistemas que regulan el comportamiento humano: ley, moral y cultura. Ese divorcio se da cuando hay una aprobación colectiva e individual de acciones ilegales o cuando no hay una aprobación moral o cultural de las obligaciones legales”, destaca Cabrera.

Otra forma es considerar la cultura como parte esencial para construir una ciudad a escala humana. “Se impulsan intervenciones urbanísticas para construir espacio publico para que se pueda convertir en escenario para espectáculos de las diferentes manifestaciones creativas de las personas y se amarra o conecta con un proceso de planificación urbana que tiene planes, proyectos y políticas que buscan preservar centros históricos. En unos casos ha resultado un éxito, pero en otros, promueve la gentrificación”, observa.

Está también el reconocimiento de los derechos de todos, que son la base para la inclusión social. “Este es el reconocido urbanismo social de Medellín, basado en que el Estado tenía que saldar una deuda histórica a los más marginados y se construyeron estructuras que se convirtieron en escenarios para la dinamización de la cultura ciudadana”, plantea la experta.

Y pro último, la competitividad urbana. “La idea es identificar aspectos que hacen diferente a la ciudad, destacar sus ventajas comparativas, el rescate de lugares simbólicos y usar la cultura como activo para atraer capital, inversores, visitantes. Tiene elementos positivos y en otros lugares ha permitido la reactivación de barrios empobrecidos y la formación de nuevas centralidades en las periferias de la ciudad.”, completa.

Así se le conoce al derecho a la centralidad, y esto no significa que todos tengamos acceso al centro, sino que las dinámicas que ocurren en el centro puedan ocurrir en todos los barrios. “Todos debemos tener acceso a los beneficios”, insiste Cabrera y que esto ocurra depende sobre todo del empoderamiento del ciudadano que exija al Estado, a través de sus gobernantes, todos sus derechos, incluyendo que las ciudades sean para los ciudadanos, no para los turistas y visitantes.

Para empoderar al ciudadano se requiere construir una serie de mecanismos entrelazados simultáneos. “Es necesario la institucionalidad. Eso se ha logrado con MiCultura, pero el ministerio debe tener los recursos la estructura y el presupuesto para impulsar una serie de aspectos empezando por institucionalizar los aspectos de participación ciudadana en fundamentalmente las decisiones públicas que tiene que ver con la cultura”, dice la arquitecta. Las obras y servicios deben asegurar los derechos culturales.

Otro elemento es una información y comunicación constante con la ciudadanía con sus respectivos sistemas, programas y una planificación elaborada, en conjunto con los diferentes actores sociales, para la debida promoción. Debe existir también un equipamiento que pueda acoger centros culturales de calidad. Estos equipamientos deben estar conectados con el territorio al acceso de todas las personas.

“Los programas de cultura no deben dejar atrás el poder ciudadano, Debemos dejar de pensar como ciudadanos solo cuando vamos a votar cada cinco años. Hay que dejar la pasividad e impulsar una ciudadanía plena que se manifieste, que fiscalice y que proteste, de ser necesario”, asegura.

Y, muy importante, lograr una ley general de cultura que cuente con un debido proceso participativo y “pensada con mucha mesura, para que sea justa, equilibrada, afin a las necesidades de la sociedad panameña que es multicultural y que sea acorde a un Estado moderno democrático, laico, incluyente, tolerante, que impulse la educación de calidad, la investigación, la ciencia y por supuesto, que defienda los derechos humanos” Para lograr esto, de acuerdo con Cabrera, se requiere de un proceso no solo cultural sino también social, que provenga de la misma movilización ciudadana exigiendo sus derechos y, evidentemente, que esté acompañado d e un proceso político que ayude a consolidar esa institución y estos derechos”.

Para Ramos, la etapa post -invasión ha estado marcada por la transformación de lo que deberían ser derechos en negocios. “Estamos apelando a las políticas públicas y las políticas públicas surgen del Estado a través del gobierno. Pero, ¿quién controla a los gobiernos? Lograr esos derechos se ha convertido en un negocio: la educación , la salud, por eso llevar la cultura a un negocio preocupa”.

El sociólogo considera que para lograr verdaderos cambios “hace falta una emancipación democrática que tenga como actor al ciudadano tanto de las zonas urbanas como las rurales, indígenas... todos tenemos que reconocer lo que somos, una sociedad compleja compuesta por la herencia de los afrodescendientes, de los indígenas, por el mestizaje, si nonos reconocemos es imposible romper los esquemas institucionales, porque una ley puede mejorar muchas cosas, pero también las puede empeorar”.

Cabrera apela por que se fortalezca la actuación del Estado en las leyes. “Es muy bueno apelar a la creatividad de la gente, pero que la cultura naranja no signifique relevar al Estado de sus responsabilidades”.

Y de paso, recordar la importancia de los gobiernos locales. “Hemos olvidado que los municipios son los que están más cerca de la gente y eso significa que conocen mejor las necesidades y cómo estas se expresan en cuanto a salud, cultura y demás. Hoy no hacen mucho más que cobrar impuestos, salvo honrosas excepciones. Y los gobiernos locales tienen los mecanismos de hacer mucho más si es que hay voluntad política, la ley se los permite”, recalca.

En cuanto a la ciudadanía, la arquitecta mantiene un sentimiento positivo al ver a los jóvenes reaccionar ante acontecimientos recientes. “Los ciudadanos empezaron a movilizarse, y la información sobre derechos y formas de reclamarlo es clave para la movilización”, indica. Solo la ciudadanía es capaz de lograr cambios que permitan el goce de nuestros derechos culturales.