La deuda pendiente con la población LGBTIQ+

En Panamá no existe una data específica respecto a la población LGBTIQ+; es decir, cuántos se identifican o se declaran abiertamente dentro de esta comunidad. Esto se entiende por el contexto social que vivimos como país, marcado por el estigma y la discriminación que recaen sobre ellos, o por las diversas causas que permean el desarrollo de su vida personal o profesional. Pero, ¿cómo se pueden medir e implementar políticas públicas inclusivas para esta población, considerada vulnerable, si no hay información que respalde una realidad evidente para la sociedad?

La situación legal sobre la identidad de género es un tema en evolución y con ciertas limitaciones. Fue apenas en 2006 cuando las personas transgénero en Panamá pudieron cambiar su género legal y nombre en sus certificados de nacimiento. Sin embargo, en cuanto a la protección contra la discriminación, la legislación existente no incluye taxativamente la orientación sexual ni la identidad de género como categorías protegidas en ámbitos como el empleo o la vivienda.

En lo que respecta al matrimonio igualitario, este está prohibido legalmente en Panamá. La Corte Suprema de Justicia ha reafirmado su postura en fallos recientes, desestimando incluso las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos sobre la materia.

También consideramos prudente citar aquí por su profundo impacto en la sociedad universal, función del santo padre León IVX, que no comparte el matrimonio igualitario.

Si hacemos un análisis o una valoración de la situación respecto a los derechos humanos de la población LGBTIQ+, es evidente que no solo se vulneran derechos fundamentales y constitucionales conforme a lo que dispone la Constitución Política de la República de Panamá, específicamente, en su Título III, Capítulo 1°, sobre los Derechos y Deberes Individuales y Sociales (Garantías Fundamentales). El artículo 17 señala lo siguiente:

“Las autoridades de la República de Panamá están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. Los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona”.

Si bien nuestra Constitución no hace ningún tipo de excepción para estos derechos fundamentales, también es cierto que la población LGBTIQ+, conjuntamente con la sociedad civil, ha manifestado, reiteradamente, las dificultades que mantiene la comunidad para el acceso a la justicia, privándolos de ejercer plenamente los que ellos consideran sus derechos.

Diversos estudios realizados por organismos internacionales dan fe de esa vulneración. Por ejemplo, una encuesta realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2023, en cinco países de la región centroamericana, que abordó las vulnerabilidades y experiencias vividas por personas LGBTIQ+, encontró que:

El 26 % de las personas LGBTIQ+ en Panamá, reportó haber sido violentadas o dijo sentir que se les violentaron sus derechos por el solo hecho de su orientación sexual o identidad de género.

Además, el 72 % de quienes sufrieron violencia no presentó denuncia, principalmente por desconfianza en el sistema de justicia.

En esa misma línea, un reciente estudio sobre violencia, estigma y discriminación (VED) en mujeres trans, personas que usan drogas, personas que ejercen el trabajo sexual y hombres gays –coordinado por la Alianza Liderazgo en Positivo y Poblaciones Clave (ALEP+PC) y HIVOS– revela la normalización de conductas perjudiciales extendidas en áreas clave como la salud, la seguridad, la justicia y el mercado laboral.

El análisis de este estudio tuvo un enfoque metodológico mixto (cuantitativo y cualitativo), lo que permitió identificar las diversas barreras que enfrenta la población en cuanto a discriminación en instituciones, el estigma cuando solicitan acceso a servicios básicos y violencia física y psicológica, específicamente por parte de personal que labora en dichas instituciones, como policías y personal de salud.

Según el estudio, se “abarcaron siete dimensiones esenciales para evaluar la situación de derechos humanos de las poblaciones clave: salud, seguridad, justicia, empleo, educación, vivienda y vida comunitaria. A través de un enfoque interseccional, se analizaron las múltiples capas de exclusión que experimentan estas poblaciones, considerando su identidad de género, orientación sexual, condición de uso de sustancias y vinculación laboral”.

Iván Chanis Barahona, director ejecutivo de Fundación Iguales, dijo en entrevista que le hicimos que este estudio: “es prueba indudable de la profunda deuda para con un sector de nuestra población. Panamá no es una democracia plena cuando se evidencia que un 23 % de la población trans come solo una vez al día, que el 78 % sufre violencia policial y que el 73 % recibe ese mismo trato en el sistema de salud. Esa evidencia deja claro falencias administrativas del Estado panameño en el manejo de la dignidad de personas trans y de otras minorías que sufren de manera diferenciada múltiples discriminaciones. Se requiere, urgentemente, combatir la impunidad y la falta de castigo a los culpables y establecer compromisos de no repetición”.

Cuando se le preguntó a Barahona lo referente al marco legal en Panamá, manifestó que “todo el marco legal de Panamá se basa en la dignidad de toda persona, la protección del Estado sobre sus derechos humanos y la igualdad ante la ley. Estos son principios universales que están plasmados claramente en nuestra Constitución. El error ha estado en su interpretación por parte de algunas autoridades y personas, quienes han primado sus convicciones individuales, muchas veces conservadoras, en detrimento de una minoría históricamente discriminada. Así, nuestra propia jurisprudencia y sistema democrático establece que Panamá respeta y hace suyo el derecho internacional”.

Agrega que “es una contradicción profunda que nuestra Corte Suprema siga esta tradición jurídica en muchos temas, como recientemente en temas ambientales, pero que decida decir diametralmente lo contrario cuando se le solicitó declarar inconstitucional la ley que establece la prohibición al matrimonio civil de parejas del mismo sexo. Un sistema judicial serio no se permite esas obscenas contradicciones. Vemos también con igual preocupación la constante negativa del pleno de la Corte Suprema de Justicia en admitir para su consideración amparos de garantías y demandas de inconstitucionalidad que versan sobre temas que afectan de manera diferenciada a la población LGBTQ. En resumen, ante la ausencia de políticas públicas que reconocen derechos de personas LGBTQ+, existe una dependencia notable de las acciones de servidores públicos, donde hay unos que deciden sensibilizarse y ser garantistas, y otros que usan la función pública para excluir”.

Venus Tejada Fernández, fundadora y directora de la Asociación Panameña de Personas Trans (APPT), destaca que “las instituciones y el personal de dichas instituciones juegan un rol importante, pero la falta de voluntad para apoyar a las personas LGBTQ+ es evidente. Además, estas instituciones bloquean el desarrollo de nuestra población”. En cuanto al tema de las políticas públicas inclusivas, manifestó que “a través de ellas sí se puede disminuir la violencia, estigma y discriminación, siempre y cuando sea a través de leyes que sancionen a los que nos faltan por nuestra identidad, o expresión de género y por nuestra orientación sexual”. Respecto al papel que desempeñó liderando el estudio VED en mujeres trans, personas que usan drogas, gente que ejerce el trabajo sexual y hombres gay, indicó que “ya se están tomando acciones con reuniones con tomadores de decisiones y otros actores clave”.

En este punto es importante destacar que, en Panamá, la institución del Estado que se encarga de promover, proteger y defender los derechos humanos de todos los habitantes es la Defensoría del Pueblo. Para el director ejecutivo de Fundación Iguales, “la Defensoría es la instancia pública que primeramente representa la protección de personas que son vulnerables al irrespeto a sus derechos humanos. Investigan las denuncias, pero hace falta más insistencia a nivel de prevención, visibilización y abordaje de la discriminación”.

Por otro lado, para Iris Reyes, socióloga y oficial de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, ante la consulta de si llevan una estadística de las denuncias interpuestas por el colectivo LGBTQ+ ante la Defensoría del Pueblo, manifestó que: “Actualmente, no se ha especificado una cifra exacta o consolidada públicamente sobre la cantidad de denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo por parte de personas LGBTQ+. Sin embargo, la institución ha recibido múltiples reportes y quejas, especialmente de organizaciones trans, como Hombres Trans-Panamá (HTP) y la Asociación Panameña de Personas Trans (APPT), entre 2020 y 2021. Estos reportes dieron pie a la apertura de expedientes formales, en algunos casos como peticiones y en otros como quejas, lo que evidencia una gestión activa en la documentación de vulneraciones”.

En cuanto a la promoción de políticas públicas por parte de dicha entidad, destaca que “La Defensoría ha impulsado acciones para atender estas problemáticas, entre ellas:

Firma del Convenio para la creación del Observatorio Nacional de Derechos Humanos de la Población LGBTIQ+ (8 de febrero de 2023), con el objetivo de monitorear y analizar las violaciones de derechos humanos, y fomentar políticas públicas inclusivas. Esta instancia busca recolectar y sistematizar datos (cuantitativos y cualitativos) sobre discriminación, crímenes de odio y vulneraciones institucionales; para luego articular recomendaciones dirigidas a ministerios como Mides, Mingob, Minseg, entre otros.

Talleres de formación y sensibilización a funcionarios públicos, incluyendo Policía Nacional, Ministerio de Salud y jueces de paz, entre otros”.

Respecto al tema de la recopilación de datos sobre la población LGBTQ+, la socióloga expuso que “la recopilación de datos desagregados por orientación sexual e identidad de género sigue siendo limitada en Panamá. No existen aún estadísticas oficiales centralizadas que reflejen de forma clara la situación de la población LGBTQ+”.

Sin embargo, como avance significativo, la creación del Observatorio Nacional de Derechos Humanos LGBTIQ+ representa un primer paso hacia la sistematización y análisis de datos sobre discriminación, violencia y acceso a derechos.

Además, mediante alianzas con organizaciones como Fundación Iguales, Asociación Nuevos Horizontes, Panamá Inclusivo, y el apoyo de la sociedad civil, Wigudum, entre otras firmantes y adherentes del observatorio, se busca generar evidencia útil para el diseño de políticas públicas.

Sin embargo, no hay todavía cifras “oficiales” consolidadas, pues el Observatorio se encuentra en fase inicial de operacionalización y construcción de un sistema estadístico robusto, en virtud de que se consolidó en un primer momento su estructura de funcionamiento.

Creemos necesario y fundamental publicar informes periódicos con cifras y análisis sobre denuncias LGBTIQ+, así como implementar brigadas móviles de atención y sensibilización, especialmente en áreas fuera de la capital.

También se hace imperante mantener y ampliar el apoyo al Observatorio, con financiamiento y personal técnico; así como promover la capacitación continua del personal estatal, en colaboración con la Defensoría como referente técnico.”

Ante este escenario y los diversos estudios señalados que dan fe de que la comunidad LGBTIQ+ carece de políticas públicas inclusivas y de mecanismos que garanticen y salvaguarden sus derechos fundamentales, nos queda hacernos la siguiente pregunta ¿realmente las instituciones que se encargan de representar y velar por los derechos de las personas cumplen con su labor? En cuanto a cuestiones de derecho, la norma es de manera general, sin hacer ningún tipo de distinción, pero es imperativo manifestar que nos encontramos ante una población que, además de ser vulnerada en sus garantías fundamentales mínimas, es víctima de un sistema que no les permite el desarrollo de una vida de manera digna y plena.

Las voces coinciden: sin datos, no hay visibilidad. Sin visibilidad, no hay políticas. Sin políticas, no hay derechos.

El llamado es claro: publicar informes periódicos, financiar y fortalecer el Observatorio, ampliar las brigadas de atención en las provincias, y formar continuamente a los funcionarios públicos. La ausencia de estos mecanismos condena a una parte de la población a la marginalización. Los hechos, hasta ahora, sugieren una deuda pendiente. Y no solo legal; también humana.