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La rebelión de los inquilinos: así estalló la huelga que sacudió Panamá en 1925
- 12/10/2025 00:00
Hace un siglo, familias panameñas se negaron a pagar alquileres abusivos. La protesta, liderada por la Liga de Inquilinos, terminó en una brutal represión y cambió para siempre la relación entre el Estado y los trabajadores urbanos
En octubre de 1925, barrios obreros de la Ciudad de Panamá y Colón se convirtieron en el epicentro de un conflicto que sacudió la joven república: miles de trabajadores y familias declararon la huelga inquilinaria, una movilización masiva contra el alza de los alquileres que terminó en represión, heridos y cambios institucionales parciales que marcaron la política urbana de la época.
El movimiento —organizado por la emergente Liga de Inquilinos y Subsistencia, vinculada al Sindicato General de Trabajadores— fue la expresión más clara hasta ese momento del descontento social acumulado en la primera década republicana.
Las raíces del conflicto fueron legales y económicas. En febrero de 1925 el Estado aprobó la llamada Ley No. 29, que, indirectamente, facilitó incrementos en los costos de la propiedad y despertó la especulación inmobiliaria; muchos propietarios respondieron elevando entre un 25% y un 50% los alquileres de cuartos y viviendas que acogían a la mano de obra urbana.
La escasez de vivienda digna, el hacinamiento en los “cuartos de madera” y la precariedad de salarios explican por qué la medida impactó con tanta dureza en los sectores populares.
Organización y estallido: la Liga y la huelga general
Durante la primera mitad de 1925 se consolidó la Liga de Inquilinos y Subsistencia, con apoyo de sindicatos y agrupaciones obreras.
La Liga articuló un llamamiento a la resistencia colectiva: boicotear pagos, organizar asambleas y coordinar paros en solidaridad con los arrendatarios afectados.
El 1 de octubre comenzó la huelga de pagos, que rápidamente encontró eco entre carniceros, panaderos, chóferes y trabajadores del tranvía, transformándose en una huelga general urbana que paralizó partes importantes de la vida cotidiana.
El 12 de octubre de 1925 quedará grabado en la memoria popular. Ese día, una gran concentración en el parque de Santa Ana terminó en enfrentamientos con la policía.
Testimonios y crónicas de la época relatan una intervención policial y militarizada en la que se registraron al menos varias muertes y numerosos heridos; la presencia de tropas estadounidenses (la 33rd U.S. Infantry) para “restablecer el orden” hizo visible el peso de la presencia norteamericana en el istmo y generó además un fuerte reclamo nacionalista entre los manifestantes.
Represión, acusaciones y deportaciones
La reacción del Estado fue vigorosa: detenciones masivas, juicios por “delitos contra la patria” para algunos dirigentes y, según fuentes gubernamentales y periodísticas posteriores, deportaciones de extranjeros y activistas considerados agitadores.
La justicia superior exoneró en su momento a la policía por las muertes, pero el saldo político fue la estigmatización de líderes sindicales y el estrechamiento de las libertades de organización en ciertos sectores.
A la vez, la movilización demostró la capacidad de articulación de los inquilinos y el alcance social de sus reivindicaciones.
Pese a la represión, la huelga produjo ciertas respuestas institucionales: se creó una comisión de reclamos de alquileres con el fin de mediar entre inquilinos y propietarios, y el presidente Rodolfo Chiari intentó imponer medidas paliativas para calmar la agitación.
Sin embargo, muchos historiadores coinciden en que esas medidas fueron insuficientes y que, en ausencia de una política habitacional expansiva, la presión sobre los arrendamientos persistió durante años, provocando una reedición del conflicto en 1932.
En términos simbólicos, la huelga mostró por primera vez el poder de movilización urbana en masa y dejó una impronta en la memoria política panameña.
Voces de la ciudad: demandas y condiciones de vida
Las demandas de los huelguistas eran directas y de sentido común: reducción de alquileres, prohibición de desalojos arbitrarios y mejores condiciones de higiene en las viviendas.
Los pagos de arrendamiento absorbían una porción inmensa del salario de los trabajadores; las viviendas, además de pequeñas, carecían de servicios sanitarios adecuados, lo que aumentaba la vulnerabilidad ante enfermedades.
La organización obrera leyó esa realidad como un problema de justicia social ligado a la concentración de la renta urbana en manos de propietarios emergentes y de una oligarquía local que, según columnas y análisis contemporáneos, se benefició de la coyuntura económica tras la construcción del Canal.
Reacción internacional y el papel de Estados Unidos
La intervención de tropas estadounidenses no fue un hecho aislado: en la década posterior a la separación de Panamá de Colombia, la presencia militar y administrativa de EE. UU. en la Zona del Canal tenía efectos políticos directos en la república.
La llegada de soldados para apoyar el control del orden público fue interpretada por muchos sectores como una muestra del carácter semicolonial de la soberanía efectiva en el istmo, y alimentó el resentimiento que con el tiempo nutriría nuevas demandas de independencia política y social.
A un siglo de los hechos, académicos y periodistas han revisitado la huelga como hito fundacional del movimiento obrero urbano en Panamá, reevaluando la importancia del movimiento inquilinario, no solo como conflicto por la vivienda sino como episodio que articuló reclamos laborales, raciales y de ciudadanía en el joven país.
Estas relecturas insisten en que la huelga abrió espacios para la organización popular y dejó enseñanzas sobre la necesidad de políticas públicas de vivienda.
La huelga mostró por primera vez el poder de movilización urbana en masa y dejó una impronta en la memoria política panameña”.
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