¿Inavsión minera en Panamá?

PANAMÁ. Nadie se explica cómo. Pero las cifras lo dicen: las concesiones solicitadas y adjudicadas para la explotación minera representan 2. 333. 829 hectáreas del territorio panameño. Es decir, tres veces Panamá, cuya extensión es de 750. 000 hectáreas. La inverosímil situación fue dada a conocer ayer por Raiza Banfield, directora del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), en una rueda de prensa que tuvo lugar en la Defensoría del Pueblo, cuyo objetivo fue anunciar el compromiso de la Defensoría de exigir al Estado una moratoria con relación a la excesiva cantidad de concesiones para la exploración y explotación de minería metálica y de arena que se han adjudicado o se piensa adjudicar en el país.

Según las cuentas de Banfield, existen tres contratos adjudicados para la extracción de oro, plata y cobre, que otorgan en concesión 33,893 hectáreas y 12 contratos de exploración en 93,143 hectáreas que incluyen cuencas hidrográficas, comunidades pobladas y áreas protegidas como el Parque Nacional El Chagre. A su vez, se encuentran 148 solicitudes en proceso de evaluación dentro del Ministerio de Comercio e Industria, que representan 2,051,957 hectáreas, 7 solicitudes con estatus de borrador elegible que suman 78,323 hectáreas; 14 solicitudes declaradas elegibles con 113,330 hectáreas y 8 en trámite de contrato que representan 90,219 hectáreas panameñas, lo cual suma 2,333,829 hectáreas, es decir prácticamente tres veces el territorio panameño.

Ante lo que Banfield calificó como “silencio cómplice” por parte del presidente Martín Torrijos y su Gabinete, su organización decidió acudir a la Defensoría del Pueblo en busca de apoyo. En concepto de Banfield, los excesos en las concesiones están causando daños en la salud de los habitantes de las zonas aledañas por los minerales usados en la explotación, como cianuro, cobre y ácidos; generando enfermedades por contaminación de lagos; ocasionando muerte de peces e inundaciones por la devastación que produce la exploración.

Pocos beneficios

Durante su intervención Banfield sostuvo que, para agravar la situación, estos procesos de extracción y exploración minera no producen mayores beneficios económicos a las comunidades, pues en los contratos usualmente se exonera a las empresas del pago de impuestos por las exportaciones de los minerales y sólo pagan un 2% por regalías.

Entre las comunidades más afectadas se encuentran Petaquilla, Cañazas y Cerro Quema.

En respuesta a esta situación, la Defensoría del Pueblo, se comprometió con las comunidades campesinas e indígenas y con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), la Fundación y el Centro de Acción Social (CEASPA) y la Fundación Albatros a exigir al Estado la creación de una moratoria con relación a la excesiva cantidad de concesiones para la exploración y explotación de minería metálica y arena.

En la conferencia de prensa el defensor Ricardo Vargas calificó de débil la institucionalidad del gobierno y señaló que el Ministerio de Comercio e Industria del país desatiende las normas establecidas sobre el medio ambiente y otorga concesiones en las cuales no se realiza un estudio pertinente sobre el impacto y el daño que causan a las comunidades la explotación minera y de arena. “Se debe alertar y hacer llamados de atención por los riesgos serios y graves que generan los procesos de exploración, excavación y explotación minera que amenazan y ponen en peligro el ambiente y la salud de las personas, pues el desarrollo de la nación debe basarse y tener como eje principal el bienestar del ser humano”, aseguró Vargas.

Igualmente exigió del Estado una mayor transparencia en los procesos de concesión y resaltó la importancia de fijar políticas públicas en materia de minería, de acuerdo con los estándares internacionales y apegadas a los derechos humanos de las poblaciones involucradas.

Con relación a este tema anunció la elaboración de un informe técnico, que espera concluir para finales del presente mes, con un diagnóstico de la problemática y los efectos de la minería desde una perspectiva humana, con el fin de emitir recomendaciones y proponer soluciones al Gobierno.

Las organizaciones ambientales, por su parte, anunciaron una serie de manifestaciones en los próximos días, con el fin de obtener un pronunciamiento de la Presidencia.