Los asesinos de la década

Panamá ha tenido fama de ser un país apacible y agradable. Sin embargo, en los últimos diez años, la tranquilidad que atraía a propios y extraños ha ido desapareciendo paulatinamente y un aire de inseguridad e incertidumbre se ha ido apoderando de los habitantes del país. Asaltantes y asesinos acechando por las calles, un jarabe para la tos que se convirtió en brebaje de muerte, un paseo en helicóptero transformado en una trampa mortal que sacudió a dos países, un viaje sin retorno envuelto en llamas fruto de la irresponsabilidad de los transportistas y negligencia en forma de radiación marcaron la década que termina como una de las más trágicas en la historia de Panamá.

El fenómeno del sicariato ha tenido en los últimos diez años un crecimiento sin precedentes en Panamá. Las cifras son contundentes. En el 2003 hubo 338 homicidios de los cuales 193 fueron con armas de fuego. Cinco años después, en 2008, la cifra se había duplicado a 654, más del 70% con este tipo de armas.

Lo escalofriante es que hasta el 16 de noviembre de este año, los homicidios ya contabilizaban 677, en el 75% de los casos con armas de fuego. Un promedio de 60 mil delitos por año se registraron en la República de Panamá entre 1999 y noviembre de 2009. La cifra revela que el uso de la violencia y las armas de fuego ha ido en un vertiginoso y peligroso ascenso.

Frente a este fenómeno, los últimos tres gobiernos han ensayado diferentes políticas de seguridad. Durante la administración Moscoso, se aprobó el documento denominado “Fundamentos de la Política de Seguridad Panameña”. El documento incluyó la creación del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, y el establecimiento del Servicio Marítimo y el Servicio Aéreo Nacional; todo esto, sin embargo, no sirvió de mucho en el plano doméstico, donde la delincuencia se hizo presente en modo alarmante, tanto, que en los últimos meses de su presidencia, Moscoso promulgó la llamada “Mano Dura”, que trajo consigo más críticas que efectividad en la gestión.

Cuando Martín Torrijos llegó al poder, la delincuencia bajó un poco su tono, pero al igual que Moscoso, las normas existentes no resultaron efectivas en el combate contra la delincuencia doméstica. Se emitieron leyes que aumentaron las penas máximas hasta 50 años de cárcel, se creó el Servicio Nacional Aeronaval (uniendo las partes de mar y aire en una sola entidad). Sin embargo, y muy similar a lo ocurrido con Moscoso, la administración Torrijos terminó dejando un elevado índice de criminalidad

Ante el escaso éxito de sus antecesores, Ricardo Martinelli ofreció al llegar a la presidencia implementar una estrategia de seguridad nacional que lograra controlar el fenómeno. Para ello el actual gobierno puso en marcha el plan “Calles Seguras”, que está en desarrollo. Parte de ese plan son las 11 estaciones navales que se abrirán en los próximos meses, con el apoyo de los Estados Unidos. Se ha dotado de un presupuesto alto al Ministerio de Gobierno y Justicia, para construir centros penitenciarios, además de establecer una cuantiosa inversión en equipos para custodia policial.

Asesinos sobre ruedas

Antes del viernes 12 de junio de 2009, a Zunilda Zárate le tomaba casi 10 minutos caminar desde su casa hasta la Iglesia Evangélica donde asiste en Felipillo. Pero el recorrido, le toma hoy al menos una hora más. "Mi vida cambió por completo", expresa la mujer de 38 años de edad, sentada en la sala de su casa con una andadera que la espera frente a ella.

El giro ocurrió en cuestiones de segundos cuando el bus en que viajaba Zunilda fue embestido por otro que hacía la ruta Corredor- Felipillo.

Como Zunilda, más de cien mil personas han sido víctimas de accidentes de tránsito en la última década en Panamá. Según estadísticas de la Contraloría General de la República, 101,953 personas han resultado heridas en accidentes de tránsito entre 1999 y 2009.

Entre los accidentes que más han impactado a los panameños están el del 23 de octubre de 2006, cuando 18 personas entre niños, jóvenes y ancianos, murieron calcinados en el "bus de lujo" 8B-06 de la ruta Mano de Piedra-Corredor. Cerrando la década, el 13 de agosto de 2009, 25 personas murieron mientras intentaban llegar a sus hogares en el sector de Las Garzas de Pacora cuando un camionero alcoholizado intentaba rebasar un carro 4 X 4 y chocó de frente contra ellos.

"Pudo ser peor" se reconforta Zunilda, en medio de su compleja situación. Y tiene razón, 4,643 personas que murieron en los 380,472 accidentes de tránsito que ocurrieron en la década, nunca pudieron decir qué les pasó. Las cifras señalan ésta como la segunda causa de muerte en Panamá. La imprudencia, la velocidad exagerada, el desorden, la ingesta de alcohol, los buses colectivos en mal estado y la poca exigencia de las autoridades subyacen detrás de este fenómeno que se ha convertido quizás en el mayor asesino de la década. Sólo en los primeros 11 meses de 2009 se cuentan ya 150 víctimas por atropello y otras 253 por colisiones y vuelcos.

EL JARABE DE LA MUERTE

Entre abril y octubre de 2006 en los hospitales de la Caja del Seguro Social (CSS) se empezaron a detectar en algunos pacientes síntomas extraños como fallas en los riñones, el sistema nervioso y parálisis generalizada que los dejaba casi sin respiración.

Varios de los pacientes murieron sin que los médicos se explicasen cómo ni por qué. Sólo varias semanas después se pudo identificar un denominador común en todos los casos: un jarabe para la tos que había sido preparado en los laboratorios de la Caja de Seguro Social tenía un componente químico llamado “dietilenglycol”, mezclado en el medicamento con consecuencias mortales. En principio las investigaciones confirmaron 43 muertos y decenas de afectados. En los meses siguientes la cifra de muertos subió a 119, y al final de la administración de Martín Torrijos, el total contabilizaba 184, aunque investigaciones del Ministerio Público hablaban de que la cifra podría ser aún mayor.

Las autoridades reconocieron que al menos 15.000 personas recibieron una receta para este medicamento, pero el número de víctimas difiere, según la institución. Para el Ministerio de Salud son 202 casos, para el Ministerio Público 184, y el Comité de Familiares y Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida habla de 3,002 afectados y 800 fallecidos.

El Estado pagó 6.2 millones de dólares en sumas desde 30,000 hasta 120,000 mil dólares como “ayuda humanitaria” a 202 afectados y los deudos de los fallecidos. Se espera que la Corte Suprema emita sentencia en relación con las demandas de un número plural de afectados; pero en agosto, el supremo tribunal, alegando inconsistencias en las investigaciones, solicitó al Ministerio Público replantear el proceso investigativo. Desde ese momento, han aparecido más de mil nuevos casos de supuestos afectados.

LA MÁQUINA FATÍDICA

E ntre agosto de 2000 y febrero de 2003 en el Instituto Oncológico Nacional (ION) fueron sobreirradiados en el área pélvica 28 pacientes con cáncer. Esta sobreexposición fue superior entre un 50 y un 100% al nivel de dosis de radioterapia recomendada “Un accidente único”, según expertos de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), que viajaron a Panamá para investigar la tragedia.

En 2001 murieron las primeras veinte personas por causa del jarabe envenenado, y ya en 2005 habían fallecido 23 pacientes y en 2007 quedaban solo 4 sobrevivientes.

El Consejo Técnico de Salud fue sancionado por la tragedia. La entidad, a su vez, decidió sancionar a 12 funcionarios del ION, entre físicos, médicos radioterapeutas, radio-oncólogos y técnicos en radioterapia.

El Ministerio Público ordenó indagatoria a tres funcionarios del ION, a quienes se les formuló cargos penales por negligencia en el desempeño de sus funciones. Al final, dos radiólogos fueron condenados a cuatro años de prisión.

EL HELICÓPTERO MORTAL

Una de las tragedias que más impactó a los panameños en esta década se produjo en el propio centro de la capital panameña. Una falla en el motor del helicóptero SAN-100 del Servicio Aeronaval produjo la muerte de cinco panameños y seis carabineros chilenos.

El único sobreviviente fue el copiloto, Ernaldo Carrasco.

El informe de la Autoridad de Aeronáutica Civil determinó que hubo un manejo "inadecuado" por parte del piloto y Panamá pagó más de 8 millones de dólares a los familiares de las víctimas. Sin embargo aún hay sombras de duda sobre lo que realmente ocurrió. El accidente puso sobre el tapete el tema de las deficiencias en el mantenimiento y seguridad de los vehículos oficiales, especialmente los utilizados para el transporte aéreo. Con colaboración de Julio Alfaro,Carlos Atencio e Irma Rodríguez Reyes.