Piden regular Airbnb en Panamá

Desde 2008 es posible acceder a una oferta gigantesca de alojamientos para cualquier bolsillo a solo un click. Con el nacimiento de Airbnb, una plataforma estadounidense que surgió como startup y hoy ha logrado una expansión considerable en todo el mundo, se han abierto nuevas posibilidades para el turismo.

Panamá no escapa de ello. En provincias como Chiriquí, Coclé y Bocas del Toro es frecuente ver opciones atractivas por su ubicación y confort a costos muy asequibles. Desde cabañas y departamentos, hasta villas o habitaciones, muchas incluso, pet friendly y en lugares exóticos por su potencial turístico.

Para agosto de 2018, según información reseñada en La Estrella de Panamá, la plataforma había gestionado cerca de 79,000 hospedajes en el territorio nacional. Un escenario en el que se han dado diferentes acercamientos con el Gobierno para establecer un marco regulatorio que les permita pagar impuestos al Estado.

En la actualidad, ciudad de Panamá se encuentra bajo una norma (Ley 80 de 2012) que no permite la comercialización de plataformas para hospedaje, por estancias menores a los 45 días, a diferencia de otros lugares del país.

En aquel entonces, durante el conversatorio 'Los negocios digitales en la economía panameña', organizado porla Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AmCham), Carlos Muñoz, directivo de Airbnb en América Central y el Caribe remarcó que llevaban tres años a la espera de concretar un acuerdo de regulación con el Gobierno para el pago de impuestos, de manera que, “al igual que los hoteles”, compartir datos y promover a Panamá como destino.

Ernesto Orillac, presidente de la Cámara de Turismo, comentó a este diario que Airbnb debe operar dentro de un marco regulatorio. “Eso implica el pago de impuestos y cualquier otro tema que requiera la ley para competir de manera justa ante los diferentes proveedores de servicios, en este caso, los hoteles”, dijo.

El ejecutivo explicó que “cuando se regula, no se permite o se restringe de alguna forma la entrada de plataformas como esta, hay que tomar en cuenta la oferta que hay en el lugar y la demanda que existe”.

“En el istmo hay muchísima oferta hotelera en la ciudad. Y para agregar una plataforma adicional, habría que analizarlo muy bien. Hay criterios encontrados”, dijo.

“Estamos atravesando una crisis en materia de ocupación hotelera, lo que ha afectado al turismo en general porque ha habido un descenso en el flujo de pasajeros”, explicó.

Para Orillac, debe abrirse una discusión sobre el tema. “La restricción de la plataforma en Panamá solo se limita al perímetro de la capital, es decir, fuera de esta, aunque no está reglamentada, se usa sin ningún impedimento legal”.

Consideró que la competencia en el sector debe darse en igualdad de condiciones. “No puedes tener un Airbnb que no paga impuestos sobre el negocio que desarrolla”.

“Es importante reunirse con todo el sector a través de la Autoridad de Turismo y estudiar el caso, porque definitivamente hay una afectación”, planteó.

“Cuando se creó la ley que protege al sector hotelero en ciudad de Panamá, había un número importante de hoteles piratas. Hoy existe en el mercado una gran cantidad de empresas al margen de la legislación. Cuando se abra la discusión, habrá que tomar en cuenta todo esto y fiscalizar”, indicó.

De acuerdo con el presidente de la Cámara de Turismo, a través de encuentros previos con representantes de Airbnb, la empresa ha presentado sus propuestas para trabajar en el sector. “Ha sido un acercamiento positivo y creemos que se debe generar una discusión para buscar la manera en la que puedan regularse y tener una penetración en el destino”.

La plataforma fue fundada en San Francisco, Estados Unidos, en 2008, por Brian Chesky y Joe Gebbia, quienes idearon ofrecer hospedaje en su vivienda a visitantes foráneos. Hoy es un gigante que tiene 700 millones de usuarios en el planeta, incluyendo Cuba, con un mercado de alojamientos que brinda acceso a más de 6,000,000 de espacios únicos en cerca de 100,000 ciudades y 191 países.

Los usuarios de la plataforma pagan una comisión del 12% sobre el monto del arrendamiento. Tanto huéspedes como anfitriones son verificados y evaluados antes de autorizar la participación en este modelo de turismo.

Basta con descargar el app y registrarse, para lograr el acceso a decenas de propiedades cuya estadía es ofertada a precios muy por debajo de la media en hoteles de rango medio y alto, en el país.

Sobre esta materia, Samuel Moreno, presidente del Colegio de Economistas, afirmó que la globalización y la complejidad que suponen las nuevas tecnologías, pueden beneficiar y también impactar negativamente el ecosistema en el que operan.

“Este tipo de plataforma de economía colaborativa, en Panamá, es ilegal. La industria que abarca los hospedajes en el país cumple con requisitos fiscales y sanitarios. Deben tener un aviso de operación, declarar renta, pagar impuestos, generar empleos. Aunque Airbnb podría generar una actividad económica, con clientes que ofrecen un servicio a turistas o locales a un precio por debajo de lo que podría ofrecer una cadena hotelera, se trata de un tema que debemos mirar con lupa y cautela”, dijo.

En ese contexto, “esperaría que hubiese una regulación real y que el fisco adquiriera ingresos adicionales”, afirmó.

Ursula Kiener, vinculada de manera activa al sector turismo desde hace más de una década, aseguró que el concepto de plataformas como Airbnb no es nada novedoso.

“Antes de que surgieran las cadenas hoteleras modernas, la gente se alojaba en posadas. Quienes tenían habitaciones adicionales en sus casas, las convertían en pequeños alojamientos y empleaban estos ingresos como sustento”, comentó.

“Lo único que ha cambiado es el uso de la tecnología que lo ha hecho mucho más fácil. Airbnb es un sistema súper democratizado porque cualquiera puede tener nuevos ingresos”, remarcó.

En Panamá, explica, “el problema es que al no estar regulada, perjudica a los hoteleros. Hay gente que ya está acostumbrada a viajar bajo este estilo; algunos lo aman y otros lo odian. Unos quieren la comodidad de un hotel y otros no tienen presupuesto y prefieren un hostal”.

“El mercado está muy dividido hoy día. Hay tantas opciones. Al no tener esto regulado, reducimos fondos de la capacidad de promoción del Gobierno”.

Kiener aseguró que también hay un descontrol en materia de calidad. “Los Airbnb deberían cumplir con requisitos mínimos, como póliza de incendio, extintores, fumigaciones. Tienes que mantener una propiedad para que cubra el estándar del turista porque, de lo contrario, quedan muy mal el destino y el país”, enfatizó.

Héctor Gólcher, expresidente de la Federación Centroamérica de Pequeños Hoteles (Fecaph), argumentó que los alojamientos que ofrece Airbnb son hospedajes clandestinos. “Lo que queremos es que se cumplan las reglas de nuestro país”.

“La ATP debe aterrizar y reunirse con los gremios involucrados, como la Cámara de Turismo, la Asociación Panameña de Hoteles y la Red Nacional de Cámaras de Turismo en el territorio nacional”, concluyó.

En Costa Rica, según datos de la revista Summa, durante 2018 los anfitriones de Airbnb recibieron a más de 524,000 huéspedes, aportando de manera significativa a la economía local.

Aun frente a ese escenario, en 2019 el Gobierno del país vecino, a través de un proceso legislativo, aprobó en segundo debate la 'ley marco para la regularización del hospedaje no tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales', una medida que ha causado polémica, disputas y la preocupación por parte de los usuarios.

La ley exige a los prestatarios del servicio inscribirse ante el Instituto Costarricense de Turismo como requisito ineludible para desarrollar la actividad, de lo contrario, ello constituye el “funcionamiento ilegal del servicio”.