Brasil, la crisis propagada por una gestión tardía

Luego de un año del inicio de la pandemia, Brasil se ha destacado como el segundo país con más decesos causados por la covid-19, con más de 390 mil fallecidos hasta el 26 de abril, solo por detrás de Estados Unidos (572,201 decesos), según cifras de la Universidad John Hopkins.

Hambre, falta de apoyo económico y crisis de seguridad social son algunos de los fuertes síntomas que azotan al país sudamericano tras presenciar el fracaso del plan del presidente Jair Bolsonaro de evitar políticas públicas de salud para “no afectar la frágil economía de la nación”.

La realidad del país con mayor población de Sudamérica (211 millones de pobladores) deja en evidencia una sociedad resquebrajada por una gestión tardía e inconsistente frente a los azotes del SARS-CoV-2, con mayor hambruna en las calles, descenso en la asistencia de estudiantes y aumento del desempleo.

“Cuando la gente me pide que haga una metáfora, digo que para mí es como Chernóbil o Fukushima, un reactor nuclear, pero uno biológico, que está fuera de control en una reacción en cadena”, expresó al medio británico BBC Mundo el neurocientífico y profesor de la Universidad de Duke (EE.UU.), Miguel Nicolelis, quien reside en Sao Paulo.

La reacción en cadena que señala Nicolelis se vislumbra en la afectación dentro del tejido social del país dirigido por Bolsonaro, que se ha visto sumido en muertes, más de 14 millones de casos activos de contagio, una economía en desgaste sin proyecciones de estabilización y un sistema de salud al borde del colapso. Según el experto, la debilidad de Brasil frente a la covid-19 se debe a tres pilares fundamentales: “La falta de liderazgo gubernamental, la ignorancia (del gobierno) y la confianza en noticias e información falsa o el negacionismo científico”, como señaló a BBC.

En las calles de Brasil el hambre está presente en las esquinas de las tiendas cerradas, las plazas decoradas con mantas y tiendas de acampar habitadas por personas que han quedado sin hogar durante el último año, y en los semáforos y aceras, donde niños y jóvenes que ya no asisten a las escuelas se dedican a mendigar dinero o alimento para ayudar a sus familias.

La Red Brasileña de Investigación sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional llevó a cabo la 'Encuesta Nacional de Inseguridad Alimentaria en el Contexto de la Pandemia Covid-19 en Brasil' con el apoyo del Instituto Ibirapitanga y una alianza con ActionAid Brasil, FES-Brasil y Oxfam Brasil, en la cual se destacó la falta de apoyo alimentario que enfrenta el país. La muestra se realizó en 2 mil 180 hogares de las cinco regiones del país, entre el 5 y el 24 de diciembre de 2020.

Los resultados generales arrojaron que en los tres meses previos a la recolección de datos, solo el 44,8% de los hogares tenía a sus residentes en situación de seguridad alimentaria. Esto significa que en el 55,2% de los hogares, los habitantes viven con inseguridad alimentaria, un aumento del 54% desde 2018 (36,7%). Asimismo, en el periodo que se llevó a cabo la encuesta, 116,8 millones de brasileños no tenían acceso pleno y permanente a los alimentos. De ellos, 43,4 millones (20,5% de la población) no tenían suficientes alimentos (inseguridad alimentaria moderada o grave) y 19,1 millones (9% de la población) pasaba hambre (inseguridad alimentaria grave).

Esto se ha magnificado a través del incremento del desempleo, que arrastró a más de 8 millones de pobladores a una pobreza extrema en menos de un año, aumentando la tasa de desempleo a un 14%, según cifras oficiales del Instituto de Geografía y Estadística de Brasil. Además, la conocida condición de pobreza entre las poblaciones rurales, ya sean agricultores familiares, quilombolas, agricultores indígenas o ribereños, “tiene un impacto importante en las condiciones de seguridad alimentaria”, indica el informe oficial, “en estas áreas el hambre demostró ser una realidad en el 12% de los hogares”.

En los datos de 2020 de la encuesta VigiSAN, el 11,1% de los hogares encabezados por mujeres pasaba hambre, frente al 7,7% cuando la persona de referencia era un hombre.

En cuanto a la raza negra, el 10,7% de habitantes tenía inseguridad alimentaria severa, mientras que en hogares de habitantes de raza blanca, el porcentaje bajó a 7,5%. De igual forma, en hogares donde la persona de referencia carecía de educación más allá de la primaria, se indicó una inseguridad alimentaria del 14,7%, aquellos con educación primaria completa presentaban un 10,7% y en hogares con personas con educación secundaria o superior se desplomó a 4,7%.

El mosaico social del país también ha dejado un mal sabor frente a las autoridades internacionales que liberan de culpa a la población general, pero depositan la responsabilidad en la falta de estrategia y dirección clara por parte del gobierno en la lucha contra la infección del nuevo coronavirus. “A pesar de que tenemos un sistema nacional de salud pública que es bastante bueno, el gobierno nunca lo aprovechó para financiarlo y fortalecerlo significativamente en medio de esta crisis”, expresó Nicolelis.

Las acciones por parte del Gobierno brasileño no se han acentuado únicamente en la falta de seguridad alimentaria, sino también de la seguridad de salud pública, ya que el enfoque de Bolsonaro se mantuvo por mucho tiempo en desdeñar las recomendaciones de los expertos en el sector sanitario, causando el despido del ministro de Salud Luiz Henrique Mandetta el 17 de abril de 2020, y ese mismo día se designó al oncólogo Nelson Teich, como titular de Salud.

Esto no duró mucho, ya que Teich presentó su renuncia ante el presidente tras un mes en el cargo, debido a enfrentamientos con Bolsonaro por el uso de medicamentos contra la malaria para tratar la covid-19 y el desacuerdo para la implementación de medidas de aislamiento social. Esto desencadenó una bola de desinformación por parte del mandatario, quien continuó negando la gravedad de la enfermedad y haciendo campañas abiertas en contra de las medidas de confinamiento en el país.

A raíz de esto, el Senado ha abierto una comisión parlamentaria de investigación (CPI) para halar las responsabilidades de Bolsonaro durante la pandemia. La investigación iniciada el pasado 13 de abril es el primer paso de la justicia brasileña para, posiblemente, responsabilizar a Bolsonaro por el exceso de daños provocados por la pandemia.

Sin embargo, el mandatario y sus aliados en el Parlamento lograron incluir gobernadores y alcaldes, lo que podría llegar a ser un desbalance en las decisiones más adelante.

Las acusaciones públicas hacia el presidente lo señalan como responsable de “estrategia institucional de propagación del virus”, como indicó un estudio realizado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Derecho Sanitario de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de São Paulo (USP) y la organización internacional Conectas Derechos Humanos, titulado 'Derechos en la pandemia: mapeo y análisis de las normas jurídicas que dan respuesta a la covid-19 en Brasil', y publicado primeramente a través del diario español El País a inicios de este año.

“La respuesta (del gobierno) federal (al virus) ha sido una combinación peligrosa de inacción y negligencias, incluida la promoción de la cloroquina como tratamiento a pesar de la falta de evidencia científica”, según describió el pasado 14 de marzo la investigadora brasileña Marcia Castro, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard en la revista especializada Science.

La destitución y designación de diversos ministros de Salud también ha provocado una línea borrosa de planificación, siendo el actual titular Marcelo Queiroga, cuya propuesta era acelerar el proceso de vacunación, sin embargo, tras un mes de su gestión se ha vacunado a un 5,3% de pobladores (11,2 millones), un porcentaje muy bajo considerando el acelerado número de muertes recientes en el país.

Pese a que los expertos han indicado desde el Instituto de Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington que el virus “está en camino de matar” a más de 88 mil personas en Brasil hasta principios de agosto, Bolsonaro ha subrayado la apertura de gimnasios y salones de belleza como “esenciales” para la población. Así mismo, tachó de “absurdas” y “cobardes” las cuarentenas, confinamientos y toques de queda que intentan implementar algunos gobernadores de regiones principales del país.

Aunque no ha destacado ningún plan de acción para evitar que aumente el nivel de hambruna en el país, Bolsonaro señaló que utilizará a las Fuerzas Armadas si en algún momento “tenemos problemas” con las personas en las calles por el hambre. “Si yo lo decreto, eso será cumplido. Nuestras Fuerzas Armadas sí pueden ir a las calles un día, dentro de las cuatro líneas de la Constitución, para hacerse cumplir el artículo quinto de la carta magna”, que se refiere a las libertades individuales, sostuvo Bolsonaro en una entrevista en la cadena televisiva A Crítica transmitida la noche del 23 de abril, y añadió que, sin embargo, no puede “extrapolar”, pero aseguró que ya lo ha “discutido con sus 23 ministros”, según recopiló DW.

“Hemos conversado sobre ello; qué hacer en caso de que un caos generalizado se implante en Brasil por el hambre; por la forma cobarde como algunos quieren imponer esas medidas, con ciertas medidas restrictivas para que el pueblo se quede dentro de casa”, subrayó el gobernante. Para el pueblo, la llegada de las vacunas es un grito de auxilio para, de alguna manera, frenar el contagio, aunque las autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han dictaminado que no será la única herramienta que se necesitará.

“Es necesario que las vacunas se interpongan en el camino de estas cosas”, dijo William Hanage, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard al diario The New York Times, “la inmunidad que se obtiene con los cementerios abarrotados, ni siquiera eso será suficiente para protegerse”. El peligro de la variante brasileña P.1. también es un golpe, no solo para la nación, sino para el resto de la región que ya ha hallado la cepa en sus aeropuertos.

La cepa, que es aún más contagiosa que el virus salvaje que rondaba el país en 2020, es una de las 92 variantes que el instituto brasileño de salud pública Fiocruz ha determinado en los últimos meses. La P.1 se expandió desde la región del Amazonas, donde cientos de afectados recurrieron a los hospitales desencadenando un déficit de oxígeno para distribuir y causando la muerte por asfixia de decenas de personas, según recopiló The New York Times.

Anderson Brito, virólogo brasileño de la Universidad de Yale, dijo al medio estadounidense que solo su laboratorio “ha secuenciado casi la mitad de los genomas de coronavirus que tiene todo Brasil”. Mientras que en Estados Unidos se ha realizado la secuenciación genética de aproximadamente uno de cada 200 casos confirmados, en Brasil se ha secuenciado uno de cada 3 mil, aportó el medio.

La crisis de las vacunas es un terreno que fue preparado por la falta de estrategias y campañas de inoculación, y pese a los mejores esfuerzos del personal de salud, menos de la mitad del país continúa sin tener acceso a una dosis de vacuna Pfizer. “Deberíamos vacunar a más de un millón de personas al día”, explicó Margareth Dalcolmo, neumonóloga de Fiocruz al medio estadounidense. “Esa es la verdad. No lo estamos haciendo, no porque no sepamos cómo hacerlo, sino porque no tenemos suficientes vacunas”.

Para Ester Sabino, investigadora de enfermedades infecciosas de la Universidad de São Paulo que se encuentra entre los principales expertos en la variante P.1., la situación de Brasil es “un llamado de atención a otros países” y a poner más esfuerzo en la vacunación. “Puedes vacunar a toda tu población y controlar el problema solo durante un corto periodo de tiempo si, en otro lugar del mundo, aparece una nueva variante”, dijo.