El Pacto del Bicentenario se prepara para dar luz verde a los diálogos nacionales

El pasado 3 de junio la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) hizo un recorrido por los medios para actualizar en torno a los procesos llevados a cabo como parte de la tercera fase del Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas, cuya finalización está prevista para finales de agosto (presentación de los resultados a inicios de septiembre) con el consecuente inicio de la fase de mesas nacionales.

La coordinadora ejecutiva nacional, Paulina Franceschi, y los miembros del consejo consultivo Samuel Lewis Navarro y Enrique de Obarrio explicaron la importancia de la participación cívica en la plataforma recopiladora de propuestas, Ágora.

Más de 186 mil propuestas fueron tomadas en consideración en este contexto, dejando más de 175 mil propuestas originales dentro de la lista oficial de soluciones a problemáticas regionales y de alcance nacional.

Los miembros del consejo consultivo explicaron que los ciudadanos que hayan enviado sus propuestas y deseen conocer el estado de estas podrán ingresar a su cuenta en la plataforma (agora.gob.pa) con su número de identificación para tal fin.

“Estas propuestas vienen de la realidad de los ciudadanos como soluciones a sus problemas y la realidad en la que viven”, comentó Franceschi, “y las personas que trabajan depurando las propuestas hacen un ejercicio cívico, con un grado de compromiso personal y deseo de aportar hacia un mejor país y una mejor sociedad”.

Se han delegado más de 44 comisiones a nivel regional con facilitadores y coordinadores capacitados y recomendados por la Asociación Nacional de Profesionales de Recursos Humanos de Panamá (Anreh), quienes debaten y analizan junto con los voluntarios ciudadanos las diversas propuestas a temas que aquejan a la región occidental (Chiriquí, Bocas del Toro, comarca Ngäbe-Buglé), oriental (Darién, comarca Emberá-Wounaan y comarca Guna Yala), central (Veraguas, Los Santos, Coclé, Herrera) y Transístmica (Panamá, Colón y Panamá Oeste).

Al entrar en la cuarta fase, Lewis indicó que se trabajará con 12 mesas nacionales que tocarán temas específicos y de mayor demanda, como la educación, el agro y el estado de derecho. Hacia el mes agosto se implementarán las mesas y se contará con líderes sociales a nivel nacional para el diálogo de las propuestas, además de que funcionarán paralelamente porque hay propuestas que “tienen alcance nacional”, y esos serán los insumos que se “utilizarán para llegar a un consenso nacional”, cuyos resultados se presentarán en un acuerdo firmado para el país y sus ciudadanos.

“En las 12 mesas no habrá nada excluido, porque estaremos viendo cómo solucionar problemas puntuales, como también temas de relevancia nacional como la lucha contra la corrupción, la impunidad, y otras que han nacido del proceso de pirámide invertida y que van en la dirección de la transformación de nuestro país en los puntos que a las personas les afectan directamente”, señaló Lewis, “incluyendo cambios que se deberán darse constitucionalmente, legislativamente, entre otros”.

Para de Obarrio, el pacto se encamina hacia una “renovación de pacto social”, que busca construir un entendimiento nacional del cual pueden resultar cambios constitucionales. “El pacto no busca hacer el cambio puntualmente, sino generar los insumos para dar impulso al mismo”, indicó, “y asumiendo que se consigan las 581 mil firmas y el Tribunal Electoral llame a la convocatoria para la asamblea constituyente, qué mejor insumo que las propuestas que salieron del pacto. Esta información es complementaria”.

“Los profesores de metodología se mantienen diariamente en un proceso de seguimiento con los coordinadores y facilitadores que son los líderes de las mesas de diálogo regionales”, comentó Franceschi, “para un proceso limpio y transparente”.

El Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas se presenta como un esquema de aportación ciudadana para los gobiernos actuales y futuros, según comentó Lewis. “Los resultados podrán ser parte de la agenda nacional, convirtiéndolo en un punto de presión ciudadana a los gobiernos y autoridades (locales, regionales y nacionales) que serán los responsables de llevar a cabo muchas de estas propuestas”.

De Obarrio añadió que el esquema creado para el pacto es una construcción social que “no tiene precedentes, es inédito y no existe en otros países de Centroamérica”, sin embargo, podría utilizarse como marcador futuro para que otras naciones “puedan emularlo en procesos de escucha ciudadana”.

“Las mesas nacionales tendrán un trabajo interesante para articular las soluciones propuestas y depurarlas”, dijo Franceschi, “y en nuestro mapa de indicadores podemos observar que las prioridades de las regiones son distintas a las de enfoque nacional, y que la primera brecha a solucionar en alcance nacional es la educación. Pero en otras regiones los temas de infraestructura y estado de derecho forman parte de las prioridades”.

Para los expertos, el proceso de recolección de propuestas fue muy atinado y las mesas regionales “empaquetan las soluciones” y analizan dónde están “las prioridades, cuáles son más valoradas y “qué se debe tomar en cuenta con urgencia. Tenemos una ruta clara de lo que debemos hacer para el bienestar del ciudadano, y el bienestar comienza al sentirse escuchado y es fundamental para nuestro proceso”, enfatizó la coordinadora, “durante la primera etapa comenzamos a construir confianza con la población al darle un espacio para ser escuchada y tomada en cuenta”.

“Esta carta de ciudadanía para soñar con tiempos mejores fue acogida por más de 200 mil panameños que participaron en la primera fase del proceso del pacto y que ingresaron a Ágora sus propuestas, de manera voluntaria y en libertad”, indicó Franceschi. “Fue el ciudadano que se representó a sí mismo, desde jóvenes y adultos, hasta hombres y mujeres, personas con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, entre otros, y en todo el territorio nacional”.

Según comentaron los miembros del consejo consultivo, muchas de las propuestas no son de una sola persona, sino de gremios y agrupaciones nacionales. “No son propuestas en crudo, sino que han sido analizadas y debatidas en algunas agrupaciones y eso ayuda más a la precisión de lo que plantean frente a las problemáticas”, comentaron.

“Este ha sido un ejemplo de la forma correcta del abordaje y método de debate de problemáticas que por mucho tiempo han sido relegadas e ignoradas y han generado inconformidades en las provincias”, puntualizó Lewis.

Según un cuadro de investigación realizado por la Senacyt, las propuestas de mayor prioridad a nivel regional se dividen en: agua (66 mil 609 propuestas) e infraestructura (6 mil 774 propuestas) en la región occidental, la infraestructura (936 propuestas) en la región oriental, infraestructura (8 mil 477 propuestas) y salud (6 mil 521 propuestas) en la región central e igual en la región Transístmica con 20 mil 261 propuestas sobre infraestructura y 12 mil 879 propuestas sobre salud.

Mientras que en las propuestas de alcance nacional se prioriza la educación con 10 mil 209 propuestas, seguida de la salud con 6 mil 465 propuestas y el sector agro con 5 mil 843 propuestas.

“Las autoridades deben conocer lo que el pueblo necesita y tomar valoraciones de sus propuestas”, agregó, “esperamos que a nivel nacional podamos tener consensos y mostrar al país 10-15 acuerdos estratégicos para Panamá y que se construya a corto plazo una realidad en apoyo con el Gobierno Nacional”.

Durante la visita, destacaron a los medios que las comisiones se reúnen cada semana los lunes, martes, jueves y viernes durante dos horas. Los miércoles se hacen sesiones de análisis de resultados semanales entre facilitadores y coordinadores. Para Lewis avanzar por el camino del pacto es un proceso de “construcción de la ciudadanía. Tendremos resultados contundentes producto de un gran consenso nacional, incluyendo a la clase política que debe traducirse en políticas públicas viables para solucionar las problemáticas y tener el apoyo de los gobiernos siguientes porque es una construcción a futuro”.

“Nuestro objetivo es que los resultados sean lo suficientemente contundentes, para que los actores políticos se vean obligados a cumplir y adquirir responsabilidad para dar cierre a los problemas que aquejan a la población desde hace décadas”, concluyó de Obarrio.