Infraestructura resiliente: puente del desarrollo social contra el cambio climático

Weikert Bicalho, autor de la publicación 'Infraestructura resiliente: un imperativo para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe', de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), detalla la articulación entre resiliencia, infraestructura y sostenibilidad para promover el desarrollo social y económico en América Latina y el Caribe (LAC).

La Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgos de Desastre (Undrr), define la resiliencia como la capacidad que tiene un sistema, una comunidad o una sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, en particular mediante la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas por conducto de la gestión de riesgos.

Esto permite aplicar el concepto de resiliencia a diferentes escalas de riesgo, como, por ejemplo: individuos, domicilios, comunidades, estados e instituciones. La Undrr indica que, en todos los casos, se requiere identificar el sujeto y el objeto del análisis. En otras palabras, es necesario determinar el sistema de análisis y el tipo de perturbación a la que está expuesto y a cuyos efectos se debe reaccionar.

Adicionalmente, la adopción del concepto de resiliencia exige que se identifiquen las capacidades, habilidades y tiempos de respuesta del sistema a determinada amenaza.

Weikert Bicalho fusiona dentro del documento la definición de Undrr y la infraestructura. Esto lo hace al explicar ampliamente el rol fundamental que cumple la infraestructura en el proceso de desarrollo resiliente, puesto que con una infraestructura adecuada es posible mejorar, ampliar y consolidar, la capacidad de los países de diversificar sus economías, expandir el comercio, responder al crecimiento demográfico, reducir la pobreza y mejorar sus condiciones medioambientales; inclusive de ella depende la implementación eficaz de políticas de desarrollo social y económico.

Según la Cepal, “la infraestructura se entiende como el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones –por lo general, de larga vida útil– que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios considerados necesarios para el desarrollo de fines productivos, políticos, sociales y personales”; de allí el hecho de que los países busquen el enfoque de la llamada infraestructura económica, que permita la realización de la mayor cantidad de infraestructura para obtener servicios para el desarrollo de las áreas como lo son redes de la infraestructura energética, de transporte, telecomunicaciones, agua potable y saneamiento.

Al tener redes de infraestructura se logra construir el elemento central de la integración del sistema económico y territorial de los países, dado que se propician las bases sobre la que interactúan los factores de producción, posibilitando las transacciones dentro de un espacio geográfico y económico determinado, y de este con el exterior.

Esto aunado a las necesidades de expansión del territorio, constituye un factor relevante que propicia la estructura económica de los países y de sus mercados, así como de los mecanismos concretos de articulación de las economías nacionales con la economía mundial; y por ende, es un vínculo necesario para que se desarrollen las sociedades.

La publicación de Weikert Bicalho indica que los efectos de la infraestructura en términos sociales, económicos y ambientales están contemplados como un eje transversal en todas las dimensiones del desarrollo sostenible, de allí que la Agenda 2030 estableció tres pilares del desarrollo sostenible inmersos y relacionados con la infraestructura.

En la Agenda 2030 se plantea que la reducción de costos logísticos y el mejor uso del factor de producción, la reducción del impacto ambiental y el uso de energía, y la movilidad accesible, eficiente, segura y sostenible lograrán darle sostenibilidad a los impactos económicos, ambientales y sociales, en los países.

No obstante, el análisis de la Cepal plantea que la brecha existente entre la sostenibilidad y la infraestructura depende de las economías de los países; así los países desarrollados estos suelen enfrentarse a desafíos vinculados al deterioro de la infraestructura por la antigüedad de sus activos, mientras que los problemas de las economías en desarrollo están más relacionados a la persistencia de una doble brecha de infraestructura: en cantidad y en calidad, culminando en la insuficiente e insatisfactoria provisión de servicios básicos en esos países.

En el Grupo de los Veinte (G20), sus miembros representan alrededor del 85 % del PIB mundial, más del 75 % del comercio mundial y alrededor de dos tercios de la población mundial.

La Cepal concluye en el documento que, los países de ingreso medio-bajo y medio-alto se distinguen, por el nivel de acceso a servicios como Internet, electricidad, y saneamiento; y que las economías más avanzadas, se diferencian de las demás no solamente por la universalización del acceso a muchos de los servicios básicos de infraestructura, sino por sus niveles más altos de calidad en dichos servicios.

En América Latina y el Caribe, las condiciones de interrupción en la cadena de valor de las economías son las condiciones meteorológicas adversas (52,1%), los cortes no planificados de telecomunicaciones o TIC (52,1%), los ciberataques y violación de datos (33,3%) y los Incidentes de salud y seguridad (22,9%).

Es decir, que para cerrar la brecha entre calidad y cantidad del servicio se requieren redes de infraestructuras resilientes por su capacidad de absorber los impactos que causa el cambio climático, como las crisis hídricas, perdida de la biodiversidad, colapso de la infraestructura de información, enfermedades infecciosas, entre otras.

La emergencia climática, manifestada en el aumento de la variabilidad climática y la elevación de la magnitud y frecuencia de los eventos extremos, está revolucionando la definición de infraestructura, porque además de considerar la forma de diseñarse, su implementación debe considerar la desigualdad, las fallas de gobernanza y la urbanización acelerada, a la que está expuesta LAC.

El nuevo concepto debe considerar a la resiliencia como un aliado pues, los diseños con resiliencia bajan los costos posteriores para implementar medidas de mitigación de riesgos en infraestructura construidas con diseños clásicos de ingeniería.

Según la Cepal, el costo incremental de la resiliencia a eventos potencialmente vinculados al cambio climático, como desastres y eventos meteorológicos extremos, en obras de infraestructura de transporte, energía y agua y saneamiento en América Latina y el Caribe estaría situado entre $2,5 mil millones y $13 mil millones, lo que representa un 5% del monto invertido en estos subsectores de 2008 a 2018; por el contrario, la introducción de mejoras en infraestructuras que ya se encuentran en operación sería considerablemente más onerosa.

Se estima que para impulsar el desarrollo en LAC en el futuro cercano, el monto invertido en infraestructura alcanzará un nivel sin precedentes en el mundo; lo que requerirá que el diseño, construcción y mantenimiento de las obras de infraestructura contemplen medidas de adaptación al cambio climático que reduzcan los riesgos ambientales y económicos a los que estará expuesta América Latina.

El desafío que enfrentan los países es sin lugar a duda adaptarse en todas las fases del desarrollo, en especial, en las formas de diseño que logren que el patrón de inversiones y políticas que implementen, promuevan la resiliencia de la infraestructura.