Maruquel Castroverde: 'Hagamos de la ley de educación sexual y reproductiva, una materia obligatoria'

Maruquel Castroverde es madre, humanista de vocación y de crianza campesina. Es una mujer que ama sus raíces. Para Castroverde la ética, la solidaridad y el altruismo son su prioridad. “Le han dado sentido a las batallas en que me he enfrascado por servir a los demás dentro y fuera de los tribunales”. Esta abogada actualmente se desempeña como fiscal superior a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, Acceso a Justicia y Género, de la Procuraduría General de la Nación. El año pasado presentó su obra El femicidio y otros delitos de violencia contra la mujer por motivos de género. Esta vez muestra su último escrito titulado La violación ante los tribunales. En una entrevista para Mía Voces Activas, la escritora comparte los detalles de su libro, analiza el panorama actual en el país en materia de la violencia basada en género, como el femicidio, violencia sexual y violencia doméstica. De igual manera, enfatiza que la inversión en prevención debe enfocarse en educación e incluir el grave pendiente del derecho a salud sexual y reproductiva, como parte de la malla curricular en las escuelas y en todas las lenguas.

En un tribunal marítimo. Un caso en que se reclamaban créditos privilegiados contra el dueño de un barco. En lo penal, un caso de drogas. Los argumentos eran muy apasionados de parte y parte. Recuerdo todavía haber hecho una pausa y pedirle al colega que “no gritara, pues podría yo entender que pretendía escupirme”, olvidando que estábamos en un tribunal de justicia.

Muerte, pobreza, desesperanza, orfandad e impunidad. La ausencia de reparación del daño derivado del delito para las víctimas sobrevivientes en los casos de homicidio y femicidios; en los casos de delitos sexuales.

Es el más grave de los delitos de violencia sexual, el de mayor impacto en la vida de las víctimas, el que más incidencia tiene en nuestras estadísticas de país, luego de la violencia doméstica, y la tendencia que marca, es el aumento, contra niñas, niños, personas con discapacidad o en un estado donde no tienen alternativa para consentir ni resistir. Necesitaba revelar esta realidad, ahondar en las complejidades de la prueba de credibilidad de su testimonio, porque todo pareciera reducirse en el proceso penal a creerle o no a la víctima para la decisión de responsabilidad del acusado.

No. Las políticas públicas deben responder a múltiples acciones tendentes a lograr un objetivo, por lo que para ser alcanzado ha de ser respaldada por suficiente inversión de fondos y recursos técnicos. Los resultados deben medirse, evaluarse y los ajustes deben responder a las falencias detectadas. De ahí que, en nuestra opinión, en la materia de la violencia basada en género, sea femicidio, sea violencia sexual o violencia doméstica, las políticas públicas no han funcionado pues han sufrido la inestabilidad del componente político que decide qué es prioridad en la agenda de Estado, planificar y ejecutar. La inversión en prevención debe enfocarse en educación e incluir el grave pendiente del derecho a salud sexual y reproductiva, como parte de la malla curricular en las escuelas, en todas las lenguas. De lo contrario, los esfuerzos que se hagan seguirán siendo insuficientes.

La sola lectura de las cifras causa grave preocupación, empero, profundizar en los elementos determinantes antecedentes y periféricos de la violencia con desenlace letal, es lo más crítico en el análisis, nuevamente, pensando en clave de prevención, empresa que no corresponde al Ministerio Público directamente, sino a otras entidades públicas, Mides, Meduca, MinGob, Minsa, Minseg, todos los que integramos Convimu; también compete a la sociedad asumir la carga de una cultura de no tolerancia a ninguna forma de violencia contra la niña y la mujer. Nos llaman la atención particularmente dos casos donde fueron asesinadas varias niñas, jóvenes mujeres. En el primero, ocurrido en la comarca, perdimos 4 niñas y 1 adulta, su madre, como resultado de ritos grupales. En el segundo, en Espinar, provincia de Colón, cuatro chicas, dos de ellas, hermanas, todas menores de edad, fueron ejecutadas con arma de fuego. Entre los dos, suman 9 de los 26 femicidios que se registraban hasta julio. No había ocurrido una situación semejante desde que se implementó la Ley 82 en diciembre de 2013.

No. No bastan las medidas de protección, tampoco la sanción por el delito de quebrantamiento de estas medidas, entre las cuales figura la orden de alejamiento. Insisto en que debemos apostarlo todo a la educación desde la edad escolar, gradualmente, avanzando conforme la niña, el niño, los adolescentes maduran para asimilar lo que implican sus decisiones con impacto en sus proyectos de vida. Un embarazo a destiempo, como el contagio de una enfermedad de transmisión sexual incurable, son probables consecuencias de una experiencia precipitada de la sexualidad, del comportamiento del cuerpo, y no hay tutela del Estado que opere el efecto de evitarles el daño, de espaldas a la educación con el necesario reconocimiento del principio de interés superior de la niñez como consideración primordial en todo asunto que les concierne, como lo prevé la Convención de los Derechos del Niño, ley de la República desde 1990.

Hagamos de la ley de educación sexual y reproductiva, una materia de obligatoria observancia en la malla curricular de las escuelas públicas y privadas. Cumplamos con todos los compromisos que el Estado ha adquirido al suscribir los instrumentos de Derecho Internacional de Derechos Humanos que sobre la materia registran los estándares internacionales que debemos cumplir a cabalidad, para lo cual, la inversión debida en recursos técnicos y presupuesto es un imperativo impostergable, aun enfrentando los rigores de la pandemia, porque precisamente en esta situación se potencian todos los factores que inciden en someter a las niñas y mujeres a violencia basada en género o en elevar el riesgo a sufrirla.

Sí lo está. Lo que me temo es la creciente tolerancia de un sector hacia el dolor y la infamia del delito, de las secuelas del daño. Una niña de 9, 10, 12, 14, 16, 18 no es madre. Necesita una madre y un padre, una familia, una red de apoyo en casa, en la escuela, en la comunidad. Lo mismo debemos decir del niño, del adolescente. No es padre. No debe serlo por él, los suyos, si los tiene a su lado. Educarles para que se abstengan de tener sexo, cuidándose con un preservativo u otro método de anticoncepción; es una carga de responsabilidad que los adultos debemos asumir, no rechazar o endosar a terceros que se encarguen. En adición, tengo muy claro también que la pena de prisión por sí sola no detendrá al femicida ni al violador. Mantengo que la prevención del embarazo no querido, de la violencia y la feminización de la pobreza derivada, vía la educación, es la respuesta a la violencia multifacética desde las políticas públicas del Estado hasta la plática del docente formador en las aulas de clases y de los padres en el hogar con los hijos que lo necesitan quizás hoy más que ayer o nunca, cuando todavía estamos a tiempo de evitarles el mal paso que podría ser irreversible.

Ya tengo en mente otro proyecto: El hombre maltratado: mito o realidad, porque se me ha preguntado mucho si estos casos ocurren, qué hacemos con ellos, si solo la mujer sufre violencia. Respondo con un no rotundo. Llegó el momento de escribir sobre el tema, disipar las dudas: revelar la verdad tras las dudas. Seguiré escribiendo mientras viva y Dios me mire útil para sus propósitos. El camino recorrido, de zarzas, espinas, y muy pocas rosas, seguramente tendrá un final alguno de estos días, pero quedarán las palabras, las pausas entre ellas, la semilla plantada en tierra fértil. Tengo fe, así será.