ONG ambientalistas, en alerta por creación de una fundación

El establecimiento de una nueva fundación público-privada creada para manejar los dineros destinados a proyectos ambientales mantiene en alerta a los organismos conservacionistas del país.

Aducen que se encontraron ciertas irregularidades en las figuras legales que crearon la ‘Fundación público-privada de áreas protegidas y corredores biológicos’ para dar continuidad al Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño (CBMAP) y administrar y ejecutar los fondos millonarios que recibirá este nuevo proyecto.

Las anomalías parten desde la creación de la misma fundación, la cual originalmente fue presentada como un organismo público-privado, basado en lo que dispone la Ley N° 25 (De junio de 1995) de la entonces Asamblea Legislativa; sin embargo, el acta fundacional del Registro Público no coincide con las especificaciones contenidas en el documento, sino más bien la refleja como una asociación privada. ‘Incluyen elementos de las ‘asociaciones’ que no corresponden a las fundaciones, es decir, se ha creado un híbrido entre la legislación de fundaciones y asociaciones; con ello, abriendo la posibilidad a cuestionamientos sobre la viabilidad jurídica de la figura’, explicó Nikolas Sánchez Espino, gerente de Incidencia Política de MarViva, Oficina Panamá.

Según Sánchez Espino, la idea de una nueva estructura debe ajustarse a la legislación vigente; en el caso de las fundaciones, ‘su carácter es privado’ conforme a la ley, por lo que denominar a la Personería Jurídica otorgada por el Ministerio de Gobierno como ‘Fundación Público Privada de Áreas Protegidas y Corredores Biológicos’, no la hace de carácter público.

Adicional, esta personería se establece con el afán de que puedan realizar actividades de carácter público y a la vez, se le pueda dar fiscalización en términos generales, pero siempre de actividades privadas, no públicas.

Según el ex administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Harley Mitchel, hijo, con la conformación de esta fundación los fondos estatales son trasladados a esa entidad, lo cual a su juicio no es lo más adecuado porque esta es una responsabilidad que le corresponde a la ANAM.

La asociación permite además, realizar traspasos de fondos, crear empresas mercantiles y contratar consultores, lo cual ‘puede ser peligroso porque se podrían perder los recursos’.

En la personería de la Fundación Público Privada, señalan, la Junta Directiva está conformada por personas naturales, mientras que debería incorporar instituciones y actores. Llama la atención que la asociación incluye en su Junta Directiva a consultores y funcionarios actuales de la ANAM, incluyendo a Silvano Vergara, como vocero, y no en calidad administrador de la Autoridad del Ambiente.

Para la ambientalista Rosabel Miró, la situación es preocupante porque esto se da justo cuando está por culminar la segunda fase del CBMAP y, desde el año pasado, la ANAM trabaja en la consecución de dichos aportes para continuar.

Por su parte, Vergara, negó que se puedan realizar dichos traspasos a través de la entidad (multas, servicios o recursos). Y, aunque admite que la Autoridad requiere nuevas fuentes de apoyo, como lo sugirió el Banco Mundial (BM), afirmó que por ley, ninguna empresa privada tiene el mecanismo para apoyar la labor de conservación de la ANAM en un área protegida ni puede aportar dinero directo a la ANAM.

Los aportes del proyecto son otorgados por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés), del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRF), del Gobierno Nacional y contribuciones de socios estratégicos.