Bosques del Darién, un patrimonio natural de la humanidad amenazado

La provincia de Darién, la más importante reserva ecológica de Panamá y Centroamérica, se encuentra amenazada. El patrimonio natural de la humanidad de la Unesco ha perdido más de la mitad de su tesoro: su bosque tropical.

Por más de tres décadas, sus árboles han sido derribados sin control. Las autoridades reconocen las fallas de administraciones anteriores y prometen acciones para salvar su estatus ecológico.

Darién está ubicada en el extremo oriental de Panamá, limita con Colombia y con el Océano Pacífico. Ocupa una extensión territorial de 11,896 kilómetros cuadrados; es decir, el 22.2% de la superficie total del país, que es de 78,200 km2, incluyendo sus aguas territoriales.

De ese total, el 41% es de cobertura boscosa, de la cual más de la mitad (26%), corresponde a Darién. Por ser puente terrestre entre Norte y Suramérica, es una provincia rica en especies de plantas y animales de ambos lados del continente.

Darién alberga unas 2,638 especies de flora, el 27.7% de todas las especies registradas en el país. De ese total, 189 especies son endémicas nacionales y la mayor parte habita en el Parque Nacional Darién.

Calificado como uno de los bosques más extensos del país (5,970 km²), el Parque de Nacional Darién fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981 y Reserva de la Biosfera en 1983.

La población la componen indígenas, afrodescendientes y colonos que migraron de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Veraguas en busca de mejores oportunidades. Su capital es La Palma.

Sin embargo, lo preocupante es que si no se detiene la tala ilegal, ese panorama podría cambiar: la flora y la fauna de la tierra del bullarengue podrían desaparecer, advirtió a La Estrella de Panamá Hermel Humberto López, director regional del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en Darién.

Según un informe de MiAmbiente, desde hace unos 30 años, el hombre, con su tala indiscriminada, ha arrasado con el 40% de los bosques darienitas.

Actualmente, se calcula que entre el 75% y el 80% de la madera que se consume en Panamá (110 mil metros cúbicos) proviene del Darién. De ese porcentaje, el 96% de la madera se extrae de forma ilegal, detalló el documento.

Esa práctica provocó la casi desaparición de especies como caoba y cedro amargo; y casi arrasó con el cocobolo.

‘Se calcula que más del 90% de la madera que se consume en el país proviene de Panamá Este, específicamente de Chepo, Darién y las comarcas', afirmó el regional de MiAmbiente, quien manifestó que ‘la cobertura boscosa en esta zona ha disminuido entre un 60% y 70% desde 1990'.

‘La actividad maderera ilegal y la expansión agrícola están acabando, no solo con el Darién, sino con todo el país', advirtió López.

El funcionario reconoció el descontrol en los permisos de extracción. Puso de ejemplo la especie cocobolo , cuya explotación casi acabó con la especie y se prohibió su extracción para salvarle de la extinción.

A finales del 2014, el diputado Eduardo Paz propuso modificar la Ley 41 para proteger la extracción de madera y que la práctica de esta actividad se realice de forma correcta; que la madera salga procesada del Darién y que se cumpla la ley de plantar 10 árboles por cada uno que se tale.

‘Hablar de cocobolo es hablar como de cocaína, nadie se atreve a hablar ni a tocar eso porque está prohibido', manifestó el maderero Anel Ramiro, en un reportaje especial de TVN-2 .

El cocobolo es una madera preciosa y muy dura que no se procesa en Panamá. Se utiliza en la confección de tableros de autos de lujo y para fabricar muebles finos. En Panamá, los indígenas emberá wounaan lo usan para confeccionar artesanías.

ABUSO EN PERMISOS

En Darién, no toda la tala de árboles está prohibida. MiAmbiente otorga permisos comunitarios; sin embargo, están siendo utilizados para explotar una mayor cantidad de recursos forestales y de manera ilegal.

En lo que va del 2015, MiAmbiente aprobó 389 permisos de subsistencia, en áreas fuera del territorio comarcal con un volumen de 11,961.85 metros cúbicos en Darién y Panamá Este, para extraer bálsamo, espavé y quira.

A pesar de los esfuerzos, señaló López, el trabajo es difícil porque no se puede cubrir la zona boscosa para verificar el cumplimiento de las normas.

‘MiAmbiente tiene un marco legal y más de 150 resoluciones que regulan la trazabilidad, pero no se cuenta con la tecnología ni el personal necesario. Somos solo 47 personas las hacemos todo el trabajo aquí', recalcó.

Según López, ahora los madereros han puesto sus ojos en otra especie: el bálsamo.

Para la entidad, el bálsamo puede generar importantes ingresos económicos, pero se debe regular su extracción para evitar lo sucedido con la especie cocobolo.

En cuanto al proceso de verificación de trazabilidad, aclaró que se han hecho algunas mejoras, pero el trabajo es manual y está siendo objeto de falsificación de datos. ‘Necesitamos un sofware para verificar la procedencia de la madera', indicó López.

SUSPENDEN PERMISOS

En septiembre del año pasado, la extracción en los bosques darienitas obligó a MiAmbiente a suspender los permisos de tala de árboles, para evitar más deterioro.

Esto luego de un operativo denominado ‘Proteger y controlar ayuda a conservar', que realizó la entidad en áreas boscosas de siete comunidades indígenas del Darién.

Con el operativo retuvieron 7,043.78 m³ de madera y decomisaron otros 122.23 m³ entre Panamá Este y Darién.

En aquella ocasión, la titular de MiAmbiente, Mirei Endara, indicó que las advertencias se están haciendo a tiempo y llamó a los madereros a un diálogo para abordar el tema.

Producto de la campaña que se inició en octubre de 2014 y finalizó el 1 de junio de 2015, MiAmbiente abrió 15 procesos administrativos a las empresas propietarias de patios de acopio de madera. La semana pasada, de hecho, Endara afirmó que no descarta interponer denuncias ante el Ministerio Público.

LOS VIGILANTES

El dirigente indígena William Barrigón reconoció el impacto ecológico que están sufriendo los bosques en algunas comunidades, pues estos son sus fuentes de subsistencia; no obstante, advirtió que ellos son los que a diario custodian, vigilan y protegen los bosques, por lo que merecen ser compensados.

‘Solicitamos que nos tomen en cuenta, que revisen la ley para que también incluyan subsidios para los indígenas, como lo tienen los reforestadores', exigió el darienita, quien en nombre de sus comunidades dijo que estarán dispuestos a seguir colaborando, siempre y cuando sean tomados en cuenta sobre el uso de los bosques.

Según datos del Mapa Forestal de 2012, las áreas donde están las comarcas son las más conservadas, pero para Carlos Espinosa, del WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza), ‘eso no significa que no están siendo objeto de presión de extracción de productos de manera ilegal. Y, sin temor a equivocarme, no hay una sola de las zonas protegidas de la región que no haya sido impactada'.

La ley que crea el Ministerio de Ambiente (Ley 8 de 2015) establece los pagos por servicios ambientales, pero también se trabaja en un proyecto de ley donde se plantea el pago por daños ambientales. El proyecto está en espera de aprobación, según detalló López.

‘El ministerio se está preparando para eso (ley de compensación). Se están haciendo los estudios técnicos para demostrar que los bosques del país crean carbono y demostrar cuánto carbono se fija, para luego reclamar que Panamá reciba esos bonos', adelantó López.

Costa Rica cuenta con esta ley de compensación de bonos por los servicios y daños ambientales, que oscila entre $80 y $100 por hectárea de bosque o rastrojo.

MiAmbiente, el WWF y la OIMT (Organización Internacional de las Maderas Tropicales) impulsan también un proyecto de gobernanza forestal en el cual todos los actores, madereros, dueños de fincas, autoridades, activistas y conservacionistas se comprometan con un pacto por la madera legal que permita un manejo forestal sostenible y la comercialización responsable de productos del bosque.

La iniciativa está orientada a dar seguimiento al proyecto ‘Expandiendo el manejo forestal sostenible en territorios de la comarca Emberá Wounaan', auspiciado por la OIMT. Cuenta con el apoyo de Conagefor (Consejo Nacional de Gestión Forestal) y Conapip (Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá).

‘La provincia de Darién tiene el potencial para el desarrollo forestal, pero eso significa que los madereros, los dueños de fincas, MiAmbiente, la sociedad civil y los ambientalistas, entendamos que todos tenemos un rol y que ese trabajo se tiene que hacer en coordinación', señaló López.

El proyecto incluye un plan de reforestación de los terrenos ya degradados, especialmente en las áreas de Chucunaque y Setegantí, que son áreas críticas de degradación y las principales fuentes de agua de la provincia. En ellas habita el 40% de la población darienita y este año se vieron afectadas por una fuerte sequía.

En tanto, Espinosa, de la WWF, resaltó la necesidad que existe de lograr el pacto por la madera legal, pues aunque Darién es una provincia rica en flora, el sistema desleal de explotación de los bosques que existe actualmente no solo amenaza con destruir la riqueza natural de las comunidades de la provincia, sino también uno de los principales bosques nativos con capacidad productiva que quedan en el país.

Agregó que la tala ilegal, además de atentar contra la conservación de los bosques, afecta el trabajo que han venido realizando durante 10 años, en el manejo de los bosques, con el cual se ha logrado establecer 80 mil hectáreas bajo manejo y la certificación internacional de las primeras 26 mil hectáreas de bosques en Panamá.

‘La tala ilegal deja a las comunidades en la misma situación de pobreza y lo que es peor, con un bosque altamente intervenido e impactado en su potencial productivo a futuro', advirtió Espinosa, quien asegura que la iniciativa está siendo apoyada por una decena de comunidades indígenas.

El proyecto es parte de las estrategias de gobierno para enfrentar el problema de la tala ilegal y la idea es sumar a todos los actores (autoridad, finqueros, madereros, sociedad civil, conservacionistas y ambientalistas) para que reconozcan que el problema existe y lograr que todos participen para mejorar la situación.

La realidad es que a este ritmo, de no detenerse la tala descontrolada en Darién y Panamá Este, en unos 30 años esos bosques podrían ser solo desiertos. Según las autoridades, Panamá todavía está a tiempo para salvar los recursos forestales y está en las manos de todos protegerlos para que sigan teniendo ese estatus internacional de Patrimonio Natural de la Humanidad.

==========

NORMATIVAS

Las sanciones por talar

El exfiscal ambiental, Giovanni Olmos dijo que las leyes para la conservación de los bosques son bien claras; y todo aquel (incluyendo los dueños de propiedad) que, sin ningún permiso, destruya o degrade las formaciones vegetales arbóreas, deberá ser sancionado.

‘La pena de prisión para las personas que talen madera de manera ilegal es de 3 a 7 años. Esto se determinará luego de un proceso penal, que les garantice sus derechos y el debido proceso', advirtió el exfiscal, quien subraya que para iniciar un proceso penal, primero ‘las autoridades deben conocer las leyes, iniciar la investigación y luego exponerlo en el Ministerio Público'.

‘La persona que sea dueña de una propiedad privada, también tiene una responsabilidad social; y antes de cortar cualquier árbol debe pedir un permiso y sustentar por qué lo va a talar', señaló Olmos, refiriéndose al compromiso de cada ciudadano por conservar los bosques.

Hermel Humberto López

‘ El bosque de Darién tiene una extensión de 5,970 km² y su conservación recae sobre la responsabilidad de 47 funcionarios de MiAmbiente',

DIRECTOR REGIONAL DE MIAMBIENTE EN DARIÉN