Latinoamérica reclama mayor severidad contra el comercio de vida silvestre

Cerca de 30 países de América, Europa y Asia se sumaron a la preocupación de la región por el incesante comercio ilegal de vida silvestre, en una de las zonas más megadiversas del mundo, y reclamaron que esta actividad sea reconocida como delito grave y aplicar sanciones acordes.

Los delegados oficiales de estas naciones firmaron hoy la Declaración de Lima, al término de la Primera Conferencia de Alto Nivel de las Américas sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre, que buscó alertar sobre la gravedad de esta actividad y llamó a las naciones a diseñar políticas para combatirla de manera eficaz.

Asimismo, sostuvo que Latinoamérica tiene "nueve de los países megadiversos del planeta, 55 de las 195 ecorregiones terrestres y de agua dulce del mundo".

Además, posee el 20 % de áreas clave para la biodiversidad identificadas a nivel mundial y cerca del 25 % de las 14.000 especies de grupos taxonómicos evaluados y clasificados como de alto riesgo de extinción.

En el encuentro se declaró al jaguar (Panthera onca) como especie emblemática de las Américas por su importancia en el mantenimiento de los paisajes naturales y la funcionalidad de los ecosistemas.

Las especies de la región están amenazadas por redes criminales transnacionales dedicadas al tráfico de vida silvestre, sus partes, productos y derivados, que incluyen al furtivismo y otros delitos asociados como la tala, pesca, minería ilegal, tráfico de drogas y armas, lavado de activos y corrupción, precisó la Declaración de Lima.

En tal sentido, planteó una serie de medidas ante los Gobiernos y organizaciones de integración económica regional reunidos en la conferencia:

El principal llamado de la conferencia de alto nivel ha sido reconocer el furtivismo y el comercio ilegal de vida silvestre como delitos graves en las regulaciones nacionales y aplicar penas y multas consistentes con la gravedad del delito.

Los delegados acordaron elaborar estrategias destinadas a erradicar la demanda y la oferta de productos ilegales de vida silvestre y fomentar una tolerancia cero para este delito y sus delitos conexos.

En el mismo sentido, promover el fortalecimiento de redes de cooperación de control transfronterizo y regional para mejorar la coordinación, investigación, persecución y sanción de estos ilícitos.

Los países coincidieron en que necesitan propiciar una activa participación y estrecha colaboración con los pueblos indígenas, comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y la academia para crear relaciones que ayuden a crear cambios de conducta y reducir la demanda de vida silvestre.

Estas acciones pasan por desarrollar alternativas de desarrollo económico (para los pueblos indígenas) y trabajar con estos grupos sociales para enfrentar el delito de una manera coordinada, eficaz y urgente.