Mulino mantiene veto a empresas de la UE; sector privado critica listas fiscales

Tras la reciente ratificación por parte de la Unión Europea (UE) de mantener a Panamá en su lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal, el presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que se mantendrán vigentes las medidas de retorsión que impiden a empresas europeas participar en licitaciones y actos públicos del Estado.

A pesar de la noticia, el presidente Mulino indicó que el Ejecutivo ya preveía este escenario en la revisión actual. Sin embargo, aseguró que el país está trabajando arduamente para la próxima evaluación.

“Aunque sabíamos que en esta revisión de la UE no se saldría de la lista y nos preparamos para la revisión de octubre, mantenemos la restricción”, puntualizó el mandatario.

Asimismo, aclaró que “Italia, Grecia y España no tienen a Panamá en ninguna lista , por ende, no hay problema y reconocemos mucho ese apoyo”.

Las medidas de retorsión no son una novedad en la legislación panameña, pero han cobrado un vigor inédito bajo la administración de Mulino. Desde el inicio de su mandato en julio de 2024, el presidente advirtió que Panamá no se quedaría de brazos cruzados ante lo que considera un trato injusto.

La instrucción es clara: “País que tiene a Panamá en lista no tiene derecho a participar en la bonanza panameña”. Esta política de reciprocidad negativa busca presionar diplomáticamente a los Estados miembros de la UE, utilizando el acceso a los ambiciosos proyectos de infraestructura del país como moneda de cambio.

Para Carlos Raúl Moreno, presidente del Grupo Acción por la Igualdad Financiera Internacional (Gapifi), el anuncio del mandatario es una consecuencia lógica de la situación actual.

“Realmente es reafirmar lo que ya existía. Está muy bien que mientras dure esa restricción a Panamá, las compañías europeas no puedan licitar”, señaló Moreno.

Por su parte, Moisés Cohen, presidente del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá (Cosip), calificó la permanencia en el listado como “totalmente injustificada” y cuestionó la doble moral de los organismos internacionales.

“¿Cómo es posible que se declare que políticos venezolanos tenían millones en Suiza y no pase nada? A ellos no los incluyen, mientras que a Panamá, que sí tiene controles y una UAF que funciona, nos mantienen”, cuestionó Cohen.

El presidente de Cosip reveló que el gremio ya preparó un borrador de propuesta sobre el anteproyecto de ley de sustancia económica propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Esperamos llegar a un acuerdo entre el sector privado y el gobierno para aprobar una ley que apoye la salida definitiva del listado”, añadió.

Moreno destacó que Panamá es la segunda economía de mayor crecimiento en el hemisferio, después de República Dominicana, a pesar de desafíos como el cierre de la mina y la pandemia. “Nuestra oferta de servicios al mercado internacional es sólida”, dijo.

De cara a la revisión de octubre, Gapifi y Cosip coinciden en que la clave será el lobby diplomático liderado por la Cancillería en conjunto con el equipo técnico del MEF, para exponer los avances panameños ante el Parlamento Europeo y los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

El presidente de Gapifi destacó que el país camina en la dirección correcta, reforzando la agilización de avances técnicos para la revisión de octubre. Resaltó que Panamá ya logró salir de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y de la lista de lavado de activos de la UE, y que ahora el enfoque está en la lista de no cooperación fiscal.

Moreno enfatizó la importancia de la nueva Ley de Sustancia Económica y la necesidad de consensuarla con todos los sectores antes de que llegue a la Asamblea: “La redacción debe ser acorde con las necesidades económicas del país y su territorialidad”. Además, subrayó que Panamá demostró su transparencia al ser avalado recientemente por Estados Unidos y al lograr acuerdos con países como Ecuador y Chile.