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05 de Mar de 2021

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No se confundan. Ahora que se habla mucho de separación de los poderes, es bueno aclarar para los que no lo saben muy bien o lo ignoran,...

No se confundan. Ahora que se habla mucho de separación de los poderes, es bueno aclarar para los que no lo saben muy bien o lo ignoran, que el Registro Público no forma parte del Órgano Judicial o de la Administración de Justicia, tampoco forma parte del Órgano Legislativo o Asamblea de diputados. El Registro Público es parte del Órgano Ejecutivo y su director general, al igual que el presidente de su Junta Directiva, es nombrado directamente por el Jefe del Ejecutivo; es decir, por el Presidente de la República.

Trompo en una uña. ¿Cómo harán en el Registro Público para justificar, la ‘macarronada’ que hicieron? Por una parte, ni el Fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de 31 de diciembre de 2009 ordenó anular ninguna Junta Directiva electa el 19 de marzo de 2008, bajo la vigencia de la Ley 50 de 2007. Tampoco la sentencia 41 de 22 de septiembre de 2008 del Juzgado Séptimo Civil ordenó que la Junta Directiva electa en marzo de 2008 con los Estatutos aprobados bajo la Ley 50 de 2007 fuera anulada.

Lo que viene. Un servidor público, de acuerdo a la Constitución Nacional en sus artículos 17 y 18, solamente puede hacer, lo que la ley le faculta. El artículo 349 del Código Penal tipifica la conducta del servidor público que abusando de su cargo, ordena o cometa en perjuicio de alguna persona, un hecho arbitrario no calificado específicamente en la ley penal será sancionado con prisión de 1 a 2 años o su equivalente en días multa o arresto de fin de semana. Es lo que se conoce como abuso de autoridad y extralimitación de funciones.

Olvidadizos. La sentencia 41 de 22 de septiembre de 2008 del Juzgado Séptimo Civil no da ninguna orden en el punto 6 de la parte resolutiva, dice simplemente ‘comuníquese a la Dirección del Registro Público’, nada más. Igual que hizo la Corte Suprema de Justicia con el Amparo de Garantías, solamente le informó de un hecho del que obviamente se derivan consecuencias jurídicas, al suspenderse un resuelto que daba vigencia a las reformas de los Estatutos del Comité Olímpico. De manera muy curiosa, en el Registro Público, pasaron por alto el punto 3 de la parte resolutiva de esa sentencia, en la que ‘automáticamente’ sin consultar a la Procuraduría de la Administración ni a la Sala Tercera de la Corte Suprema previamente, inscribieron una junta directiva que viola la Ley 50 de 2007, ya que la inscripción provisional de las Escrituras 4181 y 4591 de 20 y 27 de marzo de 2007 respectivamente, se prorrogó en el Registro Público hasta marzo de 2008, por lo cual era imposible acceder a lo pedido por el Juzgado, sin que se anularan esas Escrituras, que ningún tribunal de justicia de Panamá las ha declarado nulas ni ilegales.

Curiosidades. ¿Cómo el Registro Público tiene inscrita una Junta Directiva cuyo Resuelto que le da vigencia a los Estatutos con que hicieron sus elecciones en 2006 no está vigente? Si el Fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema no anula las elecciones del 19 de marzo de 2008 y la sentencia 41 del Juzgado Séptimo Civil tampoco, cómo una elección hecha en diciembre de 2006 cuando no estaba vigente la Ley 50 de 2007 es inscrita? ¿Quién le dio esa orden al Registro Público, si esa instrucción no aparece en la parte resolutiva de ninguna de esas dos sentencias?

Ya veremos que pasará en México en la Asamblea de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) el 19 de octubre y en la Asamblea de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ACNO). El nuevo Director de Pandeportes, Rubén Cárdenas estará presente en la primera convención mundial del Deporte Olímpico, bajo la premisa de fortalecer la actividad del deporte a través de apoyos mancomunados, sin intromisiones indebidas ni injerencias. ¿Por qué no va a esa reunión el inscrito por el Registro Público?