Panamá no ha definido su estrategia

PANAMÁ. Mientras gremios del sector financiero y bancario están en medio de una incertidumbre al desconocer cuál será el futuro del centro financiero panameño, el Gobierno todavía no ha definido la estrategia que tomará ante las amenazas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La ministra de Comercio e Industrias (MICI), Gisela Álvarez de Porras, dijo que se está “en una fase de consulta” con los diferentes sectores, pues considera que no se deben tomar medidas que afecten la actual estructura económica del país. Asimismo, Porras se mantiene cautelosa de las medidas de presión como la poco conocida Ley de Retorsión y que según ella “le resta competitividad al país”.

“Es iluso pensar que los inversionistas extranjeros van a iniciar una cruzada contra sus gobiernos para defendernos”, dijo.

Pero hay voces que se mantienen firmes en asegurar que Panamá debe sobreponer los intereses de sus centro bancario a los supuestos perjuicios que podrían conllevar que nos coloquen en “listas negras”.

Una de estas voces es el abogado Eduardo Morgan Jr., de la firma Morgan & Morgan, quien desmerita las intenciones de los países de la OCDE por considerarlos verdaderos paraísos fiscales que mantienen condiciones ventajosas en sus centros bancarios.

Morgan Jr. cree que Panamá tiene recursos para defenderse de las supuestas sanciones y aplicar la Ley de Retorsión, que él mismo redactó. Dice además, que el Estado puede apelar a la Organización Mundial de Comercio por las medidas discriminatorias que podrían tomar los países de la OCDE.

El experto explica que la OCDE, como organismo, no tiene poder coercitivo a parte de recomendar a sus miembros que nos incluyan en esta clasificación. Las condiciones no son iguales para todos los países, pues lo que le exigen a naciones como Panamá no lo aplican en sus propias economías.

El consultor en asuntos bancarios, Ricardo Alba, indicó que Panamá no ha procedido al intercambio de información bajo el argumento de que no existe un “level playing field”, pues los países miembros de la OCDE no han adquirido los compromisos sobre transparencia e intercambio de información similares a los exigidos al país.