Ley 30 muestra serio riesgo a la inversión

PANAMÁ. Las reacciones por la Ley 30 no han cesado. Después de un mes de su aprobación y promulgación en Gaceta Oficial, otra crítica sale a la palestra.

Esta vez se trata de las modificaciones a dos artículos de la Ley 22 de 2006 sobre las contrataciones públicas, específicamente en el proceso de impugnación de licitaciones.

Con la Ley 22, para presentar una impugnación, ésta debía ser acompañada con una fianza del 10% del valor total de la propuesta, pero no podía exceder de $100 mil, cuando se tratase de actos públicos para adquirir bienes o servicios y $500 mil cuando fueran licitaciones de obras, por ejemplo, de infraestructura.

Ahora con la Ley 30, un consorcio o empresa que considere la impugnación de un acto tendrá que pensarlo varias veces debido a que la impugnación debe llevar una fianza del 15% de la propuesta y con la desventaja de que los topes de dichas fianzas fueron eliminados.

El abogado Yasser Williams Arosemena cree que estos cambios afectan la transparencia de los actos públicos porque ‘no hay forma material de hacer valer el derecho de impugnación’.

¿Será una forma de eliminar obstáculos a grandes licitaciones o el control a la abundancia de impugnaciones en actos públicos? +2C.