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09 de Apr de 2020

Economía

Servicios de seguros

La protección del usuario de los servicios de seguros en Panamá ha sido tradicionalmente un tema sin mucha concreción al respecto. Con l...

La protección del usuario de los servicios de seguros en Panamá ha sido tradicionalmente un tema sin mucha concreción al respecto. Con la vigente Ley 59 de 1996, se establecen algunas estructuras para la tutela del consumidor en relación con ese mercado de los seguros, pero no hay una referencia específica a la protección de los usuarios de estos servicios.

Con el actual proyecto de ley en materia de seguros en Panamá, la protección del usuario de servicio de seguros compete privativamente a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. Sin embargo, gran parte de las disposiciones que contempla el título correspondiente, se refiere a la materia de la nulidad de disposiciones en los contratos de adhesión, señalando que la facultad de declarar la nulidad de una cláusula de un contrato de seguros de adhesión estará a cargo de las autoridades jurisdiccionales competentes. En este sentido, el diseño normativo sobre el tema se asemeja a la figura para el tratamiento de los consumidores en general, donde ACODECO no es la autoridad que decide al respecto de cláusulas abusivas en contratos de adhesión, sino los juzgados especiales de protección al consumidor, aunque sí somos competentes en temas de historial de crédito, publicidad y descuentos a jubilados.

En cuanto a las disposiciones supletorias para asuntos de protección al consumidor de seguros, se establece que las normas de la Ley 45 de 2007 serán aplicables en tanto sean compatibles con el servicio de seguros. El proyecto de ley en comento introduce la definición de consumidor del servicio de seguros, estableciendo que lo constituye todo contratante, asegurado, beneficiario y tercero con un interés legítimo, salvo la contratación de fianza. Una de las disposiciones de la Ley 45 que consideramos debe ser más vigilada de cerca por la Superintendencia de Seguros en este mercado es la relativa al derecho a la información clara y veraz.

El proyecto de ley comentado también establece que los modelos de contratos de seguros, con los diversos planes y demás documentos accesorios serán mantenidos a disposición de la Superintendencia por las aseguradoras, para su revisión en cualquier momento, para la emisión de opiniones sobre su contenido; sin embargo, la revisión y no objeción de los modelos de contratos u otros documentos por parte de la Superintendencia no impide que un consumidor que se sienta afectado pueda reclamar ante una autoridad jurisdiccional.

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros actúa también como regulador en el mercado de seguros. Tiene una participación en el establecimiento de las tarifas mencionado en el proyecto de ley, siendo éste un aspecto de gran relevancia no sólo para la protección al consumidor, sino inclusive para el régimen de libre competencia. Se establecen criterios que deben regir el establecimiento de tarifas, pudiendo la Superintendencia de Seguros y Reaseguros revisar dichos procedimientos y ordenar su cumplimiento.

Desde el punto de vista de la libre competencia, debemos siempre tener presente que habrá mayor competencia en mercados donde existiendo un número significativo de agentes económicos oferentes, los servicios y productos ofrecidos no se encuentren tan estandarizados, permitiendo que unos y otros se distingan entre sí, pues, al igual que las tarifas, la particularidad de los bienes y servicios constituye también un factor por el que las empresas deben competir.