La confusión de la financiación electoral

WASHINGTON. La emergencia de los super-Pacs muestra una vez más, que la ‘reforma de financiación de las campañas’ ha fracasado.

Después de casi cuatro décadas, no ha logrado ninguno de sus objetivos. No ha purgado a la política de las grandes donaciones, ni ha curado el cinismo de la población sobre la influencia de los ricos, ni ha logrado que haya mayor confianza en los líderes electos. Lo que ha hecho ha sido poner en peligro los derechos básicos de la Primera Enmienda, plagar a la política de leyes y regulaciones desconcertantes y profundizar el cinismo.

Excepto para la revelación de las contribuciones, las leyes de financiación de las campañas deben eliminarse. Si no hubiera límites para las contribuciones individuales a los candidatos (el límite básico es $2.500 por candidato, por elección, lo que significa un total de $5.000 para una elección primaria y una general), habría pocos —y quizás ningún— super-PACs. Los ricos donarían a los candidatos directamente. Los super-PACs son sólo la última de muchas contorsiones originadas en una Corte Suprema confundida.

MEDIDAS

Por un lado, la Corte ha aprobado los límites de las contribuciones directas a los candidatos y partidos políticos. La razón: para impedir la corrupción y la apariencia de corrupción —influencia indebida de grandes donantes. Por otro, la Corte también ha dicho que la Primera Enmienda garantiza a los norteamericanos el derecho a gastar sumas ilimitadas para elegir a quien quieran. Es libertad de expresión. En Buckley v. Valeo (1976), la Corte trató de reconciliar las contradicciones al decir que la gente podía realizar ‘gastos independientes’ ilimitados no ‘coordinados’ con los candidatos o sus campañas.

El resultado que no es de sorprender es que ambos partidos buscaron nuevas maneras de maximizar los gastos sin violar la ley. Entre ellos los PACs (siglas en inglés de comités de acción política), los así llamados 527 grupos, ‘dinero blando’ y ahora los super-PACs, que pueden aceptar contribuciones ilimitadas y realizar ‘gastos independientes’ (principalmente, propaganda en los medios).

PERCEPCIÓN SOCIAL

El problema es que estas diversas respuestas, aunque legalmente ingeniosas, para muchos norteamericanos son éticamente sospechosas.

La percepción de que operativos políticos y acaudalados donantes están evadiendo los límites de las contribuciones —tal y como están—crea un aura de corrupción y hasta de criminalidad. Los super-PACs también parecen permitir que los candidatos no rindan cuentas. El hecho de que todo ello constituye un ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda, simplemente se ignora. La paradoja es que la ‘reforma’ financiera de las campañas, lejos de disipar las sospechas de la población sobre el sistema político, las profundiza.

Lo que se inició como una reacción comprensible a los abusos de Watergate ahora impone una maraña de reglas sobre la libertad de expresión y la actividad política. Vayan al sitio Web de la Comisión Federal de Elecciones y descarguen su resumen de regulaciones para ‘gastos independientes y de comunicaciones coordinadas’. Son 11 páginas, de jerga legal. Eso no es lo que los Padres Fundadores imaginaron cuando expresaron que el Congreso ‘no aprobará ley alguna … que coarte la libertad de expresión’.

MITOS DEL STATUS QUO,

Tres mitos fortalecen el staus quo: Mito Uno: Los ricos y los intereses de las corporaciones dirigen el gobierno por medio de las contribuciones y del lobbying.

Eso es absurdo. En 2009, $2.1 mil millones de gastos federales estuvieron dirigidos a ‘pagos de individuos’. Entre ellos encontramos 52.5 millones de beneficiarios del Seguro Social; 46.6 millones de beneficiarios de Medicare (muchos de ellos, las mismas personas); 32.9 millones de beneficiarios de estampillas para alimentos; 47.5 millones de beneficiarios de Medicaid; 3.9 millones de beneficiarios por ser veteranos. Casi todos estos beneficios van a los pobres y a la clase media. Mientras tanto, el 5% de los norteamericanos más ricos pagan el 44% de los impuestos federales.

¿Parece esto un gobierno para los ricos? Por supuesto, las empresas y los individuos ricos apoyan a candidatos que comparten sus intereses. Es su derecho. Pero muchos contribuyentes super-ricos (George Soros y otros como él) se concentran en filosofías políticas y no en su valor neto.

Mito Dos: Los gastos políticos están fuera de control.

No es así. En 2008, los gastos para las elecciones federales (el presidente, el Congreso) sumaron $5.300 millones, un 27% más que en 2004. En el mismo período, la economía creció un 21%.

En comparación, los norteamericanos gastaron $297.000 millones en 2008 en líneas telefónicas móviles y fijas. Ningún partido tiene una ventaja sobre el otro en recaudación de fondos. En las últimas siete elecciones, los republicanos recaudaron más dinero en cuatro; los demócratas, en tres.

Mito Tres: Los gastos no son expresión.

Bueno, traten de ‘propagar su mensaje’ sin gastos. Si el dinero es necesario para diseminar los temas de la campaña, los límites de los gastos (‘independientes’ o no) restringen la expresión.

La creencia generalizada en estos mitos hace que las regulaciones de la financiación de las campañas parezcan respetables.

AMENAZA

Siempre es conveniente echar la culpa de los problemas de la nación a los adinerados y fingir que controlarlos avanzará soluciones obvias. Esto en general es un engaño. Las soluciones no siempre son obvias y los electores más poderosos no son los que tienen grandes bolsas de dinero sino los que tienen enormes bloques de electores. La AARP es más poderosa que el American Petroleum Institute.

La amenaza mayor contra nuestra democracia surge del esfuerzo bien intencionado para reducir las libertades políticas de la Primera Enmienda bajo el disfraz de limpiar el sistema de las maldades del dinero. Es ahí donde está la verdadera corrupción de la Constitución.