No hay conflicto de interés: MEC

PANAMÁ. El hecho de que Marvin Castillo haya sido directivo de la Autoridad Marítima de Panamá y que sea el hijo de Cecilia Benavides, principal representante del Consorcio MEC Shipyards, no implica -según sus abogados- un conflicto de interés que pudiera evitar o descalificar a la empresa en la concesión del Astillero de Balboa.

El lunes pasado, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) le otorgó la concesión a 20 años para administrar ese astillero a MEC, por un costo de 99 millones 197 mil 862 dólares.

Ese mismo día, el consorcio Panamá Drydocks intentó advertir a la AMP de un supuesto conflicto de interés, pues Marvin Castillo fue directivo de la AMP al menos hasta el 2011 y su madre está al frente de Marine Engineers Corporation (MEC), empresa líder del consorcio ganador.

El reclamo de Panamá Drydocks no fue admitido. La AMP alegó que la concesión ya había sido adjudicada y el tema estaba ‘fuera de su competencia’, cualquier impugnación tendría que ser dirimida en los tribunales.

RENUNCIA ESTRATÉGICA

La tesis de MEC es que Castillo renunció de la Junta Directiva de la AMP para participar. ‘Sí, precisamente para evitar cualquier suspicacia’, dijo Ernesto Eduardo Arias, abogado del consorcio. Para él el hecho de que Castillo estuviera ligado a la directiva de la AMP durante el año en que se preparó la licitación no representa ventaja alguna. ‘Nosotros hablamos de lo que está en la ley, que se refiere a los directores vigentes’, insistió el abogado, al citar un párrafo en el capítulo 10 del pliego de cargos que se refiere a los escenarios del conflicto de interés.

El citado párrafo establece que los proponentes tendrán conflicto de interés cuando tengan ‘afinidad o consanguinidad’ con un miembro de la junta directiva de la AMP, o hayan tenido relación laboral con la institución en los ‘últimos cinco años’.

CRITERIOS

Aunque el argumento presagia una profunda batalla legal de interpretación, el abogado de MEC afirma que están dispuestos a llegar a los tribunales. ‘Si ellos (Panamá Drydock) piensan que es necesario, pues que depositen la fianza y presenten la impugnación’, dijo.

El tronco de sus argumentos es que Castillo renunció y la ley habla de directores vigentes. El plazo de cinco años se refiere, según el abogado, específicamente a ‘asesores, consultores, trabajadores permanentes o eventuales’.

Víctor Martínez, un abogado con vasta experiencia en el asunto de las contrataciones públicas, no está de acuerdo. ‘Rige para todos’, dice en referencia al término de cinco años.

‘Lo que trata de proteger la legislación es la mayor transparencia posible. Cinco años porque es un término regular que permite cambio total de una nueva administración, cambio de gobierno, o nuevos miembros de las juntas directivas. Es como el tiempo mínimo prudente para que haya transparencia’, afirma Martínez.

Pero MEC tiene claro que ese tema lo definiría un juez, ‘Nosotros lo interpretamos así. Si sienten que hay algo que reclamar pueden pagar la fianza (unos $10.2 millones) y vamos a los tribunales, reitera Arias, ‘mi cliente renunció a la directiva’.

EVIDENCIA CLAVE

El problema es que a pesar de que ahí está la fuerza del argumento que deja a MEC libre de cualquier sospecha, por ningún lado se muestra la constancia de que Marvin Castillo renunció a la directiva de la AMP.

En abril pasado, al ser preguntado sobre el particular, el propio Castillo nos refirió, a través de un correo electrónico, a un recorte del diario La Prensa, donde se anunciaba su decisión de renunciar, pero no mostró un documento oficial. Ese recorte tendría fecha de noviembre de 2011.

En la AMP, Valerio Ábrego, de Relaciones Públicas, tampoco pudo precisar al respecto, cuando se realizó un primer acto público para esta concesión. ‘Fue entre noviembre... o diciembre...’, mencionó el funcionario, que tampoco pudo mostrar la carta de renuncia de Castillo, ‘ahora no la tenemos a mano’, explicó.

En los archivos de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional no existe copia de la carta de renuncia o alguna solicitud para ratificar a quien sería el reemplazo de Castillo en la junta directiva de la AMP.

Quizás no haya esos registros en esa instancia, porque tampoco hay referencia en Gaceta Oficial de la aceptación de la renuncia de Castillo por el Consejo de Gabinete o la resolución que designa a quien debería reemplazarlo.

Por último, en la Cámara Marítima, a quien Castillo representaba en la directiva de la AMP, prefirieron no entrar en detalles. ‘Para eso vaya a la AMP’, refirieron también a principios de año.

‘Sé que renunció, porque él me lo dijo’, explica el abogado de Castillo. ‘No tengo razones para dudar de su palabra’.

El apoderado legal de MEC dice que en algún momento cree haber visto esa carta, y que si el asunto llega a los tribunales, entonces ‘se mostrará’.