Europa decidirá salida de Panamá de lista gris el próximo miércoles

El Parlamento Europeo objeta una resolución que sacaría a Panamá de una lista de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Sin embargo, no es el fin del camino para Panamá, sino una revisión que parece tener un trasfondo de política española.

El 10 de junio de 2025, la Comisión Europea pasó una resolución que añadiría varios países a una lista de alto riesgo que han hecho compromisos políticos y tienen un plan de acción junto con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para atender deficiencias identificadas en estos campos, y sacar a otros países, entre ellos a Panamá, del listado.

Específicamente, la regulación añadiría a Venezuela, Algeria, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal a la lista de países de alto riesgo, y sacaría a Panamá, Barbados, Gibraltar, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos.

El miércoles 2 de julio, el Parlamento se pronunció sobre esta regulación, objetándola por distintos puntos y haciendo un llamado a una nueva resolución que tome en cuenta sus preocupaciones. Entre otros puntos, cuestionan que “votar por todos los países en un solo acto conlleva el riesgo de que los países justamente propuestos para ser sacados de la lista no lo sean, y viceversa, si los colegisladores no están de acuerdo con el juicio de la Comisión, incluso cuando este desacuerdo se refiera a un solo país”.

La Estrella de Panamá conoció que el Partido Popular español se ha manifestado oponiéndose a la exclusión de Gibraltar del listado.

La moción del Parlamento instruye que la regulación no puede entrar en vigencia aún y llama a la Comisión Europea a presentar un nuevo acto reconsiderando el procedimiento de revisión respecto a jurisdicciones con riesgos sistémicos que no están en la lista del GAFI y que evite depender solo en las clasificaciones del GAFI, que llama “insuficientes”, pidiendo que se tome en cuenta el rol de la lucha contra el blanqueo de capitales.

Esto podría ser especialmente relevante para Panamá, que fue retirado de la lista del GAFI en octubre de 2023, pero permaneció siendo considerado un país de alto riesgo por la Unión Europea “debido a nuevas deficiencias estratégicas, en particular en lo que respecta a la transparencia de la titularidad real”.

Si Panamá tiene los votos o no para salir de la lista sigue siendo una interrogante, aunque fuentes cercanas al proceso consultadas por La Decana consideran que sí los tiene, destacando el apoyo de países como España, Italia y Grecia.

Esto es cónsono con un informe de junio de 2025 de la Comisión Europea, el cual destaca que “Panamá ha subsanado estas deficiencias” y recomienda retirar a Panamá del listado. “Panamá ha demostrado, en particular, que sus autoridades competentes están respondiendo eficazmente a las solicitudes de cooperación extranjeras para detectar e intercambiar información básica relativa a la titularidad real de las personas jurídicas y los instrumentos jurídicos”, detalló el informe.

Sacar a Panamá de las listas discriminatorias ha sido una prioridad tanto para gobiernos anteriores como el actual. El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha dejado claro que Panamá tomará acciones contra los países que nos mantengan en listas, tales como inhabilitar a las empresas de esos países a participar en actos públicos en Panamá.

“Antes solo firmábamos y aceptábamos lo que nos pedían. Hay que seguir presionando y seguir negociando”, destacó el economista Felipe Argote, quien está de acuerdo con las acciones del mandatario que ha viajado a Europa a conseguir apoyo para la causa panameña, pero considera que el interés de la Unión Europea está realmente en el cobro de impuestos. “Europa no tiene interés en nuestro sistema de renta territorial. Difícilmente nos sacan de la lista, están preocupados porque inversionistas pongan dinero en Panamá sin pagarles impuestos a ellos. Lo que Europa quiere es que desaparezcamos como centro bancario,” señaló.

Para el abogado Carlos Barsallo, es poco lo que puede hacer Panamá en este punto. “Esto son dos etapas, una que se cumplió hace rato, que es la parte técnica, donde ya la Comisión reconoció que se había cumplido, y ya el siguiente aspecto es político. Es un asunto que se maneja a esos niveles y Panamá puede hacer muy poco, no hay nada que Panamá pueda hacer o no para superar las diferencias que tienen entre un organismo y el otro y sus diferentes opiniones. Es un problema en el que hemos quedado en el medio”, comentó. “Mantenemos el statu quo, que significa para efectos prácticos que Panamá está en la lista y eso le envía un mensaje a los sujetos regulados, sobre todo en Europa y en otros países, que tienen que tener más cuidado porque el país está en lista”, lamentó.