Comisión Europea pide excluir a Panamá de ‘lista gris’; decisión pasa al Parlamento

La recomendación de la Comisión Europea de sacar a Panamá de su lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo fue bien recibida por el abogado Carlos Raúl Moreno, del grupo de Acción por Igualdad Financiera Internacional (Gapifi), quien la definió como un progreso “positivo” en los esfuerzos que está haciendo Panamá para dejar de estar presente en listas discriminatorias.

El principal órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE) presentó ayer un acto delegado para retirar a Panamá de la popularmente conocida como “lista gris”, acción que entra en consonancia con la postura que la embajadora de la UE en Panamá, Izabela Matusz, ha mantenido desde el año pasado sobre este tema.

“Panamá ya cumplió con todos los requisitos, tanto del Grupo de Acción Financiera (GAFI) como de la Unión Europea, para salir de esa lista”, expresó a este medio el 18 de julio de 2024, luego de que se concretó la sustracción del país de la lista del GAFI.

Esta semana, el diplomático reconoció que la permanencia del país canalero en la lista de la UE “es un problema que depende exclusivamente de la Unión Europea y ya no de Panamá”.

“Panamá ha cumplido con todos los requisitos, tanto del GAFI como de la UE”, reiteró, a la par de aclarar que la salida de este país de la lista está supeditada a los procesos de las instituciones del viejo continente.

El siguiente paso es que el Consejo Europeo acepte la recomendación y que la presente ante el Parlamento Europeo. El Consejo es la institución que fija las orientaciones y prioridades generales del bloque europeo.

Para Moreno, es probable que este organismo no represente mayor obstáculo para la causa panameña, algo muy distinto a lo que pueda pasar en el Parlamento, organismo que, a juicio del abogado, no es muy diferente a la Asamblea Nacional. “Ese organismo es eminentemente político y predecir lo que va a pasar allí es muy complejo”, reflexionó.

La firma de contabilidad global Ernst & Young comentó que “solo si el acto delegado no es objetado dentro del plazo establecido, o si se confirma su aprobación, la exclusión de Panamá será efectiva y dejará de formar parte de la lista oficial de alto riesgo para la UE. Hasta entonces, Panamá permanece formalmente en dicha lista”. El Parlamento dispone de un período de 30 días (más 30 prorrogables) para aceptar o rechazar la propuesta.

No es la primera vez que la Comisión Europea recomienda sacar a Panamá de la “lista gris”. El 24 de marzo de 2024 ya sucedió lo mismo, pero en aquella ocasión, los 720 eurodiputados convinieron en mantener al país canalero en el listado discriminatorio, argumentando que no era suficiente la salida de la lista del GAFI, ya que el país mantenía “deficiencias estratégicas” que representaban una “amenaza importante” para el sistema financiero de la agrupación de naciones.

“El Parlamento se sacó un as bajo la manga al cuestionar las naves fantasmas de Panamá que violaban las sanciones impuestas a Irán y Rusia, por eso rechazaron la recomendación”, aclaró Moreno, quien destacó que ya se tomaron las acciones necesarias para que esto deje de ser un problema.

El 18 de octubre de 2024, el país emitió el Decreto Ejecutivo 512, que autoriza a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a cancelar de oficio el registro de naves, así como de personas y propietarios internacionales que tengan presencia en listas de sanciones internacionales.

Con esta medida, el 28 de marzo de 2025, el país canceló 107 registros de embarcaciones con bandera panameña que tenían reportes o presencia en listas de advertencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Unión Europea y el Reino Unido. A esto hay que sumarle 18 cancelaciones que se encontraron en proceso.

“Se han cancelado rápido bastante cerca de 200 o 300 naves, lo que le quita peso al argumento que el Parlamento utilizó la vez pasada para rechazar la recomendación”, valoró Moreno.

A pesar de esto, el abogado considera que hay otro problema de fondo, el cual está relacionado con la organización Unidos Contra el Irán Nuclear (UANI, por sus siglas en inglés). Aunque se trata de una organización sin fines de lucro, el jurista alega que tiene mucha importancia, por contar con representantes de las principales potencias occidentales.

El Decreto Ejecutivo 512 faculta a la AMP a cancelar de la marina mercante panameña las naves que están presentes en listas de sanciones internacionales de la OFAC, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la lista de sanciones del Reino Unido y la Unión Europea. El problema es que no toma en consideración la lista de la UANI, decisión que, según el abogado, se debe a que no se trata de un “organismo internacional” como los antes mencionados.

“Esa ONG tiene todo el respaldo político de los países grandes, los cuales nos tienen montada una campaña violenta sobre nuestro abandono de barcos, algo que nosotros no aceptamos”, relató.

Sin embargo, el especialista mantiene un optimismo moderado de que, en esta ocasión, Panamá puede ser retirado de la lista, por el avance en la cancelación de registros de buques señalados internacionalmente.

“Ya Panamá ha hecho lo suficiente, ahora les toca a ellos. Yo reconozco que el argumento del registro de buques era cierto, pero con el nuevo decreto esto ya no tiene sustento. Estamos cancelando activamente muchas naves, pero todavía persiste el problema con la UANI, algo que tenemos que tomar en consideración”, concluyó.

Para el abogado Adolfo Linares, la presencia de Panamá en estos listados no tiene justificación. “Panamá siempre ha cooperado con otros países en materia de combate contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Lo que la Unión Europea debe entender es que la cooperación debe ser recíproca y negociada, no a la fuerza”, analizó.

“Los estándares no debe ser creados de manera unilateral, para perjudicar a otros, porque puede volverse un chantaje”, sentenció, a la par de asegurar que, como país, Panamá no debería verse coaccionado a seguir el modelo europeo, cuya economía “no es ningún ejemplo a seguir”.

Según Linares, estas listas tiene el propósito de “controlar a Panamá, en materia geopolítica”. En ese sentido, el jurista destacó el actuar del presidente José Raúl Mulino sobre tema, el cual ha sido enfático en exigir la retirada del país de estas listas, llegando a amenazar con prohibir a empresas europeas participar en licitaciones de proyectos estatales.

“Estas listas no son técnicas, son políticas, y buscan afectarnos. Se trata de mecanismos que reducen el atractivo de inversión de los países europeos en nuestro país, a la par de obstaculizar los vínculos de empresas panameñas en Europa”, finalizó.