Lucha por el control de tierras en el Barú

PANAMÁ. Políticos, empresarios, productores y extrabajadores de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles, R.L. (Coosemupar) se disputan el título de propiedad de 5,600 hectáreas en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí.

Sin embargo, la decisión final sobre quién se quedará con las tierras dependerá del gobierno.

Los terrenos se dividen en dos grandes grupos. El primero (2,476 hectáreas), fue una promesa gubernamental a los trabajadores de la Coosemupar R.L..

El segundo (3,124 hectáreas restantes) es ocupado por productores, pero podría ser vendido o subastado al mejor postor como parte del plan de reactivación del Barú, antigua zona bananera.

ORIGEN DEL CONFLICTO

Tras la liquidación de la Coosemupar R.L. en 2010 (por 19.5 millones de dólares) se discute si los títulos de propiedad deben ser de tipo colectivo o individual.

Mientras que las autoridades estudian la posibilidad de que las tierras, que son utilizadas por productores, sean vendidas a un consorcio. Sin embargo, los productores han elaborado un plan de inversión para la compra de los terrenos.

Pero el proyecto de cultivar nuevos productos para la exportación ha desatado una verdadera lucha por el control de los terrenos.

Jaime Guerra, extrabajador que apoya la repartición individual de las tierras de la Coosemupar, R.L., aseguró que las ansias de controlar un conjunto de tierras para el cultivo de plátano para el mercado estadounidense llevó a empresarios, extrabajadores y diputados a unir fuerzas, que incluso, han derivado en enfrentamientos.

‘El presidente (Ricardo) Martinelli nos prometió entregarnos a cada extrabajador una hectárea, pero personas ajenas aprovechan sus influencias para confundir a otros compañeros para que les cedan sus tierras’, apuntó.

Aunque la decisión de entregar los terrenos depende de cada productor, Guerra acusó al diputado Osman Gómez, al agroexportador David Ochy, al secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Chiriqui Land Company, Simón Lezcano, de manipular a extrabajadores para que accedan a las ventas de los terrenos por la vía colectiva.

Otros, unos 200 extrabajadores, conformaron la Asociación Agraria de Transformación del Barú (Astbaru), a la que le atribuyen la entrega de bicicletas para que sus socios opten por la colectividad.

INTERVIENE LA ANATI

El 24 de junio 2012, la Autoridad Nacional Administradora de Tierras (ANATI) realizó la declaración de opción de titulación, mediante la cual los extrabajadores podían optar por ceder su parcela de forma individual o cedérsela, irrevocablemente a una empresa o gremio, liberando de toda responsabilidad al Gobierno Nacional y sus dependencias.

Franklin Oduber, administrador general de la ANATI, dijo que se orientó a los extrabajadores sobre las opciones que tienen.

Oduber agregó que ‘a la fecha el 70% de los ex bananeros se ha decidido por la titulación individual.

‘Aún no tenemos los resultados finales, puesto que aún existen personas que no se han presentado para expresar su intención. Aquellos que han optado por la colectividad, han cedido su hectárea a la Astbaru’.

Mientras tanto, el grupo de productores conformado por las precooperativas Rodolfo Aguilar Delgado, Servicios Múltiples, Unión de Productores Agropecuarios y Artesanos, y Lucha Campesina (a los cuales les corresponde 3,124 hectárea) apelan al Ministerio de Desarrollo Agropecuario para que el Gobierno les venda el globo de terreno.

Ada Pinzón, presidenta de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Panamá (APEMEP), que representa a las cooperativas mencionadas, dice que ellos cuentan con los recursos para comprar las tierras. Pero siempre y cuando no se subasten, debido a que no podrían competir con un consorcio.

PROYECTO

El plan de la APEMEP es lograr que se les venda a un precio cónsono para desarrollar diversos cultivos, con cuya comercialización pagarían el valor de los terrenos en un término de 30 años. El proyecto abarca el desarrollo de 2,000 hectáreas de palma aceitera, 500 de plátanos para la exportación (para los mercados de Holanda y Alemania), 300 hectáreas de yuca y 200 hectáreas para otros cultivos como arroz, maíz y frijol.

La preocupación de Pinzón es que el Gobierno decida venderle a un consorcio, tal como anunció, a mediados del 2011, el exministro del MIDA, Emilio José Kieswetter.

Independientemente de lo que suceda con las 5,600 hectáreas de terreno, la olvidada región del Barú sigue esperando un milagro que la saque del letargo.