Sigue el forcejeo por las acciones

PANAMÁ. Varios expresidentes del Colegio Nacional de Abogados le enviaron una carta al presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, el diputado Ricardo Valencia, en la que señalan que el proyecto de ley 568 —por el cual se inmovilizarían las acciones al portador— atenta contra los servicios societarios.

La misiva, firmada por Mercedes Araúz de Grimaldo, Martha López de Martín, José Alberto Álvarez, Rubén Elías Rodríguez, Jorge Hernán Rubio, Dilio Arcia y Simón Tejeira, recoge algunas de la inquietudes, entre ellas que es ‘una falacia la supuesta finalidad de este proyecto de ley’ sobre la intención de conocer al cliente o beneficiario final de las acciones al portador. Esto debido a que se contempla en la Ley 2 del 1 de febrero de 2011.

Destacan que las acciones al portador tienen un fin comercial transnacional válido y lícito, entre otros puntos.

También indican que existe incertidumbre entre las futuras exigencias, según ellos, injustificadas, de la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE) o el Foro Global, que afectará el registro naval de Panamá, al igual que la cartera de servicios de sociedades frente a los competidores del país. Solicitaron cortesía de sala para el debate y explicar las razones por las cuales se oponen al proyecto.

El debate por el polémico proyecto se está agitando a medida que se acerca su discusión en el legislativo.

Algunas firmas de abogados reconocidas han manifestado su apoyo al proyecto, al igual que los miembros de la banca, y desestiman los argumentos que se han presentado en contra, además señalan que de no aprobarse el país podría perder competitividad y ser incluido en las llamadas listas negras.

Igualmente ha sido punto de discusión el tema de que si se trata de una imposición y si no se juega con las mismas reglas para todos los países miembros de la OCDE o que forman parte del Foro Global.

Hace algunas semanas el embajador de los Estados Unidos en Panamá, Jonathan Farrar, envió una carta a este diario negando que en su país se permitan las acciones al portador o sociedades en las cuales no se conoce el beneficiario final o los verdaderos dueños. Ante el documento, los expresidentes del Colegio de Abogados antes mencionados contestaron al embajador Farrar que esto no era del todo cierto, que en estados como Delawere o Nevada no se les exige a los abogados que prestan los servicios de abrir sociedades hacer la debida diligencia de conocer al cliente o identificar a los verdaderos dueños.

Entre las argumentos utilizados está el informe Compny Formations. Minimal Ownership Informations is Collected and Aviable elaborado rpo el US Accountability Office de abril de 2006, el cual fue preparado para el Senado de los Estados Unidos y que dio lugar a que el senador por Michigan Carl Levin presentara un proyecto de ley para que se conociera al cliente, pero el mismo no prosperó y ha sido rechazado en cuatro ocasiones.

Esta misma semana iniciaría el primer debate de este proyecto y desde ya se vislumbra bastante agitado.