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30 de Nov de 2020

Economía

El juez ejecutor del BDA analiza unos 1,400 expedientes

La nueva administración busca deslindar responsabilidades por bienes que no fueron a subasta y otros que fueron mal asignados

Cuando Ricardo A. Solís, tomó las riendas de la gerencia general del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) se propuso a mejorar la imagen de la institución creada en 1973, sanear las cuentas pendientes y bajar la morosidad que mantienen algunos de sus clientes.

Para lograrlo, Solís aseguró a La Estrella de Panamá que actualmente se está levantando un inventario en el Departamento del Juez Ejecutor, donde se analizaran aproximadamente 1,400 expedientes pendientes de ejecución, los que después pasan a subastas.

‘El BDA no contaba con jueces ejecutores en todas las provincias, y eso nos restaba competitividad. Ahora lo que hemos hecho es reasignar a algunos de los abogados del banco para que ejerzan sus funciones a lo largo y ancho del país’, indicó el alto funcionario.

Algunos de los expedientes datan de casos de hace 34 años, 1980 para ser exactos; sin embargo, ‘no se trata de ejecutar por ejecutar, pero ya hemos avanzado en el tema’, afirmó Solís.

‘Hay que determinar qué sucedió. Hay ejecuciones que no se llevaron a subasta y otras que fueron asignadas de manera inadecuada, eso también se va analizar, la idea es sanear los casos pendientes que se mantienen a la fecha, averiguar que no se dieran irregularidades y deslindar responsabilidades’, acotó.

A lo antes descrito, el gerente general del BDA agregó que ‘todas estás acciones nos llevará a tomar cada caso y hablar con los clientes y analizar con ellos las razones de la mora que llevaron a la ejecución de un bien en particular.

AVALÚOS

El avalúo de las propiedades y bienes que datan de hace más de 34 años asciende a cerca de 15 millones de dólares.

Producto de las ejecuciones, el BDA cuenta con aproximadamente 30 mil hectáreas de terreno que debe traspasarle a otras entidades del Gobierno como al Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y Ministerio de Educación; no obstante, primero deben deslindar responsabilidades, ya que algunas tierras están invadidas por precaristas, además de ocho fincas.