Los "lobos" de las finanzas públicas

En los últimos años hemos visto la diversidad de tácticas financieras usadas por los gobiernos para incrementar el gasto público y, a la vez, cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal y Social.

Durante la última década hemos observado constantes cambios al tope fiscal establecido en la Ley, que permitieron a los gobiernos ampliar el gasto y la deuda pública en varios miles de millones de dólares.

También hemos observado cómo se separaron del Sector Público No Financiero (SPNF) entidades como el Aeropuerto de Tocumen, las Autopistas y la Empresas de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), lo que permitió a estas instituciones, ahora sociedades anónimas, y de cuyas acciones el Estado es dueño del 100%, endeudarse en aproximadamente $2,000 millones.

En esta misma línea, ya hay quienes promueven separar del SPNF al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y a la Cadena de Frío, a pesar de la evidente insostenibilidad financiera de estas entidades.

Los proyectos llave en mano son otro de los instrumentos que han permitido a los gobiernos apartarse de lo que establece la Ley Fiscal. En el caso de la administración del expresidente Ricardo Martinelli, los proyectos llave en mano superaron los $4,000 millones.

El gobierno de Juan Carlos Varela también ha anunciado que utilizará este mecanismo para financiar la Línea 2 del Metro. Según el pliego de la licitación, la planificación de este megaproyecto involucra pagos posteriores a la culminación de la actual administración gubernamental.

Otro mecanismo para cumplir con el déficit fiscal es retardar el pago de las cuentas por pagar del sector público. Las cuentas por pagar pasaron de $431 millones en el año 2011, a $488.4 millones en 2012, la suma de $576.2 millones en 2013 y un total de $709.5 millones en 2014, un incremento significativo desde cualquier punto de vista.

En el caso específico del déficit fiscal, que se calcula en el Balance del SPNF, se mide en función del flujo de efectivo. Es decir, es simplemente lo que entra y sale en efectivo de las arcas públicas. Y así lo define la Ley, cuando señala que ‘el balance del Sector Público No Financiero es el resultado del déficit o el superávit del flujo de efectivo del SPNF durante un periodo’.

Además de los mecanismos antes mencionados, el gobierno anterior, liderado por Ricardo Martinelli, sumó otras estrategias que le permitieron mantener una política expansionista del gasto, como el hecho de aprobar créditos extraordinarios por más de $600 millones sin contar con los ingresos correspondientes.

Las consecuencias sobre las finanzas públicas de Panamá son conocidas. Los compromisos financieros del Estado panameño aumentaron más en cinco años que en los anteriores 106 años de vida repúblicana.

Lo anterior nos lleva a concluir que los gobiernos siempre encuentran mecanismos para expandir el gasto y a la vez cumplir con el déficit que establece la Ley.

Si bien es cierto que todavía la situación de las finanzas públicas de Panamá es sostenible, hay que considerar que la misma fue impactada por una fuerte política expansionista del gasto de parte de la administración Martinelli. Prudencia es la clave.

ECONOMISTA